En los últimos meses el gobierno se ha apuntado
al mensaje de que la economía española está mejorando y la oposición
contraataca diciendo que estamos muy mal.
Los datos que van saliendo indican que gobierno y
oposición dicen cosas que reflejan la realidad, pero ocultan otras que no les
interesan. Dicen medias verdades con el único objeto de conseguir votos en las
próximas elecciones, pero está por ver lo que decidirá el electorado en las
próximas elecciones del 2015 (autonómicas y municipales en mayo y generales
previsiblemente a finales de año)
Para hacerse una idea objetiva de cual es la
situación real de la sociedad española es necesario incluir un buen puñado de
indicadores y para juzgar su evolución hay que analizar como están variando
esos mismos indicadores.
Los indicadores macroeconómicos indispensables
para el análisis son los que tradicionalmente han supuesto un freno para el
desarrollo de la economía, a los que hay que añadir alguno que se ha
incorporado en esta crisis. En concreto creo que son los siguientes: PIB,
inflación, balanza de pagos, déficit de las administraciones, deuda pública y
deuda con el exterior (pública y privada).
Hay además una serie de indicadores sociales que
son consecuencia de la situación económica, pero no por ello menos importantes
sino al contrario mucho más importantes, porque reflejan el grado de bienestar
o de malestar de importantes capas de la población y por lo tanto fundamentales
para hacerse una idea de como evoluciona la sociedad en lo que se refiere al
grado de bienestar (o de malestar). Sin pretender ordenarlos por orden de
importancia, algunos de estos indicadores son el desempleo, el número de
familias sin ingresos recurrentes, el número de desahucios de la vivienda
habitual y el deterioro de la atención sanitaria pública.
Finalmente hay un grupo de problemas que
constituyen auténticas bombas de relojería (la posibilidad, o no, de pagar las
pensiones a medio y largo plazo sin que sea necesario reducirlas y la atención
a las personas con evidente riesgo de exclusión social) o problemas ya endémicos
de nuestra sociedad (la corrupción y la mala gestión del dinero público, incluso
donde no hay corrupción, la injusticia e ineficacia del sistema fiscal, los
excesivos privilegios y la relativa impunidad de la clase política y la
incapacidad de la clase política de acordar un sistema de enseñanza pública
estable y de calidad)
Como son muchos indicadores, y además casi todos
ellos muy complejos, en esta primera entrega haré un diagnóstico rápido de cada
uno de ellos y en sucesivas notas los iré desarrollando uno a uno.
INDICADORES
ECONÓMICOS
PIB.-
Hay pocas dudas de que la caída del PIB ha tocado fondo y que podríamos haber
iniciado una etapa de crecimiento que, aunque todavía es muy bajo, podría ser
sostenido en un futuro próximo. Lo cual no significa que la insuficiencia del
PIB haya terminado, porque nos falta mucho para llegar a un nivel de producto
que sea equivalente al de antes de la crisis incluso si a este se le quita la
parte de haber vivido por encima de nuestras posibilidades.
Inflación.-
Esta magnitud, que fue el punto débil más persistente de nuestra economía
mientras los gobiernos tuvieron la posibilidad de devaluar la moneda, está
ahora contenida, lo cual es una excelente noticia (excepto para los políticos
que desearían que fuera mayor para tener menos problemas para aumentar la
recaudación fiscal sin que la gente se de cuenta) En mi opinión, el nivel de
precios no constituye en la actualidad ningún problema (al contrario su
evolución es muy buena) y seguirá siendo así siempre que su variación anual se
encuentre entre un crecimiento que no supere el 2% y una caída que no supere el
mismo valor del 2% y, por fortuna, llevamos varios años en esta situación.
Balanza de
pagos.- La balanza de pagos es otro de los indicadores que tradicionalmente
suponía un freno al crecimiento de la actividad. Desde que estamos en el euro,
los gobiernos no pueden recurrir a las devaluaciones y los ajustes de la misma se
tienen que realizar por la vía de los costes de producción (que en no pocas
ocasiones se limitan a los costes salariales) En el momento en que el PIB ha
empezado a crecer algo, la balanza comercial se ha vuelto a deteriorar, lo que
supone que la compensación del déficit se tiene que realizar con el turismo
(aumento de turistas que vienen y descenso del turismo español hacia terceros
países) o con la balanza de capitales, que incluye tanto las inversiones en
España de entidades terceros países como
la variación de la deuda exterior total.
