viernes, 24 de octubre de 2008

Sistema público de pensiones

El Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, anunció ayer la buena salud del sistema público de pensiones así como la necesidad de acometer reformas para evitar su agotamiento en el año 2030, año en el que de acuerdo con sus previsiones sería necesario complementar los fondos recaudados mediante las cotizaciones sociales con una partida proveniente de los presupuestos Generales del Estado para que todos los pensionistas pudieran cobrar las pensiones que tengan entonces asignadas.

Si no hubiera algunas sombras, esta noticia sería realmente buena, pero la información proporcionada no incluye las bases concretas en que se sustenta ese cálculo.

Entre la información cualitativa proporcionada se encuentran algunas pistas que me hacen pensar que las cosas no se presentan así de bien, y me malicio que el secretario de estado lo ha dicho para que el día de mañana no le pongan colorado en el Parlamento por haber engañado a la población con sus previsiones.

Apunta el Sr. Granado que la mayor duración de la autosuficiencia del sistema de reparto respecto a los cálculos de 2005, nada menos que 10 años más, se debe a las siguientes causas:
- mayor afiliación a la seguridad social y, además, con edades tempranas de los nuevos afiliados que incluyen a un gran número de mujeres.
- aumento en el número de años cotizados por cada pensionista.
- incremento de la edad de jubilación real
- aumento de las bases de cotización.

No cabe ninguna duda de que todas esas variaciones inciden en la mejora de la viabilidad del sistema de reparto a corto y medio plazo, aunque habría que tener en cuenta que la incorporación masiva de gente joven al sistema ayuda en el corto y medio plazo pero agravará el problema a largo plazo cuando a esos jóvenes de hoy les llegue la edad de jubilación y que los datos introducidos no tienen en cuenta las variaciones derivadas de la crisis que, al menos a corto plazo, supondrán una merma en el Fondo de Reserva respecto a lo previsto en el estudio.

Tampoco se sabe cual es la evolución prevista de la población española, aspecto crucial porque si no se ha tenido en cuenta el progresivo aumento de la vida media, que con casi total seguridad continuará produciéndose durante las próximas décadas, la partida del coste total de las pensiones podría estar muy infravalorada.

La coincidencia en el tiempo de la publicación de estos datos y del anuncio de la próxima reunión del Pacto de Toledo, me hace pensar que en realidad el estudio presentado constituye el escenario que al Gobierno le gustaría presentar como base de trabajo para incluir las modificaciones necesarias que permitan prolongar hasta 2030 la viabilidad del sistema.

Por tanto es de esperar que la propuesta vaya en el sentido de aumentar la edad de jubilación y de promover el aumento de las bases de cotización, por la vía de aumentar el número de años de cotización empleados para el cálculo de la pensión.

Quizás también se atrevan a plantear en las próximas reuniones el inicio de un cambio de modelo que, muy poco a poco, vaya sustituyendo el actual sistema de reparto, inviable a largo plazo, por un sistema de capitalización, así como la modificación de la fiscalidad sobre los planes de pensiones, enormemente desincentivadora en la actualidad.

No es fácil la tarea para los negociadores de la modificación del Pacto de Toledo, pero en que tengan acierto nos va la calidad de vida de toda la población, especialmente la de mayor edad, para las próximas décadas.

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