Todo el mundo está de acuerdo en calificar como crisis la actual situación económica española, aunque el Gobierno y sus seguidores buscan la forma de evitar el uso de esta palabra.
Según el diccionario de la Academia, la palabra crisis tiene 7 acepciones:
- La primera de ellas se refiere a las enfermedades y la palabra crisis es aplicable cuando se produce un cambio brusco en su curso, ya sea para mejorarse, o para agravarse el paciente.
- La segunda es una generalización de la anterior, y el vocablo es aplicable a la mutación importante en el desarrollo de otros procesos.
- Las acepciones tercera a quinta no son aplicables a la economía de un país, la sexta es la de escasez o carestía y la séptima, también general, es la de situación dificultosa o complicada.
- La primera de ellas se refiere a las enfermedades y la palabra crisis es aplicable cuando se produce un cambio brusco en su curso, ya sea para mejorarse, o para agravarse el paciente.
- La segunda es una generalización de la anterior, y el vocablo es aplicable a la mutación importante en el desarrollo de otros procesos.
- Las acepciones tercera a quinta no son aplicables a la economía de un país, la sexta es la de escasez o carestía y la séptima, también general, es la de situación dificultosa o complicada.
En economía, lo habitual es denominar crisis a las fases del ciclo económico en que el ritmo de actividad cambia de forma muy rápida, tanto si se trata de crecimiento del mismo como si se trata de caída.
Por tanto parece claro que el empleo de la palabra crisis para definir la actual situación económica resulta adecuado, ya que estamos en un proceso de reducción rápida del ritmo de crecimiento de la actividad y en un entorno de carestía y de dificultad y complicación notables.
Pero la situación económica evoluciona de forma muy distinta en los distintos sectores, la crisis es más obvia en el sector de la construcción, también es muy relevante en el sector financiero, en la hostelería, en la venta de automóviles y en los sectores directamente conectados con los anteriores. En mayor o menor medida, la práctica totalidad de la actividad económica se está viendo afectada y la sensación creciente de estar en dificultades económicas, reduce aún más la demanda de bienes y servicios, por lo que la situación empeora todavía más.
La reacción de los distintos agentes económicos es la esperable en este tipo de situaciones: los gobiernos niegan la existencia de crisis, pero simultáneamente anuncian paquetes de medidas de choque que sólo se entienden en esa situación, los responsables de comunicación de los distintos sectores y empresas admiten la existencia de crisis, si bien en todos los casos con un alcance inferior al real y haciendo mucho énfasis en los indicadores que dan una imagen más positiva de la situación.
Las encuestas muestran también que la población es consciente de la dificultad de la situación, aunque de la suma de las respuestas sobre la situación personal de cada encuestado se deduciría que la crisis no existe.
En el fondo, la respuesta de la mayoría es el reconocimiento de que hay un problema, unido a la seguridad de que los demás están mucho peor y al intento de que los platos rotos los paguen los demás.
También parece haber una aceptación generalizada de que es el destino el que marca el inicio, la intensidad y el final de la crisis, lo que unido al deseo, más generalizado aún, de que sean los demás los que paguen las consecuencias, abre la puerta a una gestión inapropiada de la crisis por parte de los gobernantes, basada en el abuso de los fondos públicos para mantener el gasto de consumo y del mantenimiento, cuando no refuerzo, de las situaciones y condiciones de privilegio.
Sin embargo, la historia económica nos demuestra algo bastante importante: que la gestión que se haga de la crisis tiene mucha influencia en la duración e intensidad de la misma y en el ritmo de crecimiento que se pueda alcanzar una vez finalizada y que el no darse por enterado de que existe una crisis es también una forma de gestionarla, probablemente más cómoda a corto plazo, pero seguramente mucho menos eficiente
El actual gobierno de España tiene que decidir como actuar específicamente en los siguientes campos y sectores: política fiscal, suelo y vivienda, sector financiero, energía, agua, infraestructuras, además de los servicios públicos esenciales que deben abordarse en todas las situaciones económicas (sanidad, educación, pensiones y seguridad), y en los próximos días dedicaré algunas reflexiones a cada uno de ellos.
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