Déficit de
las administraciones.- Es uno de los problemas que han aparecido con mayor
virulencia en esta crisis y que ha tenido una peor gestión por parte de la
clase política, ya que lo están reduciendo en el menor grado posible y, además,
de la peor manera posible ya que han acudido al recorte de las prestaciones
sociales, con mayor incidencia en las personas más necesitadas, y a la
reducción generalizada de los salarios de los trabajadores públicos (pero no de
los políticos) en lugar de haber mejorado la gestión evitando los despilfarros
y el pago de precios excesivos por las compras públicas, mejorando los procesos
de prestación de los servicios y eliminando de raiz todos los privilegios de la
clase política.
Deuda pública.- La deuda pública sigue aumentando, en valor
absoluto y en relación con el PIB, de forma inevitable, ya que esto ocurre
siempre que hay un déficit público superior a la tasa de crecimiento del PIB en
precios corrientes. Los sucesivos gobiernos se han afanado (y hasta ahora lo
han conseguido) en obtener de la Unión Europea la prolongación de los plazos
para cumplir el requisito pactado para este indicador (aumento de la deuda
pública en valor absoluto que no supere ningún año el 3%) con lo que consiguen
disponer a corto plazo de más dinero público a cambio de aumentar la losa que
se deja para los años siguientes.
Deuda con
el exterior (pública y privada).- Este indicador, que empezó a ser un
problema para España a partir del año 2000, está en la actualidad en un valor
muy similar al que tenía cuando en 2007 empezó la crisis actual. El problema es
que su magnitud, del orden del 150% del PIB, es excesiva y podría constituir un
grave problema, como ya ocurrió en 2011, 2012 y parte de 2013, si los tipos de
interés no son tan bajos como los actuales. Pocos gobiernos estarán dispuestos
a actuar para que se vaya reduciendo progresivamente, porque si lo hicieran
dispondrían de menos dinero para el gasto público y para ellos no compensa
tener una situación mejor en el futuro a costa de empeorar sus expectativas de
voto a corto plazo aunque el saldo neto sea claramente favorable en la opción
de reducir su montante hasta, al menos, el importe que se pueda soportar en un
entorno de tipos de interés más elevados que los actuales.
INDICADORES
SOCIALES LIGADOS A LA CRISIS ECONÓMICA
Desempleo.- El desempleo es, en mi opinión, la peor de las
consecuencias de la crisis política, social y económica que padecemos.
Las cifras oficiales de desempleo
según la EPA, el indicador más fiable aunque como todos de unas cifras
difícilmente creíbles, son de más de cinco millones y medio de desempleados en
junio, cifra pavorosa aún en el caso de que quitemos los dos millones que había
en la situación de máximo empleo de 2007, época en la que a los empresarios les
resultaba realmente difícil encontrar trabajadores con un mínimo de
cualificación.
Es cierto que la última EPA da un
aumento de algo más de cuatrocientos mil empleados más que un trimestre antes
(lo que se traduce en una reducción de algo más de trescientos mil parados, ya
que la población activa ha aumentado, lo cual es una buena noticia, pero no es
menos cierto que la cifra de desempleados sigue siendo tan elevada que harán
falta varios años para que deje de sonrojarnos cada vez que salga un nuevo dato
aunque sigan siendo datos repetidamente a la baja.
No hay modo de que un gobierno
reduzca el paro drásticamente y de forma estable, pero no es menos cierto que
el conjunto de su política económica y social influye de forme muy relevante en
el, aunque con un cierto retraso, por lo que a medio plazo, los gobiernos sí
que son responsables de como evolucione el paro.
Número de
familias sin ingresos recurrentes.- Inevitablemente ligado al
desempleo, éste indicador nos da una imagen de lo peor de la crisis entre los
que lo están pasando muy mal. Cuesta trabajo entender como los gobiernos de
todos los ámbitos se ponen de perfil ante este problema (seguramente con la
excepción de algunos ayuntamientos) Lo mínimo que se les podría pedir a los
gobernantes es que renunciaran a todos los gastos evitables a costa del erario
público en favor, específicamente, de estas personas.
