Uno de los aspectos que, a pesar de su gran importancia, ha sido poco tenido en cuenta por los últimos gobiernos, incluidos los del PP, es el impresionante aumento de la población, 6 millones de personas en unos 10 años, el 15% de la población preexistente, en su mayoría adultos y económicamente activos en una proporción muy superior a la media.
Este aumento de población, y de la actividad económica que los nuevos habitantes han inducido, unido a la tendencia al mayor consumo de agua por persona y por unidad de PIB, han hecho que la escasez de agua se haya extendido a zonas más amplias tanto en términos estructurales como en situaciones de menor pluviosidad.
La falta de agua en amplias zonas del territorio español es un problema centenario, y la incapacidad de los políticos españoles para promover un reparto equilibrado del agua existente así como su uso eficiente es una muestra evidente de las carencias de nuestro sistema democrático, en el que la máxima parece ser “el poder a costa de lo que sea”
Josep Borrell, en su etapa de ministro, promovió la elaboración de un plan hidrológico que no llego a ver la luz por la llegada al poder del PP. El PP hizo otro que llegó a plasmarse en el BOE, pero que fue utilizado como arma política hasta el punto de que su derogación fue una de las primeras medidas del primer Gobierno de Zapatero, sin que fuera sustituido por una alternativa capaz de solucionar la falta de agua en muchas zonas.
Probablemente la no continuidad de la ministra Narbona se deba a su incapacidad demostrada para llevar a cabo una política hidráulica eficaz, ya que su máxima real ha sido que cada cual se aguante con el agua de que dispone, ya que facilitar más agua a los derrochones habitantes de España es contrario al medio ambiente.
La sequía de los últimos años en Cataluña llevó a pensar que si no llovía en la primavera de este año, podría ser necesario racionar el suministro de agua al área metropolitana de Barcelona, lo que podría poner en riesgo un importante caudal de votos, a pesar de la paciencia demostrada por los barceloneses ante la manifiesta incapacidad de los gobiernos socialistas (nacional, autonómico y municipal) para asegurar los servicios básicos de suministro de electricidad y transporte por ferrocarril con un mínimo de calidad.
Se vieron obligados a aceptar que, en determinadas situaciones, los trasvases de agua de unas cuencas a otras son la mejor solución, criterio contrario a sus tradicionales soflamas políticas, por lo que intentaron vestirlo de cualquier manera para que sus votantes no apreciaran el cambio de opinión.
Lo cierto es que las nuevas necesidades de agua se pueden cubrir con tres métodos complementarios: la eficiencia en el uso del agua, siempre, y, cuando es posible, los trasvases entre cuencas y la desalación.
Para mí no hay ninguna duda de que la vía de la eficiencia en el uso es la primera que hay que usar hasta el límite técnico y económico, incluso aceptando un cierto sobreprecio en las etapas iniciales del uso de nuevos procedimientos. Hay que actuar en todos los tipos de consumo, pero debería aprovecharse esta crisis para hacer una reforma total del uso del agua para regadío en todas aquellas zonas, demasiadas, en las que se sigue regando con procedimientos más cercanos a los de la época árabe que a los que permite la tecnología actual.
En cuanto a la elección entre trasvase y desalación, en aquellos casos en que ambas posibilidades coexisten, el criterio debería ser pragmático y optar por la vía que, cumplidos todos los requisitos medioambientales razonables, sea más económica para la sociedad a muy largo plazo. Todo apunta a que en algunos casos es mejor la desalación pero en otros debe elegirse el trasvase.
La política del agua es uno de los asuntos que exigen un pacto en el que estén, al menos, los dos principales partidos políticos y que no debería dejar de hacerse si no fuera posible que se unieran a él otros partidos relevantes. El pacto ofrecido por la ministra del ramo hubiera sido un buen inicio si no hubiera incluido una condición absurda, la posibilidad de estudiar la conveniencia de nuevos trasvases entre cuencas en todos los casos excepto en el del río Ebro, curiosamente el más caudaloso del país y el que, de vez en cuando, tiene unas avenidas más importantes.
