El sector energético sería, en estos momentos, uno de los más importantes para cualquier gobierno, aún en el caso de que no hubiera crisis económica, porque la sociedad ha tomado conciencia de que es necesario un cambio profundo del modelo energético para asegurar la sostenibilidad del grado de bienestar alcanzado en los países más desarrollados y su extensión a capas cada vez más extensas de la población mundial.
La existencia de la crisis, y el hecho incontestable de que el aumento de los precios de la energía en los mercados internacionales es uno de los elementos principales, aunque no el único, que la han impulsado hace que sea aún más importante la actuación del gobierno en esta materia con el doble objetivo de paliar los efectos negativos sobre la economía a corto plazo y de diseñar y poner en funcionamiento el nuevo modelo energético que, en el caso de España, es una buena ocasión para convertir en oportunidad la actual debilidad de nuestra dependencia energética.
Los criterios a emplear a corto plazo deberían ser la promoción de la eficiencia y del ahorro de energía y la desaparición, cuanto más rápida mejor, de las barreras que todavía existen para la efectiva liberalización así como de las situaciones de posición dominante que permiten la existencia de precios excesivos para los consumidores.
A largo plazo sería necesario hacer un plan energético con un horizonte que llegue al menos hasta el año 2050 en el que se promueva el cambio de modelo energético teniendo también en cuenta el periodo transitorio para que sea asumible para la sociedad. Este aspecto es suficientemente complejo como para dedicarle un escrito específico una vez terminada esta serie sobre la crisis económica.
La promoción del ahorro y de la mayor eficiencia del uso de la energía se debe basar en dos aspectos fundamentales, la aplicación de los costes reales a los precios de todos los consumos y la utilización de las ayudas para las acciones que efectivamente lleven a alternativas energéticamente más eficientes.
Las tarifas (o los precios de los suministros de último recurso, eufemismo inventado para denominar a las tarifas que quedarán después de haberlas eliminado formalmente) deben siempre cumplir los criterios de ser aditivas y de cubrir los costes de cada escalón de actividad, aspectos que ya se cumplen en el caso del gas natural pero que están lejos de ser resueltos en el caso de la electricidad.
La eliminación de los precios de monopolio o de oligopolio, en aquellas actividades en que todavía se dan, tanto si tienen precios libres como si están regulados, es la única vía que los gobiernos central y autonómicos pueden, y deben, usar para reducir los precios a los consumidores finales.
En el caso de actividades con precios libres, la eliminación de las situaciones de posición dominante es la mejor manera de acabar con los sobreprecios y para ello deben usarse simultáneamente dos vías: la separación obligada y total de las actividades que implican la utilización de redes (con lo que ninguna empresa o grupo que tenga una participación directa o indirecta que supere el 1% en una o más actividades reguladas de un sector pueda realizar actividades liberalizadas en el mismo sector) y la limitación progresiva de las cuotas de mercado, de forma que a medio plazo ninguna empresa pueda tener más del 10% del mercado en ninguna de las actividades.
En el caso de las actividades reguladas, la mejor vía es el establecimiento de sistemas retributivos públicos y transparentes y con métodos y plazos de actualización y de revisión conocidos, y que, asimismo, sean públicas y transparentes las retribuciones asignadas a cada instalación de cada empresa en cada periodo retributivo.
En consecuencia, la mayor parte de las acciones deseables en la política energética requieren muy poco gasto público y en las que si lo requieren (las ayudas a la mejora de la eficiencia y el ahorro de energía y las inversiones destinadas a desarrollar y mejorar las infraestructuras de transporte y el transporte público) se pueden modular de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. La aplicación de una política energética adecuada a las necesidades del país es por tanto cuestión de voluntad política y de hacer bien el trabajo regulatorio.
La existencia de la crisis, y el hecho incontestable de que el aumento de los precios de la energía en los mercados internacionales es uno de los elementos principales, aunque no el único, que la han impulsado hace que sea aún más importante la actuación del gobierno en esta materia con el doble objetivo de paliar los efectos negativos sobre la economía a corto plazo y de diseñar y poner en funcionamiento el nuevo modelo energético que, en el caso de España, es una buena ocasión para convertir en oportunidad la actual debilidad de nuestra dependencia energética.
Los criterios a emplear a corto plazo deberían ser la promoción de la eficiencia y del ahorro de energía y la desaparición, cuanto más rápida mejor, de las barreras que todavía existen para la efectiva liberalización así como de las situaciones de posición dominante que permiten la existencia de precios excesivos para los consumidores.
A largo plazo sería necesario hacer un plan energético con un horizonte que llegue al menos hasta el año 2050 en el que se promueva el cambio de modelo energético teniendo también en cuenta el periodo transitorio para que sea asumible para la sociedad. Este aspecto es suficientemente complejo como para dedicarle un escrito específico una vez terminada esta serie sobre la crisis económica.
La promoción del ahorro y de la mayor eficiencia del uso de la energía se debe basar en dos aspectos fundamentales, la aplicación de los costes reales a los precios de todos los consumos y la utilización de las ayudas para las acciones que efectivamente lleven a alternativas energéticamente más eficientes.
Las tarifas (o los precios de los suministros de último recurso, eufemismo inventado para denominar a las tarifas que quedarán después de haberlas eliminado formalmente) deben siempre cumplir los criterios de ser aditivas y de cubrir los costes de cada escalón de actividad, aspectos que ya se cumplen en el caso del gas natural pero que están lejos de ser resueltos en el caso de la electricidad.
La eliminación de los precios de monopolio o de oligopolio, en aquellas actividades en que todavía se dan, tanto si tienen precios libres como si están regulados, es la única vía que los gobiernos central y autonómicos pueden, y deben, usar para reducir los precios a los consumidores finales.
En el caso de actividades con precios libres, la eliminación de las situaciones de posición dominante es la mejor manera de acabar con los sobreprecios y para ello deben usarse simultáneamente dos vías: la separación obligada y total de las actividades que implican la utilización de redes (con lo que ninguna empresa o grupo que tenga una participación directa o indirecta que supere el 1% en una o más actividades reguladas de un sector pueda realizar actividades liberalizadas en el mismo sector) y la limitación progresiva de las cuotas de mercado, de forma que a medio plazo ninguna empresa pueda tener más del 10% del mercado en ninguna de las actividades.
En el caso de las actividades reguladas, la mejor vía es el establecimiento de sistemas retributivos públicos y transparentes y con métodos y plazos de actualización y de revisión conocidos, y que, asimismo, sean públicas y transparentes las retribuciones asignadas a cada instalación de cada empresa en cada periodo retributivo.
En consecuencia, la mayor parte de las acciones deseables en la política energética requieren muy poco gasto público y en las que si lo requieren (las ayudas a la mejora de la eficiencia y el ahorro de energía y las inversiones destinadas a desarrollar y mejorar las infraestructuras de transporte y el transporte público) se pueden modular de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. La aplicación de una política energética adecuada a las necesidades del país es por tanto cuestión de voluntad política y de hacer bien el trabajo regulatorio.
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