Seguro que si dejaran de ir en
coches oficiales y en taxis para ir en transporte público (pagado de su
bolsillo cuando se trate de ir de su domicilio al trabajo y viceversa) de comer
a costa del dinero público y cuando sea
imprescindible hacerlo necesariamente tomando un menú del día de precio medio y
limitando los viajes a los estrictamente necesarios, con la duración mínima y
sin ningún tipo de lujo, con el dinero ahorrado se podría mitigar la situación
de algunos cientos de miles de estas familias. ¿Demasiado sacrificio?
seguramente sí para la mayoría de ellos.
Además, deberían poner en marcha los
mecanismos necesarios para que se atienda al resto de las familias que están en
esta situación.
Número de
desahucios de la vivienda habitual.- Este indicador va ligado en la
mayoría de los casos a los dos anteriores y requiere una doble actuación: la
modificación de la Ley Hipotecaria al menos para cumplir las exigencias de la
UE al respecto para dar todas las garantías a los deudores y la puesta en
marcha de actuaciones públicas que eviten el desahucio en todos aquellos casos
en que los afectados no puedan abordar la totalidad de los pagos adeudados.
Deterioro de
la atención sanitaria pública.- Estamos padeciendo una política
lenta pero implacable de la reducción de las prestaciones sanitarias a las
personas que acuden a la sanidad pública. El objetivo es, evidentemente, el
desplazamiento hacia la sanidad privada con una evidente reducción de la
calidad de la asistencia pública y un aumento, no tan evidente pero igualmente
cierto, de los costes de la misma.
Las listas de espera aumentan, la
limitación de las pruebas diagnósticas con el único objeto de reducir los
costes (aunque sea a costa de reducir la información de la que disponen los
médicos para diagnosticar correctamente) cada día son más intensas y patentes,
y las presiones para ir a centros privados a hacerse las pruebas diagnosticas a
cargo de la sanidad pública cada vez son más intensas.
BOMBAS
DE RELOJERÍA Y OTROS PROBLEMAS ENDÉMICOS
Pago de
pensiones a medio y largo plazo.- Ya se publicó en su día el estudio hecho
sobre la viabilidad de las pensiones a medio y largo plazo que sirvió para
realizar la última reforma que introdujo modificaciones en la edad de
jubilación y en la cuantía de la pensión a recibir por aquellos que se jubilen
en el futuro.
La reforma se quedó a medio camino de lo
necesario para establecer un sistema sostenible que dure algunas décadas porque
los políticos estimaron que con los parches incluidos el sistema seguirá
pudiendo pagar las pensiones durante algunos años más. Tienen además la
esperanza de que con la recuperación económica y el correspondiente aumento de
cotizantes, la viabilidad se prolongue al menos un par de legislaturas más y,
como es sabido, ningún partido político con aspiraciones de poder hará nada que
le suponga una pérdida relevante de votos de los jubilados o de las personas en
edad relativamente próxima a la de jubilación.
Lo que no tuvieron en cuenta, es que aunque
aumente el número de cotizantes (cosa que ocurrirá a poco que crezca el PIB)
las bases de cotización bajarán, porque están bajando los salarios medios de forma
relevante (los sueldos cobrados por las personas que dejan de trabajar por
cualquier causa son bastante superiores a los de las personas que los
sustituyen que, por otra parte como media cobran bastante menos dl sueldo
medio) y por ese motivo es alarmante la noticia de que el gobierno ha tenido
que recurrir a la "hucha de las pensiones" no sólo para pagar a los
pensionistas la extra de junio (algo que ya venía ocurriendo) sino que en julio
también tendrá que recurrir a ella, aunque en una cantidad lógicamente muy
inferior.
Como la tendencia será de forma machacona el
aumento de los pagos de pensiones superior en valor absoluto al aumento de las
cotizaciones sociales dedicadas a su pago, no hay que descartar que en la
próxima legislatura sea necesaria una nueva vuelta de tuerca al sistema de
pensiones (más aumentos de la edad de jubilación y nueva reducción de la
cuantía de las nuevas pensiones)
Corrupción.-
No es un problema nuevo en la sociedad española, pero tampoco se ve que
haya avances serios para reducirla de forma drástica. Todos los partidos
políticos y sindicatos que han tenido un poder relevante se han visto
salpicados por múltiples escándalos de corrupción, aunque previsiblemente los
escándalos sólo afecten a una cantidad mínima de la corrupción que realmente ha
existido y existe.
