Estas instituciones que, sin duda alguna, han tenido algunos efectos positivos a lo largo de su historia, deben ser reformadas para aumentar su eficacia.
Los mayores problemas de estas instituciones se derivan del inmenso poder que tienen sus funcionarios, lo que hace ha promovido que sean los criterios políticos y burocráticos los que primen en su actividad.
Su función primordial debería ser la ayuda, puntual o sostenida en el tiempo, a aquellos países que requieran un apoyo financiero relevante para desarrollar su actividad económica de forma sostenible y a ritmos de crecimiento que en un plazo razonable les permita salir de la mala situación en que se encuentran.
Por descontado deben ser, como hasta ahora, los gobiernos de los propios países los que soliciten la ayuda pero se debe cambiar el tipo de exigencias que deben cumplir, de forma inmediata o progresiva, para tener acceso a las ayudas.
Las exigencias deberían ser tanto de tipo político como económico:
- Las de tipo político deben ser la democracia, el respeto a los derechos humanos y la existencia de una legislación que incorpore la seguridad jurídica y que dificulte seriamente la corrupción.
- Las de tipo económico deben incluir la apertura a la actividad de empresas de otros países, la existencia de un sistema fiscal moderno y la existencia de procesos administrativos transparentes, no discriminatorios y estables.
En los casos en que las modificaciones legales deban ser muy profundas, se debería pactar un proceso de adaptación con hitos temporales prefijados que diera la flexibilidad necesaria para que el país correspondiente pueda asimilar el cambio pero que, simultáneamente, asegurara progresos relevantes en plazos no muy dilatados.
Debería existir un registro de países elegibles, que se debería revisar anualmente y siempre que en un país se diera una circunstancia de cambio político relevante, que limitara los países a los que se puede prestar ayuda en cada momento. Obviamente la gestión de este registro constituye uno de los puntos más delicados de la propuesta, pero para mí es evidente que la existencia de democracia y seguridad jurídica son las condiciones fundamentales para hacer posible un desarrollo económico y social razonable, por lo que es necesario incentivar desde las instituciones internacionales la introducción de estas características en los países que aún no las tengan.
En los aspectos de erradicación de la corrupción debería lograrse un compromiso rotundo por parte de los países considerados desarrollados que debería incluir no sólo la adopción de medidas para reducir de forma relevante la corrupción existente en ellos mismos, sino que deberían incluir en su sistema penal los mismos criterios y penas para los actos de corrupción cometidos en su territorio y para los actos de corrupción cometidos por sus residentes, personas físicas y personas jurídicas, en países terceros.
Las ayudas económicas deberían darse para proyectos concretos, a tipos preferentes y con dos compromisos que deberían ser controlados exhaustivamente por los organismos que hayan proporcionado los créditos: que los tipos aplicados fueran los que después pagaran las empresas que se beneficiaran de los créditos y que los fondos sean realmente aplicados a los proyectos a los que estaban destinados. Asimismo la ayuda al desarrollo que den los países de forma directa deberían seguir estos mismos criterios de forma que un país que no fuera elegible para este tipo de ayudas si no se encuentra incluido en el registro de países elegibles.
Los mayores problemas de estas instituciones se derivan del inmenso poder que tienen sus funcionarios, lo que hace ha promovido que sean los criterios políticos y burocráticos los que primen en su actividad.
Su función primordial debería ser la ayuda, puntual o sostenida en el tiempo, a aquellos países que requieran un apoyo financiero relevante para desarrollar su actividad económica de forma sostenible y a ritmos de crecimiento que en un plazo razonable les permita salir de la mala situación en que se encuentran.
Por descontado deben ser, como hasta ahora, los gobiernos de los propios países los que soliciten la ayuda pero se debe cambiar el tipo de exigencias que deben cumplir, de forma inmediata o progresiva, para tener acceso a las ayudas.
Las exigencias deberían ser tanto de tipo político como económico:
- Las de tipo político deben ser la democracia, el respeto a los derechos humanos y la existencia de una legislación que incorpore la seguridad jurídica y que dificulte seriamente la corrupción.
- Las de tipo económico deben incluir la apertura a la actividad de empresas de otros países, la existencia de un sistema fiscal moderno y la existencia de procesos administrativos transparentes, no discriminatorios y estables.
En los casos en que las modificaciones legales deban ser muy profundas, se debería pactar un proceso de adaptación con hitos temporales prefijados que diera la flexibilidad necesaria para que el país correspondiente pueda asimilar el cambio pero que, simultáneamente, asegurara progresos relevantes en plazos no muy dilatados.
Debería existir un registro de países elegibles, que se debería revisar anualmente y siempre que en un país se diera una circunstancia de cambio político relevante, que limitara los países a los que se puede prestar ayuda en cada momento. Obviamente la gestión de este registro constituye uno de los puntos más delicados de la propuesta, pero para mí es evidente que la existencia de democracia y seguridad jurídica son las condiciones fundamentales para hacer posible un desarrollo económico y social razonable, por lo que es necesario incentivar desde las instituciones internacionales la introducción de estas características en los países que aún no las tengan.
En los aspectos de erradicación de la corrupción debería lograrse un compromiso rotundo por parte de los países considerados desarrollados que debería incluir no sólo la adopción de medidas para reducir de forma relevante la corrupción existente en ellos mismos, sino que deberían incluir en su sistema penal los mismos criterios y penas para los actos de corrupción cometidos en su territorio y para los actos de corrupción cometidos por sus residentes, personas físicas y personas jurídicas, en países terceros.
Las ayudas económicas deberían darse para proyectos concretos, a tipos preferentes y con dos compromisos que deberían ser controlados exhaustivamente por los organismos que hayan proporcionado los créditos: que los tipos aplicados fueran los que después pagaran las empresas que se beneficiaran de los créditos y que los fondos sean realmente aplicados a los proyectos a los que estaban destinados. Asimismo la ayuda al desarrollo que den los países de forma directa deberían seguir estos mismos criterios de forma que un país que no fuera elegible para este tipo de ayudas si no se encuentra incluido en el registro de países elegibles.
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