La política fiscal en una situación de crisis como la actual es el elemento más complicado de la política económica de cualquier gobierno, ya que tiene que cumplir simultáneamente tres condiciones siempre difíciles de conciliar, pero mucho más en época de vacas flacas.
Los tres elementos a conciliar son el aumento de las necesidades a cubrir por el sector público, la necesidad de evitar que un aumento excesivo de la presión fiscal lleve a un descenso de la actividad y a un aumento de la economía sumergida y la puesta en práctica de las modificaciones fiscales que permitan una salida más rápida de la mala coyuntura económica y que esa salida se realice en las mejores condiciones. Además de las variaciones de los impuestos, la única herramienta que le queda al gobierno es el manejo del equilibrio de las cuentas públicas, modulando, siempre dentro de márgenes no muy amplios, la situación de superávit o déficit.
Hay muchas posturas teóricas sobre la conveniencia, o no, de incurrir en déficit en la fase baja del ciclo económico. Mi opinión es que puede ser positivo incurrir en déficit con dos condiciones: que el resultado de las cuentas en el conjunto del ciclo sea equilibrado o de superávit y que el importe del déficit se emplee exclusivamente en aumentar las inversiones públicas.
Además, durante la fase baja del ciclo económico se debería poner especial cuidado en ajustar los gastos corrientes, eliminando todos los que no sean estrictamente necesarios, y en aumentar la eficiencia de las administraciones.
En cuanto a la política fiscal propiamente dicha, debería continuarse la necesaria mejora del sistema impositivo en el sentido de simplificar los procedimientos, reducir la carga de tiempo exigida a los administrados para cumplir las obligaciones y mejorar el cumplimiento tributario sin aumentar la presión para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones.
Dada la coyuntura política actual, coincidirá en el tiempo la fase baja del ciclo con la necesidad de modificar el modelo de financiación de las comunidades autónomas y, dado el pasado más reciente de las cuentas municipales, cabe esperar un aumento espectacular de las demandas de mayores fondos por parte de los ayuntamientos para poder continuar con el aumento desbocado de sus presupuestos a pesar de la importante caída de sus ingresos derivados de la especulación del suelo y de la actividad inmobiliaria.
Teniendo en cuenta la creciente importancia de la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en el manejo de los dineros del Estado, debería aprovecharse esta coyuntura para dar algunos pasos importantes en la modernización del sistema fiscal.
En primer lugar, hay que desarrollar ampliamente la corresponsabilidad fiscal, en el sentido de dar mayor libertad a comunidades autónomas y ayuntamientos para fijar los tipos de los impuestos que tengan parcial o totalmente cedidos. A este respecto, creo que es realmente importante mantener una normativa única, también en lo que se refiere a los reglamentos, en cuanto a los impuestos y tasas, de forma que se mantenga la unidad del mercado.
En el caso límite, que antes o después será aplicable al IVA, por ejemplo, el impuesto tendría tres tipos acumulativos, uno de la Administración Central, que lógicamente deberá ser único para todo el territorio, otro de la comunidad autónoma y un tercero del ayuntamiento.
Como yo soy partidario de la competencia fiscal entre administraciones, ya que de la misma manera que la competencia entre empresas genera mejoras de eficiencia en la actividad de éstas, que al final redundan en menores precios y/o mayor calidad, la competencia fiscal llevaría a mayor eficiencia en la actividad de las administraciones públicas que redundaría en menores impuestos y/o mayor calidad de los servicios públicos. Una reducción del 30% en el coste de los servicios prestados por las administraciones, en la hipótesis de que éstos no aumentaran ni disminuyeran, sería fácilmente conseguible en el plazo de una legislatura y el incentivo que necesitan las administraciones es que sus ingresos estén sujetos a las decisiones de los administrados de cambiar de administrador si el que tienen no es eficiente, unido a la libertad de fijar el tipo que cobrarán en su parte.
En segundo lugar, esta libertad de fijar los tipos en el ámbito que después afectará a los ingresos, tiene que ir necesariamente unida a una normativa estricta en el medio plazo, aunque más flexible en el corto, sobre el equilibrio de las cuentas públicas de cada administración que, a efectos de este cálculo, debería incluir, sin excepción, cualquier participación de la administración correspondiente en todo tipo de sociedades, públicas o privadas, y de organizaciones sin ánimo de lucro.