En consecuencia, todos ellos juegan al "y tú
más" que sirve para minimizar la importancia de los casos propios y
aunque, por fortuna, ya parece que la sociedad se ha hartado de la
justificación de falta de responsabilidad cuando el dinero obtenido iba, al
menos en parte, a manos del partido o sindicato y no totalmente al bolsillo de
los autores directos, todavía falta mucho para que renuncien a esta fuente de
financiación y decidan expulsar de su seno estas prácticas.
La corrupción es un verdadero cáncer para la
sociedad y su drástica reducción contribuiría a poder volver a prestar los
servicios sociales recortados sin que ello supusiera aumento del déficit
público.
Mala
gestión del dinero público, incluso donde no hay corrupción.- Incluso en
aquellas áreas de las administraciones públicas en las que por distintos
motivos no hay corrupción, la gestión del dinero público deja mucho que desear.
Junto con la reducción drástica de la corrupción,
la optimización real del uso del dinero público produciría una reducción del
gasto público suficiente para poder volver a prestar los servicios públicos
fundamentales recortados.
Falta únicamente la voluntad política de
realizarlo y, por desgracia, no parece fácil que los partidos con poder estén
por la labor
Injusticia
e ineficacia del sistema fiscal.- El sistema fiscal que tenemos, aunque
sigue las pautas exigidas por la UE y en consecuencia es en teoría un sistema
fiscal moderno, se caracteriza por su falta de equidad y por su ineficacia.
No es equitativo porque no distribuye la carga
fiscal de acuerdo con la capacidad de cada contribuyente, sino de acuerdo con
la sencillez de poder cobrarle. Por otra parte es obvio que el sistema está
pensado para que la carga fiscal recaiga, en muchísima mayor proporción sobre
las clases medias asalariadas (incluida la media baja)
Es ineficaz porque la acción revisora no se
centra fundamentalmente en los segmentos que hacen más fácil el fraude, sino en
los que la administración tributaria tiene más fácil la información de
contraste, motivo por el que la recaudación de los distintos impuestos tiene
importantes lagunas de fraude.
Privilegios
y relativa impunidad de la clase política.- En los últimos años, la clase
política está sujeta a una crítica creciente respecto a sus privilegios y a su
impunidad, que al margen de unas pocas excepciones, es casi total. Buena
muestra de ello es la declaración realizada por el que fue durante tantos años
Presidente de la Generalidad de Cataluña, que constituye una pieza magistral de
la tranquilidad con la que puede dejar a sus hijos con la propiedad legal de
unos fondos muy cuantiosos que, sólo en una pequeña parte podrían provenir de
la parte de la herencia de su padre no declarada en su día, sin que tengan que
asumir ninguna responsabilidad más allá del pago que hayan realizado a Hacienda
por la regularización, que supone un tipo impositivo muy inferior al que paga
por IRPF cualquier asalariado que gane 25000 euros brutos anuales.
Tampoco parece fácil que los políticos, que al
fin y al cabo son los que deciden cuales son sus privilegios, se presten a una
eliminación de todo aquello que no tiene cualquier trabajador.
Sistema de
enseñanza pública.- Otra carencia crónica de nuestro país es la
disponibilidad de un sistema de enseñanza pública estable y de calidad. Los
políticos españoles han demostrado desde el inicio de la democracia que son
totalmente incapaces de consensuar un sistema educativo de calidad y estable,
por lo que habría que concluir que no son conscientes de la importancia de la
enseñanza en el grado de bienestar de la sociedad en el futuro.
No hay nada que indique que esto vaya a cambiar
en los próximos años, por lo que volveremos a tener una nueva ley de educación
cada vez que cambie el partido político encargado de formar gobierno, nueva ley
que no servirá para mejorar la calidad de la enseñanza.
CONCLUSIONES
La conclusión del análisis somero de todos estos
indicadores no es nada optimista, desde el punto de vista económico es bastante
probable que haya empezado una etapa de crecimiento que tardará demasiados años
en reducir las cifras de paro a unos valores soportables, que consolidará una
reducción de salarios más que notable y que supondrá un marco laboral
excesivamente precario para la inmensa mayoría de los trabajadores.
Desde el punto de vista social, nos habremos
acostumbrado a una reducción estructural de los servicios fundamentales
prestados por el sector público, sin que ello suponga ninguna reducción en los
impuestos pagados y poco a poco la sociedad tendrá que enfrentarse a la
solución del problema de la inviabilidad del sistema de pensiones públicas.
Tampoco hay mucho lugar para la esperanza de la reducción drástica de la
corrupción o de la mejora sustancial de la calidad del sistema educativo.
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