El gobierno, por fin, ha presentado un cuadro macroeconómico creíble para 2009, aunque continúa siendo optimista, más allá de lo razonable, para 2010 y, especialmente, para 2011. Seguramente se ha sentido obligado ante la inminente presentación de las previsiones de la Comisión.
Standard&Poor’s ha rebajado el rating de la deuda del Reino de España, lo que supondrá alguna dificultad adicional para la recuperación económica, y el ministro Solbes ha dicho en una entrevista que ya se ha utilizado todo el margen que existía para combatir la recesión económica.
Evidentemente, el margen al que se refiere el ministro es el que se deriva de poner un límite al déficit admisible para las cuentas públicas y, ciertamente, el 6% de déficit oficial, al que deben añadirse los maquillajes que sin duda se harán, parece un límite que no debería superarse.
El problema es que siguen sin anunciarse las otras medidas, las que suponen cambios normativos y de costumbres, que son más lentas, que inicialmente apenas proporcionan resultados, pero que a medio y largo plazo son las que permiten un crecimiento más sólido y estable del bienestar de la población.
La primera, porque puede dar resultados económicos importantes y con cierta rapidez, es la mejora de la gestión de los recursos públicos a todos los niveles.
A continuación la modificación del marco legal de nuestra economía, para eliminar la gran panoplia de monopolios, oligopolios y privilegios que gravan la calidad y el precio de buena parte de los bienes y servicios que compramos los ciudadanos.
Si algo ha dejado claro la situación económica actual, es la imperiosa necesidad de cambiar radicalmente los procesos y la estructura de las entidades de control y regulación, tanto públicas como privadas.
No se puede olvidar el repaso que necesita la seguridad social, tanto en el ámbito de la sanidad como en el de las pensiones, repaso del que probablemente surja un nuevo reparto entre la parte de las prestaciones que proporcionarán el sector público y el privado.
La educación y la formación son otro de los aspectos pendientes de reforma. Seguramente los últimos que se abordarán porque aunque son los que permiten obtener mejores resultados, son también los que necesitan más tiempo para que se noten.
Finalmente, es necesario hacer una planificación razonable de las infraestructuras, cuya falta o mal funcionamiento se convierten en cuellos de botella insalvables para el progreso. ¿Se acordará alguien de la utilidad de unas tablas input-output bien elaboradas?
El gobierno se podrá quejar de muchas cosas, de las que desde fuera nos hacen la vida económica muy difícil y también de lo mal que lo hacemos los ciudadanos; hasta se puede quejar de lo mala que es la oposición, que no es capaz de mostrarle vías de actuación razonables, pero de lo único de lo que no se puede quejar, es de la falta de tareas que, sin requerir apenas dinero, puede hacer el gobierno para que dejemos lo antes posible, y en las mejores condiciones, la penosa situación económica que padecemos.
martes, 20 de enero de 2009
miércoles, 14 de enero de 2009
El problema financiero en España
Estoy convencido de que la escasez de financiación será, de lejos, el factor que más influya para que la actual situación económica se dilate durante varios años.
España es un país que, aunque parezca mentira, todavía gasta más de lo que produce, lo que le lleva a aumentar permanentemente su deuda con el exterior.
Sin embargo, la percepción del sistema financiero internacional es que España, como país económico, ya no es un pagador tan seguro como lo era, percepción que se basa en los siguientes criterios:
- El Estado ha pasado, de forma muy brusca, de un superávit en 2007 del orden del 3% a un déficit en 2008 también del orden del 3% y para 2009 el ministro Solbes sólo se atreve a anticipar un aumento relevante.
- El sistema financiero español, se las ve y se las desea para poder hacer frente al vencimiento de los créditos que ha recibido, inicialmente por su elevada exposición a inversiones inmobiliarias de dudosa, cuando no de imposible, realización a precios que permitan cubrir los costes, causa a la que ahora se añade el crecimiento en cascada de los impagos en las Pymes, que arrastran unas a otras.