Los tres elementos a conciliar son el aumento de las necesidades a cubrir por el sector público, la necesidad de evitar que un aumento excesivo de la presión fiscal lleve a un descenso de la actividad y a un aumento de la economía sumergida y la puesta en práctica de las modificaciones fiscales que permitan una salida más rápida de la mala coyuntura económica y que esa salida se realice en las mejores condiciones. Además de las variaciones de los impuestos, la única herramienta que le queda al gobierno es el manejo del equilibrio de las cuentas públicas, modulando, siempre dentro de márgenes no muy amplios, la situación de superávit o déficit.
Hay muchas posturas teóricas sobre la conveniencia, o no, de incurrir en déficit en la fase baja del ciclo económico. Mi opinión es que puede ser positivo incurrir en déficit con dos condiciones: que el resultado de las cuentas en el conjunto del ciclo sea equilibrado o de superávit y que el importe del déficit se emplee exclusivamente en aumentar las inversiones públicas.
Además, durante la fase baja del ciclo económico se debería poner especial cuidado en ajustar los gastos corrientes, eliminando todos los que no sean estrictamente necesarios, y en aumentar la eficiencia de las administraciones.
En cuanto a la política fiscal propiamente dicha, debería continuarse la necesaria mejora del sistema impositivo en el sentido de simplificar los procedimientos, reducir la carga de tiempo exigida a los administrados para cumplir las obligaciones y mejorar el cumplimiento tributario sin aumentar la presión para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones.
Dada la coyuntura política actual, coincidirá en el tiempo la fase baja del ciclo con la necesidad de modificar el modelo de financiación de las comunidades autónomas y, dado el pasado más reciente de las cuentas municipales, cabe esperar un aumento espectacular de las demandas de mayores fondos por parte de los ayuntamientos para poder continuar con el aumento desbocado de sus presupuestos a pesar de la importante caída de sus ingresos derivados de la especulación del suelo y de la actividad inmobiliaria.
Teniendo en cuenta la creciente importancia de la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en el manejo de los dineros del Estado, debería aprovecharse esta coyuntura para dar algunos pasos importantes en la modernización del sistema fiscal.
En primer lugar, hay que desarrollar ampliamente la corresponsabilidad fiscal, en el sentido de dar mayor libertad a comunidades autónomas y ayuntamientos para fijar los tipos de los impuestos que tengan parcial o totalmente cedidos. A este respecto, creo que es realmente importante mantener una normativa única, también en lo que se refiere a los reglamentos, en cuanto a los impuestos y tasas, de forma que se mantenga la unidad del mercado.
En el caso límite, que antes o después será aplicable al IVA, por ejemplo, el impuesto tendría tres tipos acumulativos, uno de la Administración Central, que lógicamente deberá ser único para todo el territorio, otro de la comunidad autónoma y un tercero del ayuntamiento.
Como yo soy partidario de la competencia fiscal entre administraciones, ya que de la misma manera que la competencia entre empresas genera mejoras de eficiencia en la actividad de éstas, que al final redundan en menores precios y/o mayor calidad, la competencia fiscal llevaría a mayor eficiencia en la actividad de las administraciones públicas que redundaría en menores impuestos y/o mayor calidad de los servicios públicos. Una reducción del 30% en el coste de los servicios prestados por las administraciones, en la hipótesis de que éstos no aumentaran ni disminuyeran, sería fácilmente conseguible en el plazo de una legislatura y el incentivo que necesitan las administraciones es que sus ingresos estén sujetos a las decisiones de los administrados de cambiar de administrador si el que tienen no es eficiente, unido a la libertad de fijar el tipo que cobrarán en su parte.
En segundo lugar, esta libertad de fijar los tipos en el ámbito que después afectará a los ingresos, tiene que ir necesariamente unida a una normativa estricta en el medio plazo, aunque más flexible en el corto, sobre el equilibrio de las cuentas públicas de cada administración que, a efectos de este cálculo, debería incluir, sin excepción, cualquier participación de la administración correspondiente en todo tipo de sociedades, públicas o privadas, y de organizaciones sin ánimo de lucro.
Finalmente, debería seguirse avanzando en la creciente importancia del IVA tanto para aumentar su peso en el conjunto de los ingresos públicos como para aumentar su progresividad, lo que sólo se puede conseguir aumentando el número de tipos, incluyendo la introducción del tipo cero y de al menos un nuevo tipo, más elevado, para los bienes y servicios más lujosos, contaminantes o generadores de otros perjuicios sociales.
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