El Gobierno ha anunciado simultáneamente dos medidas para mejorar la situación del sistema financiero: la ya comentada de aumentar a 100.000 euros por depositante y entidad financiera la cantidad de cobro garantizado en caso de suspensión de pagos y la creación de un fondo de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000 millones si fuera conveniente, para comprar activos financieros a las entidades que voluntariamente quieran venderlos.
El fondo será totalmente público y los activos a comprar serán, según ha declarado el Gobierno, exclusivamente activos de primera calidad (sin riesgo, dicen ellos sabiendo que ese tipo de activos no existen)
El objeto de esta medida es proporcionar una nueva línea de liquidez al sistema financiero que permita empezar a cebar la bomba del sistema crediticio, ahora seca y con enormes dificultades para volver a tomar el ritmo.
La teoría de esta medida es que las entidades financieras emplearán el dinero ingresado por esta vía para dar créditos a particulares y pequeñas y medianas empresas, con garantías suficientes, por supuesto.
No han explicado algunos puntos débiles de este esquema que aparecen tras un somero análisis de la iniciativa:
- ¿Qué interés tendrán las entidades en vender, a precio de mercado dicen, los mejores créditos de su cartera?
- ¿Podrán explicar a sus accionistas que, además, el dinero así ingresado se empleará en dar créditos con garantías que, en buena lógica, serán inferiores a las de los créditos vendidos (sin riesgo, recordemos, en palabras del Gobierno)?
- ¿Qué garantía habrá de que esos créditos no se den, fundamentalmente, para mejorar la situación de entidades financieras o de empresas grandes, con serios problemas de financiación?
- El Estado tendrá que emitir deuda pública adicional por una cuantía exactamente igual a la empleada en comprar los activos a las entidades financieras. Siendo esto así ¿en que medida esa deuda pública adicional será comprada por inversores extranjeros, única forma de que no se reduzca en la misma cuantía el crédito disponible para el sector privado?
Sin duda las respuestas estarán en el acuerdo a que llegó el Presidente Rodríguez Zapatero con el sistema financiero, cuya letra pequeña nunca conoceremos.
Si que se puede imaginar que probablemente el precio de compra de los activos, a precio de mercado, dejará en manos de la entidad financiera correspondiente una parte relevante del margen implícito en el crédito vendido, lo que explicaría el interés de la entidad financiera en la doble operación.
También cabe pensar que la alternativa a esta operación hubiera sido el encargo al ICO de gestionar para ese tipo de créditos la misma cantidad de dinero aunque, obviamente, el sector bancario prefiere que el ICO no aumente su participación en esa actividad.
El fondo será totalmente público y los activos a comprar serán, según ha declarado el Gobierno, exclusivamente activos de primera calidad (sin riesgo, dicen ellos sabiendo que ese tipo de activos no existen)
El objeto de esta medida es proporcionar una nueva línea de liquidez al sistema financiero que permita empezar a cebar la bomba del sistema crediticio, ahora seca y con enormes dificultades para volver a tomar el ritmo.
La teoría de esta medida es que las entidades financieras emplearán el dinero ingresado por esta vía para dar créditos a particulares y pequeñas y medianas empresas, con garantías suficientes, por supuesto.
No han explicado algunos puntos débiles de este esquema que aparecen tras un somero análisis de la iniciativa:
- ¿Qué interés tendrán las entidades en vender, a precio de mercado dicen, los mejores créditos de su cartera?
- ¿Podrán explicar a sus accionistas que, además, el dinero así ingresado se empleará en dar créditos con garantías que, en buena lógica, serán inferiores a las de los créditos vendidos (sin riesgo, recordemos, en palabras del Gobierno)?
- ¿Qué garantía habrá de que esos créditos no se den, fundamentalmente, para mejorar la situación de entidades financieras o de empresas grandes, con serios problemas de financiación?
- El Estado tendrá que emitir deuda pública adicional por una cuantía exactamente igual a la empleada en comprar los activos a las entidades financieras. Siendo esto así ¿en que medida esa deuda pública adicional será comprada por inversores extranjeros, única forma de que no se reduzca en la misma cuantía el crédito disponible para el sector privado?
Sin duda las respuestas estarán en el acuerdo a que llegó el Presidente Rodríguez Zapatero con el sistema financiero, cuya letra pequeña nunca conoceremos.
Si que se puede imaginar que probablemente el precio de compra de los activos, a precio de mercado, dejará en manos de la entidad financiera correspondiente una parte relevante del margen implícito en el crédito vendido, lo que explicaría el interés de la entidad financiera en la doble operación.
También cabe pensar que la alternativa a esta operación hubiera sido el encargo al ICO de gestionar para ese tipo de créditos la misma cantidad de dinero aunque, obviamente, el sector bancario prefiere que el ICO no aumente su participación en esa actividad.
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