- Las empresas están reduciendo su actividad obligadas, además de por la caída de la demanda, por la escasez de crédito de ellas mismas o de sus clientes, lo que está obligando a cerrar a muchas de ellas.
- Los autónomos tienen los mismos problemas de las Pymes pero aún más acusados.
- Las familias, tradicionalmente muy poco morosas con los créditos, especialmente con las hipotecas, sufren el aumento del paro, que les deja sin recursos para hacer frente a sus gastos fijos.
Antesdeayer, Standar&Poors anunció la posible revisión, a la baja, del rating del Reino de España. Si en las próximas semanas España pierde la máxima calificación, poco tardarán las otras agencias de calificación en iniciar el mismo camino y los mercados financieros ya han empezado a descontar esa posibilidad aumentando el diferencial de los bonos españoles respecto a los alemanes.
Los que no quieren ver la realidad, se basan en el hecho de que el Euribor está bajando, con lo que aunque el diferencial del bono español aumente, los tipos de interés seguirán siendo moderados tanto en términos absolutos como comparados con la inflación.
Pero el problema de la financiación de las actividades económicas en España no es, ni será en los próximos años, el tipo de interés del euro ni de los bonos españoles, sino la escasez de crédito que impedirá la financiación de muchos proyectos, tanto de inversión como de actividad empresarial o profesional.
Además, el creciente déficit público limitará aún más la cantidad de crédito disponible para financiar las actividades privadas, con lo que se volverá a poner de moda la frase “conceder un crédito” en el sentido de concesión graciosa que tenía durante el franquismo, cuando las influencias políticas eran la llave del acceso a la financiación.
Sin financiación suficiente para la actividad empresarial privada, la recuperación será mucho más lenta, con lo que también será más lenta la reducción de la enorme cantidad de dinero que bancos y cajas tienen inmovilizado en propiedades inmobiliarias, adquiridas a cambio de las hipotecas que en otro caso serían fallidas, pero que son de difícil venta a los precios nominales de mercado, que las entidades financieras defienden con uñas y dientes para no tener que declarar importantes pérdidas, aunque sea a costa de paralizar el mercado inmobiliario.
España es un país que, aunque parezca mentira, todavía gasta más de lo que produce, lo que le lleva a aumentar permanentemente su deuda con el exterior.
Sin embargo, la percepción del sistema financiero internacional es que España, como país económico, ya no es un pagador tan seguro como lo era, percepción que se basa en los siguientes criterios:
- El Estado ha pasado, de forma muy brusca, de un superávit en 2007 del orden del 3% a un déficit en 2008 también del orden del 3% y para 2009 el ministro Solbes sólo se atreve a anticipar un aumento relevante.
- El sistema financiero español, se las ve y se las desea para poder hacer frente al vencimiento de los créditos que ha recibido, inicialmente por su elevada exposición a inversiones inmobiliarias de dudosa, cuando no de imposible, realización a precios que permitan cubrir los costes, causa a la que ahora se añade el crecimiento en cascada de los impagos en las Pymes, que arrastran unas a otras.
- Las empresas están reduciendo su actividad obligadas, además de por la caída de la demanda, por la escasez de crédito de ellas mismas o de sus clientes, lo que está obligando a cerrar a muchas de ellas.
- Los autónomos tienen los mismos problemas de las Pymes pero aún más acusados.
- Las familias, tradicionalmente muy poco morosas con los créditos, especialmente con las hipotecas, sufren el aumento del paro, que les deja sin recursos para hacer frente a sus gastos fijos.
Antesdeayer, Standar&Poors anunció la posible revisión, a la baja, del rating del Reino de España. Si en las próximas semanas España pierde la máxima calificación, poco tardarán las otras agencias de calificación en iniciar el mismo camino y los mercados financieros ya han empezado a descontar esa posibilidad aumentando el diferencial de los bonos españoles respecto a los alemanes.