Este aumento de población, y de la actividad económica que los nuevos habitantes han inducido, unido a la tendencia al mayor consumo de agua por persona y por unidad de PIB, han hecho que la escasez de agua se haya extendido a zonas más amplias tanto en términos estructurales como en situaciones de menor pluviosidad.
La falta de agua en amplias zonas del territorio español es un problema centenario, y la incapacidad de los políticos españoles para promover un reparto equilibrado del agua existente así como su uso eficiente es una muestra evidente de las carencias de nuestro sistema democrático, en el que la máxima parece ser “el poder a costa de lo que sea”
Josep Borrell, en su etapa de ministro, promovió la elaboración de un plan hidrológico que no llego a ver la luz por la llegada al poder del PP. El PP hizo otro que llegó a plasmarse en el BOE, pero que fue utilizado como arma política hasta el punto de que su derogación fue una de las primeras medidas del primer Gobierno de Zapatero, sin que fuera sustituido por una alternativa capaz de solucionar la falta de agua en muchas zonas.
Probablemente la no continuidad de la ministra Narbona se deba a su incapacidad demostrada para llevar a cabo una política hidráulica eficaz, ya que su máxima real ha sido que cada cual se aguante con el agua de que dispone, ya que facilitar más agua a los derrochones habitantes de España es contrario al medio ambiente.
La sequía de los últimos años en Cataluña llevó a pensar que si no llovía en la primavera de este año, podría ser necesario racionar el suministro de agua al área metropolitana de Barcelona, lo que podría poner en riesgo un importante caudal de votos, a pesar de la paciencia demostrada por los barceloneses ante la manifiesta incapacidad de los gobiernos socialistas (nacional, autonómico y municipal) para asegurar los servicios básicos de suministro de electricidad y transporte por ferrocarril con un mínimo de calidad.
Se vieron obligados a aceptar que, en determinadas situaciones, los trasvases de agua de unas cuencas a otras son la mejor solución, criterio contrario a sus tradicionales soflamas políticas, por lo que intentaron vestirlo de cualquier manera para que sus votantes no apreciaran el cambio de opinión.
Lo cierto es que las nuevas necesidades de agua se pueden cubrir con tres métodos complementarios: la eficiencia en el uso del agua, siempre, y, cuando es posible, los trasvases entre cuencas y la desalación.
Para mí no hay ninguna duda de que la vía de la eficiencia en el uso es la primera que hay que usar hasta el límite técnico y económico, incluso aceptando un cierto sobreprecio en las etapas iniciales del uso de nuevos procedimientos. Hay que actuar en todos los tipos de consumo, pero debería aprovecharse esta crisis para hacer una reforma total del uso del agua para regadío en todas aquellas zonas, demasiadas, en las que se sigue regando con procedimientos más cercanos a los de la época árabe que a los que permite la tecnología actual.
En cuanto a la elección entre trasvase y desalación, en aquellos casos en que ambas posibilidades coexisten, el criterio debería ser pragmático y optar por la vía que, cumplidos todos los requisitos medioambientales razonables, sea más económica para la sociedad a muy largo plazo. Todo apunta a que en algunos casos es mejor la desalación pero en otros debe elegirse el trasvase.
La política del agua es uno de los asuntos que exigen un pacto en el que estén, al menos, los dos principales partidos políticos y que no debería dejar de hacerse si no fuera posible que se unieran a él otros partidos relevantes. El pacto ofrecido por la ministra del ramo hubiera sido un buen inicio si no hubiera incluido una condición absurda, la posibilidad de estudiar la conveniencia de nuevos trasvases entre cuencas en todos los casos excepto en el del río Ebro, curiosamente el más caudaloso del país y el que, de vez en cuando, tiene unas avenidas más importantes.
El país agradecerá, mucho y durante mucho tiempo, que se dé una solución adecuada al problema del agua, aunque ello signifique el abandono de argumentos políticos que no se sostienen desde el punto de vista social y económico y que están creando una división, que antes no existía, entre los habitantes de las zonas en las que sobra agua y los de las zonas en las que falta.
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