Probablemente los efectos
sobre las pensiones actuales y futuras serán los que más perjudiquen de forma
directa y tangible a los ciudadanos de las dos partes, especialmente a los que
tengan actualmente más de 50 años. A la vez, la complejidad de las soluciones que
se puedan adoptar por parte de los gobiernos es también enorme, porque los de
las dos partes necesariamente legislarán al respecto para adaptarse a la nueva
situación.
Respecto a las pensiones
actualmente reconocidas, no es fácil imaginar una situación distinta de la
continuidad de los pagos de la Seguridad Social española a todos los
pensionistas, al menos a los que tienen una prestación contributiva, tanto si
después de la independencia residen en
Cataluña como si lo hacen en cualquier
otro territorio y al margen de la nacionalidad que tengan en cada momento.
En esta hipótesis, la
carga para la caja única de la seguridad social española sería tremenda ya que,
por el concepto de pensiones seguiría pagando casi lo mismo en un primer
momento, pero habría perdido los ingresos por las cotizaciones de los
trabajadores catalanes a partir de la independencia.
Además, se irían añadiendo
las pensiones contributivas de los nuevos pensionistas que residiendo en
Cataluña fueran llegando a la edad de jubilación. Sólo se irían descolgando
aquellos que o sólo tuvieran derecho a prestaciones no contributivas o dejaran
de cumplir las condiciones para acceder a la pensión contributiva, en concreto
por no haber cotizado al menos durante dos de los últimos cinco años previos a
la jubilación, motivo por el que esta causa apenas tendría efectos durante los
tres primeros años.
Por descontado, sea cual
fuere el gobierno que haya en España, estará obligado a reformar de forma muy
relevante el sistema de pensiones, ya que el déficit sería insostenible, en
España, al cabo de unos pocos meses.
Las reformas más probables serían en
primer lugar la del IRPF, que probablemente aumentaría el tipo impositivo a las
rentas de trabajo de los no residentes derivadas de pensiones (actualmente el
8% hasta 12000 euros anuales, el 30% entre 12000 y 18700 euros y 40% de la
cantidad que supere los 18700 euros) y pondría una retención en la fuente que
cubriera totalmente el nuevo impuesto. Esto afectaría a los pensionistas de la
SS española no residentes en España, tanto si su nacionalidad fuera la catalana
como si fuera la española o cualquier otra.
En una situación así, es
de esperar que el gobierno catalán legisle para compensar a los pensionistas
catalanes por la reducción neta de sus pensiones, cosa que podría hacer sin
demasiados problemas durante los primeros años, teniendo en cuenta que la
presión de las pensiones que tuviera que pagar sería al principio muy reducida
en relación con las cotizaciones que reciba.
La recuperación vía IRPF de
una parte de las pensiones pagadas a los residentes en Cataluña difícilmente
cubrirá la totalidad del déficit generado por la secesión, ni siquiera una
parte mayoritaria del mismo, ya que no sería lógico poner un tipo marginal superior
al máximo del IRPF para residentes, motivo por el que sólo cabría que los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) se hicieran cargo del déficit efectivo que resultara,
con el consiguiente aumento impositivo para el conjunto de la población o,
alternativamente que se redujeran las pensiones o una mezcla de ambas cosas que
sería probablemente la opción elegida.
Socialmente es más que
probable que se indujera a una mayor elección de la nacionalidad catalana por
parte de los pensionistas allí residentes, mediante el incentivo de evitar la
merma de su pensión neta y, simultáneamente y por el mismo motivo, el retorno a
España de la mayoría de los pensionistas que desearan mantener la nacionalidad
española y la ciudadanía europea, con la consiguiente fractura social por la
separación geográfica de muchos pensionistas respecto a sus descendientes.
A medida que fueran
pasando los años, cada vez sería menor el número de residentes en Cataluña que
tuvieran derecho a la pensión contributiva española y los gobiernos catalanes
deberían legislar para asegurar a los trabajadores residentes en Cataluña con
una larga carrera de cotizaciones antes de la independencia, pero insuficiente
a partir de ésta, que su pensión al llegar a la edad de jubilación fuera una
pensión razonable para el conjunto de su cotización.
Las reformas en los
sistemas de pensiones de ambos países serían inevitables y muy profundas y, con
gran probabilidad, serían aprovechadas para un recorte adicional del conjunto
de las pensiones que permitiera mantener el sistema de cada país equilibrado durante
las próximas décadas.
En resumen, la secesión
afectaría de forma directa reduciendo la pensión neta (esto es después del
IRPF) a la mayoría de los pensionistas actuales, residan donde residan, y también
de los pensionistas futuros durante varias décadas, a la vez que podría inducir
movimientos migratorios no deseados de pensionistas residentes en Cataluña
hacia otros lugares de España.
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