Los que no quieren ver la realidad, se basan en el hecho de que el Euribor está bajando, con lo que aunque el diferencial del bono español aumente, los tipos de interés seguirán siendo moderados tanto en términos absolutos como comparados con la inflación.
Pero el problema de la financiación de las actividades económicas en España no es, ni será en los próximos años, el tipo de interés del euro ni de los bonos españoles, sino la escasez de crédito que impedirá la financiación de muchos proyectos, tanto de inversión como de actividad empresarial o profesional.
Además, el creciente déficit público limitará aún más la cantidad de crédito disponible para financiar las actividades privadas, con lo que se volverá a poner de moda la frase “conceder un crédito” en el sentido de concesión graciosa que tenía durante el franquismo, cuando las influencias políticas eran la llave del acceso a la financiación.
Sin financiación suficiente para la actividad empresarial privada, la recuperación será mucho más lenta, con lo que también será más lenta la reducción de la enorme cantidad de dinero que bancos y cajas tienen inmovilizado en propiedades inmobiliarias, adquiridas a cambio de las hipotecas que en otro caso serían fallidas, pero que son de difícil venta a los precios nominales de mercado, que las entidades financieras defienden con uñas y dientes para no tener que declarar importantes pérdidas, aunque sea a costa de paralizar el mercado inmobiliario.
miércoles, 7 de enero de 2009
Más sobre gas ruso y Ucrania
La ola de frío arrecia en Europa y, una vez más, Rusia aprovecha la ocasión para apretar las tuercas a la Unión Europea, reduciendo, o cortando, el suministro de gas.
Es muy probable que Gazprom no tenga capacidad de suministrar la demanda de Rusia y la de todos sus clientes del resto de Europa, en la situación de demanda punta derivada de la ola de frío actual.
Ante esta eventual situación de falta de capacidad, nada mejor que poder declarar una “fuerza mayor” amparada en la más que previsible negativa de Ucrania a aceptar sus condiciones: aumento de precio por encima de los de mercado para el gas que vende Rusia a Ucrania y mantenimiento de los precios de transporte que paga Rusia a Ucrania, en este caso también por debajo de lo que serían unos precios de mercado razonables.
La empresa rusa Gazprom dispone de los días que dura la ola de frío para llegar a nuevos acuerdos con Ucrania, al coste, no muy elevado para ella, de perder los ingresos por las ventas de gas de unos pocos días (que seguramente será inferior a las indemnizaciones que tendría que pagar por incumplir las entregas previstas en sus contratos, si no hubiera fuerza mayor)
También, previsiblemente, llegará a acuerdos con muchos otros países que no son de la UE, precisamente aquellos que todavía están pagando precios muy bajos por el gas que reciben de Rusia, para llevar, más pronto que tarde, los precios actuales a los precios de mercado que la empresa rusa desea.
De paso, presionará a los países de la UE para que fuercen a Ucrania a llegar a un acuerdo con Gazprom, antes de que la reducción de la llegada de gas ruso les obligue también a restringir el consumo y les dará una muestra práctica del alcance real de la vulnerabilidad que la UE tiene con el suministro de gas.
Mientras, las empresas gasistas europeas miran para otro lado, hacen como que no les afecta y, con el lobby que pueden, aconsejan a sus gobiernos, mientras esperan que todo ello repercuta en un aumento del precio del gas para los consumidores y, por tanto, de sus beneficios.
Los gobiernos europeos, en cuanto pase la ola de frío y desaparezca la posibilidad de cortes de calefacción para sus ciudadanos, harán, una vez más, como si no pasara nada, y la Comisión de la UE, vista la negativa del Consejo, seguirá caminando a paso de tortuga en la creación, de verdad, del Mercado Único Europeo del Gas Natural.
