La decimoquinta recomendación trata de la solidaridad y la garantía de suficiencia.
La Comisión valora el esfuerzo realizado para incrementar la solidaridad y la garantía de suficiencia, a la vez que considera que esos principios deben seguir reforzándose en la medida de lo posible.
En consecuencia, la Comisión apoya que se mantengan las cuantías mínimas para los distintos tipos de pensión del sistema. Las mejoras que se establezcan para este fin deberán financiarse básicamente con cargo a la imposición general.
La Comisión defiende la revisión del conjunto de las prestaciones del sistema para adaptar aquellas que han podido perder su eficacia protectora (seguro escolar, auxilio por defunción, incapacidad permanente)
Asimismo, considera necesaria una reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, para mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección que permita cubrir las lagunas de cobertura que se detectan en el sistema. Un ejemplo claro sería la creación de una prestación no contributiva de orfandad (hoy inexistente con carácter general) o una más adecuada regulación de las prestaciones familiares.
La Comisión considera que deben reforzarse los instrumentos para hacer efectivos los principios de suficiencia y de solidaridad, incorporando –en función de las posibilidades económicas del país- recursos adicionales para incrementar la cuantía de las pensiones mínimas. Ello deberá hacerse respetando la máxima coordinación posible con el ámbito no contributivo, con el sistema asistencial de las Comunidades Autónomas, y sin poner en cuestión el principio de proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones. En concreto, respecto a los complementos a mínimos, es necesario articular las fórmulas oportunas que determinen que, en ningún caso, la cuantía de tales complementos pueda ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas vigentes en cada momento.
La Comisión cree que el Gobierno debería llevar a cabo los estudios para delimitar los umbrales de pobreza, con arreglo a los criterios fijados por la Unión Europea, para poder reorientar las políticas públicas dirigidas a su erradicación. Dicho informe será elevado a la Comisión del Pacto de Toledo.
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