El sistema financiero será
el que más rápidamente notará los efectos de una declaración unilateral de
independencia, porque el dinero es cobarde, muy cobarde, y huye de los lugares
en los que intuye que pueda tener problemas. ¿Cuántos miles de millones de
euros han pasado de cuentas situadas en oficinas de Cataluña a otras situadas
en el resto de España, en la misma entidad o en otra diferente? Y esto no ha
hecho más que empezar cuando todavía no se han realizado las elecciones al
Parlamento autonómico catalán.
La salida de depósitos de
Cataluña será mucho mayor si de las elecciones sale un parlamento con mayoría
de escaños independentistas y también podría empezar el éxodo hacia otros
países si la situación en España se complicara más adelante.
Mucho antes, sin embargo,
los bancos con sede social en Cataluña y una parte relevante de su negocio en
el resto de España deberán definir su postura, con la dificultad que supone el
saber que, sea cual sea ésta, tendrá un coste elevado en términos de pérdida de
negocio.
El gobierno de Cataluña
deberá velar para evitar la quiebra de las entidades financieras catalanas y,
por otra parte, es muy probable que cree una entidad pública para atender las
necesidades de financiación de las familias, autónomos y pequeñas empresas, y
el gobierno de España deberá esforzarse para evitar una nueva crisis en algunas
entidades.
Si la secesión unilateral de
hecho fuera una realidad, cada una de las entidades financieras que sigan operando
en los dos lados tendrán que tener una ficha bancaria en cada país y seguir las
reglas del mismo.
Los siguientes problemas
son evidentes:
- Los depósitos en la República de Catalunya dejarían de tener el
paraguas del Fondo de Garantía español, y el nuevo gobierno catalán tendría que
instituir un nuevo fondo para evitar la enorme pérdida de depósitos que
supondría no tener ninguno, para lo que tendría que hacer frente al enorme reto
de hacerlo de forma inmediata, lo que le impediría recurrir a que sean las
propias entidades financieras las que le doten con el capital suficiente en una
primera etapa.
- Las entidades financieras del nuevo país tendrían serias dificultades
para obtener financiación internacional, ya que no podrían acudir ni al BCE ni
al FMI, por lo que sus posibilidades de financiación se reducirían a lo que
pudieran obtener en el mercado interior, en dura competencia con la deuda
pública catalana que intentaría captar muchos recursos para hacer frente a sus
obligaciones.
- Las entidades financieras de España tendrían que hacer frente,
previsiblemente, a un encarecimiento de su financiación por el más que probable
aumento de la prima de riesgo y la competencia con la deuda pública española ante
el más que probable aumento del déficit publico derivado de la secesión.
- La financiación para las empresas y familias se reduciría en
ambos lados y también sería más cara, lo que supondrá un lastre añadido para el
crecimiento económico.
- La posibilidad de un corralito en Cataluña crecería y también
lo haría, aunque en menor medida, en España, porque digan lo que digan los
políticos para evitar que la gente se asuste, lo cierto es que la experiencia
de Grecia ha demostrado que un corralito en un país de la Eurozona es posible
si los depósitos huyen de ese país en cantidad suficiente.
El resultado inevitable de una secesión de ese tipo sería que, durante una buena temporada, el sector financiero sería un lastre más que impediría el deseable desarrollo de la economía en ambos lados.
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