A modo de recordatorio, repito parte de lo publicado por la Comisión en su libro verde sobre la Estrategia Europea para una energía Sostenible, competitiva y segura, publicado en mayo de 2006:
“Establecimiento de una Política Energética Exterior común que permita hacer frente a los retos de los precios cambiantes, del aumento de la dependencia de las importaciones, del fuerte incremento de la demanda global de energía y del calentamiento de la biosfera. La política común tiene que estar claramente definida y defendida de forma unitaria a nivel nacional y comunitario. Para ello la Comisión propone:
- Identificar las prioridades europeas para la construcción de la nueva infraestructura necesaria para la seguridad del suministro energético a la UE.
- Desarrollo de un Tratado Paneuropeo de la Comunidad Energética.
- Nuevo sistema de cooperación energética con Rusia.
- Nuevo mecanismo comunitario de reacción rápida y coordinada ante eventuales situaciones que tengan un impacto relevante sobre los suministros a la UE.
- Profundización de las relaciones en el sector energético con los grandes productores y consumidores.
- Acuerdo internacional sobre eficiencia energética”
Parece claro que para los redactores del libro verde, lo que está ocurriendo ahora con el gas no constituirá ninguna sorpresa.
La pregunta a los gobiernos de la UE es:
¿Qué se ha hecho, durante estos dos años y medio, para evitar, o al menos paliar, estas situaciones?
Y la respuesta es muy clara:
Nada, porque hay que preservar los intereses, muy superiores, de las empresas gasistas incumbentes en los países que bloquean el avance: (Gaz de France en Francia, Eon en Alemania, ENI en Italia, y Gas Natural en España)
Es muy probable que Gazprom no tenga capacidad de suministrar la demanda de Rusia y la de todos sus clientes del resto de Europa, en la situación de demanda punta derivada de la ola de frío actual.
Ante esta eventual situación de falta de capacidad, nada mejor que poder declarar una “fuerza mayor” amparada en la más que previsible negativa de Ucrania a aceptar sus condiciones: aumento de precio por encima de los de mercado para el gas que vende Rusia a Ucrania y mantenimiento de los precios de transporte que paga Rusia a Ucrania, en este caso también por debajo de lo que serían unos precios de mercado razonables.
La empresa rusa Gazprom dispone de los días que dura la ola de frío para llegar a nuevos acuerdos con Ucrania, al coste, no muy elevado para ella, de perder los ingresos por las ventas de gas de unos pocos días (que seguramente será inferior a las indemnizaciones que tendría que pagar por incumplir las entregas previstas en sus contratos, si no hubiera fuerza mayor)
También, previsiblemente, llegará a acuerdos con muchos otros países que no son de la UE, precisamente aquellos que todavía están pagando precios muy bajos por el gas que reciben de Rusia, para llevar, más pronto que tarde, los precios actuales a los precios de mercado que la empresa rusa desea.
De paso, presionará a los países de la UE para que fuercen a Ucrania a llegar a un acuerdo con Gazprom, antes de que la reducción de la llegada de gas ruso les obligue también a restringir el consumo y les dará una muestra práctica del alcance real de la vulnerabilidad que la UE tiene con el suministro de gas.
Mientras, las empresas gasistas europeas miran para otro lado, hacen como que no les afecta y, con el lobby que pueden, aconsejan a sus gobiernos, mientras esperan que todo ello repercuta en un aumento del precio del gas para los consumidores y, por tanto, de sus beneficios.
Los gobiernos europeos, en cuanto pase la ola de frío y desaparezca la posibilidad de cortes de calefacción para sus ciudadanos, harán, una vez más, como si no pasara nada, y la Comisión de la UE, vista la negativa del Consejo, seguirá caminando a paso de tortuga en la creación, de verdad, del Mercado Único Europeo del Gas Natural.
