Crisis económica e infraestructuras

La inversión pública en infraestructuras es uno de los capítulos que más suelen usar los gobiernos para mitigar las etapas bajas del ciclo económico, desde que Keynes elaboró la teoría de que la política económica adecuada para relanzar la producción era ampliar el gasto público para aumentar la demanda total de bienes y servicios.

La experiencia acumulada de muchos gobiernos de distintos países y en distintas situaciones de crisis, ha ido matizando la validez de este tipo de política que no deja de tener algunas consecuencias negativas a un plazo bastante corto. El aumento del gasto público reduce en la misma cuantía la capacidad de financiación que queda para el resto de la economía y también aumenta la deuda pública y los tipos de interés, porque suele conducir a una demanda de recursos financieros superior a la oferta disponible.

En las últimas décadas, este tipo de política ha prescindido de cualquier aumento del gasto público dedicado al consumo para aumentar artificialmente la demanda, pero ha mantenido una cierta tendencia a aumentar la inversión pública, respecto al volumen medio del resto de las etapas del ciclo económico.

Esta política también tiene sus limitaciones y consecuencias negativas , por las mismas razones anteriores, pero tiene un aspecto claramente positivo ya que si, como es lógico, las infraestructuras adicionales están elegidas con un mínimo de sentido común, constituyen un elemento básico para facilitar el desarrollo de la economía en los años siguientes.

En la España actual, y a pesar del importante esfuerzo realizado en las últimas décadas, todavía hay un importante inventario de infraestructuras públicas pendientes, inventario que supera en mucho las posibilidades objetivas de cualquier gobierno durante el periodo bajo de un ciclo económico, por muy largo que éste pueda ser.

La fácil circulación de las personas, los bienes y los servicios, constituyen el primer capítulo a considerar, por lo que el impulso a la construcción de autovías, autopistas y carreteras (sin peajes, por favor) el desarrollo del ferrocarril (de alta velocidad y de cercanías) el metro y el resto de transporte público y la puesta a disposición del servicio de Internet a la mayor parte de la población (incluida la existencia de amplias zonas con servicio wifi universal y gratuito) debería ser uno de los ejes principales de los recursos públicos durante los próximos años.

También hay multitud de proyectos que requieren la inversión pública en las áreas de educación, sanidad, seguridad, infraestructuras urbanas y suministros de agua, electricidad, telecomunicaciones y gas natural que son necesarios para facilitar un desarrollo económico equilibrado y sostenido durante la próxima fase alta del ciclo económico, condiciones necesarias para que esa fase pueda ser tan prolongada, al menos, como la que finalizó el año pasado.

Corresponde al gobierno elegir los proyectos y fijar las prioridades y al equipo del Ministro Solbes establecer los límites económicos de la inversión que es prudente realizar cada uno de los años. De su acierto dependerá, en buena parte, el vigor y la duración de la etapa de crecimiento que seguirá a esta fase en la que, le guste o no le guste al gobierno, coinciden la situación de crisis (en el sentido estricto de la palabra de cambio rápido del volumen de actividad de la economía) y de recesión (en el sentido también estricto de reducción de la actividad económica) que ya está afectando a numerosos sectores y, muy probablemente, al conjunto de la economía.