La política educativa es, en mi opinión, la más importante para el futuro social y económico de cualquier país. El principal activo de cualquier sociedad es la calidad de las personas que la componen y la educación recibida es un elemento fundamental de la calidad humana de cada persona.
La política educativa seguida en España es una de las causas que explica el enorme desarrollo de nuestra sociedad en los últimos 50 años. Primero, de una forma muy lenta, se fue alcanzando la escolarización plena, simultáneamente se fue aumentando el nivel de las enseñanzas primaria y secundaria hasta alcanzar su nivel más alto probablemente a finales de los ochenta, momento a partir del cual se inició un progresivo deterioro de la calidad media de la enseñanza, aunque haya seguido aumentando el nivel alcanzado por la minoría que termina con mejor cualificación.
Simultáneamente, la formación profesional se ha ido deteriorando y ya son muy pocos los centros que ofrecen una calidad razonable, lo que implica que sea necesario utilizar trabajadores extranjeros en cantidades crecientes para disponer de las personas cualificadas que la economía española precisa.
Las causas últimas son achacables a la pésima política educativa seguida por los distintos gobiernos desde los años ochenta, políticas que, a pesar de sus malos resultados, no son rechazadas por la sociedad.
La política educativa ha sido un área de confrontación política entre los partidos políticos que, en vez de llegar a un acuerdo razonable para todos que permitiera seguir un modelo educativo eficaz y estable, al margen de los cambios de gobierno que las sucesivas elecciones pudieran suponer, han preferido que cada gobierno elabore una nueva ley de educación, con la frontal oposición de los adversarios políticos que llevarán a cambio su sustitución cuando las elecciones les den el poder.
Por otra parte se han escatimado, especialmente en la formación profesional, los recursos económicos necesarios para que los centros educativos tengan los medios educativos más adecuados.
Por si fuera poco, se ha ido retirando poco a poco la autoridad a los docentes, que tienen que soportar una presión creciente para calificar como aptos a aquellos que no han tenido un aprovechamiento mínimo y que han visto como sus derechos han desaparecido en la práctica y están totalmente indefensos incluso ante situaciones de agresión manifiesta.
Pareciera que la sociedad española haya decidido que las enseñanzas primaria y secundaria sean una prolongación de la etapa de guardería y que, una vez finalizadas por el mero transcurso del tiempo, todos los alumnos tengan derecho a un título igual, al margen de los conocimientos adquiridos, para que nadie sea distinto de los demás, al menos desde el punto de vista formal de la cualificación académica.
En situación de crisis es obvio que la realidad económica hace las diferencias respecto a la cualificación efectiva que el sistema académico ha querido ocultar y que aquellas personas que no tienen una cualificación mínima serán las que con más dureza sufran los efectos.
La solución, para la que cualquier momento político es bueno para empezar, debería pasar por un acuerdo, al menos entre los dos principales partidos políticos, para promulgar una ley de educación consensuada, con vocación por tanto de durar varias décadas con las modificaciones de detalle que la experiencia y el progreso tecnológico vayan aconsejando, que tenga por objetivo mejorar la formación en todos los niveles. Además esta ley debería tener asegurados los recursos económicos adicionales necesarios para optimizar el rendimiento académico, recursos que en porcentaje sobre el coste total de la educación son, con total certeza, bastante moderados por lo que es difícil de entender la reticencia de los gobiernos a aprobarlos y aplicarlos.
Aunque la inversión en educación es la más rentable que cualquier gobierno pueda realizar, tiene el inconveniente político de que sus primeros resultados tardan al menos dos legislaturas en empezar a notarse y sus resultados plenos se obtienen una generación más tarde de su puesta en práctica lo que en una sociedad como la nuestra en la que el muy largo plazo para los políticos con más visión de futuro termina con la próxima convocatoria electoral, motivo por el que lo más probable es que continúe la caída de la calidad media de formación con la que terminen su etapa de estudios las nuevas generaciones.
La política educativa seguida en España es una de las causas que explica el enorme desarrollo de nuestra sociedad en los últimos 50 años. Primero, de una forma muy lenta, se fue alcanzando la escolarización plena, simultáneamente se fue aumentando el nivel de las enseñanzas primaria y secundaria hasta alcanzar su nivel más alto probablemente a finales de los ochenta, momento a partir del cual se inició un progresivo deterioro de la calidad media de la enseñanza, aunque haya seguido aumentando el nivel alcanzado por la minoría que termina con mejor cualificación.
Simultáneamente, la formación profesional se ha ido deteriorando y ya son muy pocos los centros que ofrecen una calidad razonable, lo que implica que sea necesario utilizar trabajadores extranjeros en cantidades crecientes para disponer de las personas cualificadas que la economía española precisa.
Las causas últimas son achacables a la pésima política educativa seguida por los distintos gobiernos desde los años ochenta, políticas que, a pesar de sus malos resultados, no son rechazadas por la sociedad.
La política educativa ha sido un área de confrontación política entre los partidos políticos que, en vez de llegar a un acuerdo razonable para todos que permitiera seguir un modelo educativo eficaz y estable, al margen de los cambios de gobierno que las sucesivas elecciones pudieran suponer, han preferido que cada gobierno elabore una nueva ley de educación, con la frontal oposición de los adversarios políticos que llevarán a cambio su sustitución cuando las elecciones les den el poder.
Por otra parte se han escatimado, especialmente en la formación profesional, los recursos económicos necesarios para que los centros educativos tengan los medios educativos más adecuados.
Por si fuera poco, se ha ido retirando poco a poco la autoridad a los docentes, que tienen que soportar una presión creciente para calificar como aptos a aquellos que no han tenido un aprovechamiento mínimo y que han visto como sus derechos han desaparecido en la práctica y están totalmente indefensos incluso ante situaciones de agresión manifiesta.
Pareciera que la sociedad española haya decidido que las enseñanzas primaria y secundaria sean una prolongación de la etapa de guardería y que, una vez finalizadas por el mero transcurso del tiempo, todos los alumnos tengan derecho a un título igual, al margen de los conocimientos adquiridos, para que nadie sea distinto de los demás, al menos desde el punto de vista formal de la cualificación académica.
En situación de crisis es obvio que la realidad económica hace las diferencias respecto a la cualificación efectiva que el sistema académico ha querido ocultar y que aquellas personas que no tienen una cualificación mínima serán las que con más dureza sufran los efectos.
La solución, para la que cualquier momento político es bueno para empezar, debería pasar por un acuerdo, al menos entre los dos principales partidos políticos, para promulgar una ley de educación consensuada, con vocación por tanto de durar varias décadas con las modificaciones de detalle que la experiencia y el progreso tecnológico vayan aconsejando, que tenga por objetivo mejorar la formación en todos los niveles. Además esta ley debería tener asegurados los recursos económicos adicionales necesarios para optimizar el rendimiento académico, recursos que en porcentaje sobre el coste total de la educación son, con total certeza, bastante moderados por lo que es difícil de entender la reticencia de los gobiernos a aprobarlos y aplicarlos.
Aunque la inversión en educación es la más rentable que cualquier gobierno pueda realizar, tiene el inconveniente político de que sus primeros resultados tardan al menos dos legislaturas en empezar a notarse y sus resultados plenos se obtienen una generación más tarde de su puesta en práctica lo que en una sociedad como la nuestra en la que el muy largo plazo para los políticos con más visión de futuro termina con la próxima convocatoria electoral, motivo por el que lo más probable es que continúe la caída de la calidad media de formación con la que terminen su etapa de estudios las nuevas generaciones.
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