A modo de recordatorio, repito parte de lo publicado por la Comisión en su libro verde sobre la Estrategia Europea para una energía Sostenible, competitiva y segura, publicado en mayo de 2006:
“Establecimiento de una Política Energética Exterior común que permita hacer frente a los retos de los precios cambiantes, del aumento de la dependencia de las importaciones, del fuerte incremento de la demanda global de energía y del calentamiento de la biosfera. La política común tiene que estar claramente definida y defendida de forma unitaria a nivel nacional y comunitario. Para ello la Comisión propone:
- Identificar las prioridades europeas para la construcción de la nueva infraestructura necesaria para la seguridad del suministro energético a la UE.
- Desarrollo de un Tratado Paneuropeo de la Comunidad Energética.
- Nuevo sistema de cooperación energética con Rusia.
- Nuevo mecanismo comunitario de reacción rápida y coordinada ante eventuales situaciones que tengan un impacto relevante sobre los suministros a la UE.
- Profundización de las relaciones en el sector energético con los grandes productores y consumidores.
- Acuerdo internacional sobre eficiencia energética”
Parece claro que para los redactores del libro verde, lo que está ocurriendo ahora con el gas no constituirá ninguna sorpresa.
La pregunta a los gobiernos de la UE es:
¿Qué se ha hecho, durante estos dos años y medio, para evitar, o al menos paliar, estas situaciones?
Y la respuesta es muy clara:
Nada, porque hay que preservar los intereses, muy superiores, de las empresas gasistas incumbentes en los países que bloquean el avance: (Gaz de France en Francia, Eon en Alemania, ENI en Italia, y Gas Natural en España)
domingo, 4 de enero de 2009
Gas ruso y Ucrania
Una vez más, el invierno pone sobre la mesa el problema del suministro de gas ruso a Europa que es un problema que tiene más aspectos de los que se hacen públicos.
Algunos de ellos son estructurales, y proceden de antes de la caída del muro, cuando se diseñaron y construyeron la mayor parte de los gasoductos de transporte de gas ruso al resto de Europa. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
- Sistema de transporte con grandes deficiencias técnicas que llevan a unas pérdidas y consumos en el transporte desproporcionados.
- Utilización del gas en toda la antigua URSS sin el más mínimo criterio de eficiencia.
- Ausencia de mecanismos de pago razonables por el transporte en las distintas repúblicas de la antigua URSS.
- Falta de capacidad, durante la parte más cruda del invierno, del sistema gasista existente en la antigua URSS, para atender simultáneamente las necesidades del consumo interno y hacer frente a las exportaciones contratadas con los demás países europeos.
Las reducciones de capacidad se transformaban en una reducción de las exportaciones que llegaban a ser del 25% (nunca se ha sabido que acuerdos existían, o puedan existir ahora, aunque todo apunta a una reducción en el precio del suministro durante todo el año) que los países receptores compensaban con el uso de sus almacenamientos subterráneos, de otros suministros por gasoducto, de su producción interior y/o del GNL.
En la nueva situación político-económica se han hecho algunos avances, sobre todo en la reducción de las pérdidas de gas y es verosímil que se haya avanzado algo también en la retribución más acorde con los precios de mercado tanto en el gas suministrado a las repúblicas transitadas como en el servicio de transporte que estas prestan.
La UE intentó acordar un marco para todo el negocio energético, pero Rusia no firmó la Carta aprobada, aunque ahora recomienda a la UE que se la haga cumplir a Ucrania que sí la firmó.
Es indudable que Rusia quiere obtener no sólo rendimientos económicos por el gas que exporta a la UE, ya que es consciente de la creciente dependencia de la UE y, a la vez, de ser el país con más reservas de gas conocidas del mundo.
Pero también hay un elemento en su contra: la distancia de algunos de sus mayores yacimientos a la UE supera los 4000 km y requiere el paso por bastantes repúblicas independientes, cada una de las cuales espera hacer un buen negocio con el tránsito, incluyendo la garantía de un suministro de gas para sus propias necesidades a precio reducido. El resultado es que si no se llegan a acuerdos multilaterales razonables, pudiera ocurrir que el gas de Siberia transportado por gasoductos terrestres no fuera competitivo en la UE.
