La vigésimo primera recomendación trata del Seguimiento, Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo.
La Comisión es consciente de que, una vez aprobadas, la realización de sus recomendaciones no es solamente tarea del poder legislativo; sino que también el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales son -dada la materia esencialmente laboral y de seguridad social de las recomendaciones- actores relevantes en la realización de aquéllas. Por ese motivo, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la Comisión considera que es conveniente que, tras su aprobación por la Cámara, el Presidente del Congreso de los Diputados traslade formalmente estas recomendaciones a las organizaciones sindicales y empresariales que actúan como interlocutores sociales.
La Comisión ha constatado que con su Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo no se agotan los trabajos encomendados a la Comisión, puesto que coexiste una tarea cotidiana de seguimiento permanente de cualquier novedad o acontecimiento que, en mayor o menor medida, incida sobre el Pacto.
Habiéndose acreditado durante estos últimos 15 años la continuidad que tiene la función de seguimiento, se estima que es necesario que la Comisión del Pacto de Toledo adquiera naturaleza de Comisión permanente. Este paso podría darse a partir de la próxima legislatura, en los términos que contempla el Reglamento del Congreso de los Diputados, de tal modo que la tarea de seguimiento continuaría siendo desarrollada, hasta que finalice la legislatura presente, en la misma forma que se ha venido haciendo hasta ahora.
La Comisión valora positivamente el seguimiento y evaluación que se ha realizado en las dos ocasiones anteriores sobre la aplicación de las recomendaciones que el Congreso había ido aprobando en 1995 y 2003. Por ello, sigue considerando conveniente que el Congreso de los Diputados proceda, transcurridos al menos cinco años, a una revisión general del grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo, mediante instrumentos parlamentarios específicos para ello.
Resulta un poco chocante que el método elegido para intentar conseguir el mas amplio consenso en la profunda reforma que necesita nuestro sistema de pensiones para que siga siendo sostenible sea el diálogo de Gobierno, sindicatos mayoritarios y patronal, dejando al margen a los partidos políticos. El camino a seguir (Recomendaciones del Pacto de Toledo, diálogo sin presencia de los partidos políticos y posterior tramitación legislativa, que requerirá no solo la mayoría parlamentaria exigible, sino el mas amplio consenso que se pueda conseguir, por lo que cuesta creer que los partidos de la oposición estén dispuestos a una adhesión masiva (pero sin posibilidad de modificaciones relevantes) a lo que se acuerde en el paso anterior o, en caso de que se introduzcan variaciones relevantes, ¿cómo se obtendría el consenso de sindicatos y patronal?
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