Sistemas de control de la actividad económica

Si algo ha quedado claro en esta crisis es que, en general aunque con algunas excepciones, los sistemas de control del sistema económico y financiero han fallado estrepitósamente.

Si se está convencido, como yo lo estoy, de que el liberalismo económico, con algunos matices, es la forma de conseguir el mayor grado de bienestar para la sociedad, tanto en términos de bienestar medio como de número de personas beneficiadas de ese bienestar, no se puede desear que el nuevo orden económico suponga una vuelta a la participación generalizada del sector público en la economía.

Los matices al liberalismo a que me he referido, como ya he expresado en anteriores ocasiones, son que el Estado debe establecer un marco legal adecuado, que en el terreno económico debe incluir la protección de los débiles del abuso de los poderosos, y además asegurar de forma directa la prestación de los servicios esenciales (educación, sanidad, infraestructuras y seguridad)

En lo que se refiere a los sistemas de control de la actividad económica, existe ya un entramado numeroso y complejo, que cuenta con entidades públicas y privadas y que, supuesto que el funcionamiento de cada una de ellas hubiera sido correcto, hubiese evitado que la actual crisis estallara con tanta virulencia.

Los más importantes sistemas del entramado existente son:

- Organismos reguladores nacionales, de carácter público entre los que se encuentran, en el caso español, El Banco de España, las comisiones de la Competencia, del Mercado de valores, de la Energía y de las telecomunicaciones, la Agencia de protección de datos y el Consejo de Seguridad Nuclear. Su eficacia y funcionamiento es dispar, aunque creo que es notorio que el Banco de España es el referente a tomar si se quieren mejorar de forma relevante.

- Agencias de calificación, de carácter privado y alcance internacional, han fracasado estrepitosamente y si hoy todavía se usan sus dictámenes es porque no hay otras referencias de que echar mano, pero la máxima calificación de alguna de ellas, o incluso de todas ellas, ha dejado de ser una garantía razonable de recuperación de los créditos.

- Auditores, también de carácter privado aunque los hay de ámbito local, nacional e internacional, ya mostraron sus debilidades hace unos años, siendo el exponente más conocido el caso Enron.

- Analistas, profesionales individuales que normalmente trabajan para los bancos de inversores, han constituido, y seguramente todavía constituyen, la principal fuerza de presión que guía las decisiones a corto plazo de las empresas que cotizan en bolsa y no tienen dueños claros. Su método del consenso lleva a juzgar a las empresas, y por tanto a influir excesivamente en las cotizaciones, por las apariencias, de forma que las expectativas de los analistas se convierten en los objetivos de los gestores de las empresas.

En todos los casos, los fallos de funcionamiento se deben a una o varias de las siguientes causas:
- Falta de independencia.
- Insuficiente profesionalidad
- Conflictos de intereses
- Escasa honradez
- Metodologías opacas y/o variables
-Ausencia o escasa responsabilidad legal, en caso de mal funcionamiento

No es fácil garantizar que en la inmensa mayoría de los casos (la totalidad es la utopía necesaria pero, lógicamente, inalcanzable) brillen por su ausencia los fallos antes descritos, pero ese es el reto al que se enfrenta nuestra sociedad. La mayor dificultad estriba en que a los poderosos no les interesa su desaparición, porque con ella también desaparecerían buena parte de las ventajas con las que cuentan y, en consecuencia, harán todo lo posible para que no promulguen las leyes y reglamentos que permitan mejorar el actual estado de cosas.

¿Estarían dispuestos los partidos políticos, con representación parlamentaria suficiente, a cambiar la reglamentación de las Comisiones antes mencionadas de forma que sus miembros fueran realmente independientes del Gobierno de turno, de los partidos políticos y de las empresas que actúan en sus ámbitos de competencia?

¿Tendremos algún día instancias de acceso universal, sencillo y gratuito en las que los pequeños consumidores podamos denunciar, y obtener respuesta rápida y acorde con lo legalmente establecido, aquellos casos en que las empresas que prestan bienes y servicios abusan de su mayor fortaleza económica?

En unas pocas semanas empezaremos a tener algunas respuestas.