Existen dos posibles alternativas al transporte por gasoducto terrestre: la licuación y el transporte por gasoductos submarinos, que no requieren acuerdos de tránsito con terceros países. Estas alternativas, aunque no es fácil que aporten la enorme capacidad de transporte necesaria, deberían servir para acotar las peticiones económicas de los países potencialmente transitados, pero es absolutamente necesario un acuerdo multilateral que acerque política y económicamente a Rusia y la UE, y el gas natural puede ser una baza fundamental ya que su desarrollo armónico interesa a todas las partes.
Pero la UE también tiene que hacer sus deberes. No es de recibo que todavía no exista, en la mayoría de sus miembros, un mercado de gas mínimamente transparente (sólo lo tienen el Reino Unido Holanda y Bélgica) a causa de la defensa impresentable que Francia y Alemania hacen de los intereses monopolísticos de sus empresas gasistas y eléctricas.
Mientras tanto, Rusia y Ucrania presentan unos posturas poco razonables, Rusia amenazando con un precio para el gas a ser consumido en Ucrania que es un 50% más caro que el precio actual en Estados Unidos y exigiendo la continuidad de un precio por el transporte que sería razonable para una distancia de transporte de unos 100 km. Ucrania, por su parte, parece querer mantener unas retenciones de gas, necesario para comprimirlo durante el transporte, del orden del 7,5%, cantidad a todas luces desorbitada.
El posible acuerdo debería ir en el sentido de que Ucrania, y los demás países transitados, pagaran por el gas para su consumo un precio que dejara a Gazprom un margen equivalente al que obtiene con sus ventas a los países de la UE y que los países transitados cobraran un coste de transporte razonable, que retribuyera las inversiones y los costes con un beneficio razonable para un operador eficiente, al que se añadiera la cantidad de gas estrictamente necesaria para realizar el transporte.
Si no se avanza en estos aspectos, cada invierno volveremos a asistir a situaciones parecidas, y aunque España no se vea directamente afectada por los eventuales cortes de suministro, ya que no recibe ni un solo metro cúbico de gas de Rusia, indirectamente también le repercuten aspectos tan relevantes como la creación del Mercado Único Europeo del gas o los acuerdos multilaterales entre la UE, Rusia y las repúblicas independientes que están situadas entre ambas.
Algunos de ellos son estructurales, y proceden de antes de la caída del muro, cuando se diseñaron y construyeron la mayor parte de los gasoductos de transporte de gas ruso al resto de Europa. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
- Sistema de transporte con grandes deficiencias técnicas que llevan a unas pérdidas y consumos en el transporte desproporcionados.
- Utilización del gas en toda la antigua URSS sin el más mínimo criterio de eficiencia.
- Ausencia de mecanismos de pago razonables por el transporte en las distintas repúblicas de la antigua URSS.
- Falta de capacidad, durante la parte más cruda del invierno, del sistema gasista existente en la antigua URSS, para atender simultáneamente las necesidades del consumo interno y hacer frente a las exportaciones contratadas con los demás países europeos.
Las reducciones de capacidad se transformaban en una reducción de las exportaciones que llegaban a ser del 25% (nunca se ha sabido que acuerdos existían, o puedan existir ahora, aunque todo apunta a una reducción en el precio del suministro durante todo el año) que los países receptores compensaban con el uso de sus almacenamientos subterráneos, de otros suministros por gasoducto, de su producción interior y/o del GNL.
En la nueva situación político-económica se han hecho algunos avances, sobre todo en la reducción de las pérdidas de gas y es verosímil que se haya avanzado algo también en la retribución más acorde con los precios de mercado tanto en el gas suministrado a las repúblicas transitadas como en el servicio de transporte que estas prestan.
La UE intentó acordar un marco para todo el negocio energético, pero Rusia no firmó la Carta aprobada, aunque ahora recomienda a la UE que se la haga cumplir a Ucrania que sí la firmó.
Es indudable que Rusia quiere obtener no sólo rendimientos económicos por el gas que exporta a la UE, ya que es consciente de la creciente dependencia de la UE y, a la vez, de ser el país con más reservas de gas conocidas del mundo.
Pero también hay un elemento en su contra: la distancia de algunos de sus mayores yacimientos a la UE supera los 4000 km y requiere el paso por bastantes repúblicas independientes, cada una de las cuales espera hacer un buen negocio con el tránsito, incluyendo la garantía de un suministro de gas para sus propias necesidades a precio reducido. El resultado es que si no se llegan a acuerdos multilaterales razonables, pudiera ocurrir que el gas de Siberia transportado por gasoductos terrestres no fuera competitivo en la UE.
Existen dos posibles alternativas al transporte por gasoducto terrestre: la licuación y el transporte por gasoductos submarinos, que no requieren acuerdos de tránsito con terceros países. Estas alternativas, aunque no es fácil que aporten la enorme capacidad de transporte necesaria, deberían servir para acotar las peticiones económicas de los países potencialmente transitados, pero es absolutamente necesario un acuerdo multilateral que acerque política y económicamente a Rusia y la UE, y el gas natural puede ser una baza fundamental ya que su desarrollo armónico interesa a todas las partes.
Pero la UE también tiene que hacer sus deberes. No es de recibo que todavía no exista, en la mayoría de sus miembros, un mercado de gas mínimamente transparente (sólo lo tienen el Reino Unido Holanda y Bélgica) a causa de la defensa impresentable que Francia y Alemania hacen de los intereses monopolísticos de sus empresas gasistas y eléctricas.
Mientras tanto, Rusia y Ucrania presentan unos posturas poco razonables, Rusia amenazando con un precio para el gas a ser consumido en Ucrania que es un 50% más caro que el precio actual en Estados Unidos y exigiendo la continuidad de un precio por el transporte que sería razonable para una distancia de transporte de unos 100 km. Ucrania, por su parte, parece querer mantener unas retenciones de gas, necesario para comprimirlo durante el transporte, del orden del 7,5%, cantidad a todas luces desorbitada.
El posible acuerdo debería ir en el sentido de que Ucrania, y los demás países transitados, pagaran por el gas para su consumo un precio que dejara a Gazprom un margen equivalente al que obtiene con sus ventas a los países de la UE y que los países transitados cobraran un coste de transporte razonable, que retribuyera las inversiones y los costes con un beneficio razonable para un operador eficiente, al que se añadiera la cantidad de gas estrictamente necesaria para realizar el transporte.
Si no se avanza en estos aspectos, cada invierno volveremos a asistir a situaciones parecidas, y aunque España no se vea directamente afectada por los eventuales cortes de suministro, ya que no recibe ni un solo metro cúbico de gas de Rusia, indirectamente también le repercuten aspectos tan relevantes como la creación del Mercado Único Europeo del gas o los acuerdos multilaterales entre la UE, Rusia y las repúblicas independientes que están situadas entre ambas.
viernes, 2 de enero de 2009
Tramos autonómicos de IRPF e IVA
Una de las novedades más importantes que, en mi opinión, incorpora la propuesta presentada por el Ministro Solbes para modificar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen general es la ampliación de la capacidad normativa para los tramos autonómicos de IRPF, que ya existen, e IVA, que sería de nueva implantación.
La propuesta no llega a concretar el alcance de estas modificaciones, pero todo apunta a que se quiere desarrollar un camino bastante lógico para que no sea inviable el sistema de financiación que todas las autonomías desean que sea “a la carta”. Este camino no es otro que dejar que cada comunidad autónoma pueda decidir una parte del tipo impositivo que se aplique a los dos impuestos que más aportan a las arcas públicas y, de esta forma, completar sus ingresos para financiar las políticas no comunes que deseen llevar a cabo.
En el caso del IRPF, el incremento de complejidad que aporte la mayor discrecionalidad de las CCAA apenas se notará en el trabajo, ya excesivamente arduo, que cada contribuyente tiene que aportar a la Hacienda Pública para hacer la declaración anual.
Pero en el caso del IVA, la complejidad se podría disparar, con una previsible situación de 18 tipos distintos por cada tipo básico (Canarias tiene un sistema diferente y no hay ningún motivo para pensar que el sistema no sea también adoptado por el país Vasco y Navarra).
Probablemente para evitar la más que previsible red de fraude que se extendería ante esta situación, el Gobierno desea que la diferenciación de tipos sólo se aplique a las ventas al por menor para los ciudadanos, dejando el tipo general para todas las transacciones en que el comprador sea una sociedad, o un autónomo, profesional o empresario (con destino a sus actividades económicas)
Seguramente, este es el motivo por el que el Gobierno ha consultado con Bruselas la compatibilidad de este sistema con la normativa europea.
El único aspecto que, en lo que se refiere a este aspecto, no comparto de la propuesta presentada por el Gobierno, es la mención expresa a desincentivar la competencia fiscal a la baja entre CCAA. Este criterio es equivalente a intentar aumentar la competencia en cualquier mercado en el que no esté suficientemente desarrollada poniendo como condición que los competidores no pudieran bajar los precios.
La gran ventaja de la competencia es que induce a los operadores a mejorar su eficiencia y, en su caso, a renunciar a los beneficios extraordinarios, con el resultado de un precio más bajo para los consumidores.
Esta ventaja también debería llevarse a las administraciones públicas, de forma que una gestión más eficiente llevara a una reducción de los costes unitarios de los servicios públicos y a la eliminación de los gastos innecesarios, con la consecuencia lógica de uno menores impuestos para un nivel de servicios públicos dado.
Y, desde luego, la mejor manera en que las distintas administraciones pueden ayudar a mejorar la situación económica es mejorando la eficacia del uso del dinero público. Sin competencia fiscal, por supuesto a la baja, seguiremos asistiendo al incremento del esfuerzo fiscal, tanto si se mide en los datos del periodo como, especialmente, si se añaden los impuestos diferidos por la vía del déficit público.
La propuesta no llega a concretar el alcance de estas modificaciones, pero todo apunta a que se quiere desarrollar un camino bastante lógico para que no sea inviable el sistema de financiación que todas las autonomías desean que sea “a la carta”. Este camino no es otro que dejar que cada comunidad autónoma pueda decidir una parte del tipo impositivo que se aplique a los dos impuestos que más aportan a las arcas públicas y, de esta forma, completar sus ingresos para financiar las políticas no comunes que deseen llevar a cabo.
En el caso del IRPF, el incremento de complejidad que aporte la mayor discrecionalidad de las CCAA apenas se notará en el trabajo, ya excesivamente arduo, que cada contribuyente tiene que aportar a la Hacienda Pública para hacer la declaración anual.
Pero en el caso del IVA, la complejidad se podría disparar, con una previsible situación de 18 tipos distintos por cada tipo básico (Canarias tiene un sistema diferente y no hay ningún motivo para pensar que el sistema no sea también adoptado por el país Vasco y Navarra).
Probablemente para evitar la más que previsible red de fraude que se extendería ante esta situación, el Gobierno desea que la diferenciación de tipos sólo se aplique a las ventas al por menor para los ciudadanos, dejando el tipo general para todas las transacciones en que el comprador sea una sociedad, o un autónomo, profesional o empresario (con destino a sus actividades económicas)
Seguramente, este es el motivo por el que el Gobierno ha consultado con Bruselas la compatibilidad de este sistema con la normativa europea.
El único aspecto que, en lo que se refiere a este aspecto, no comparto de la propuesta presentada por el Gobierno, es la mención expresa a desincentivar la competencia fiscal a la baja entre CCAA. Este criterio es equivalente a intentar aumentar la competencia en cualquier mercado en el que no esté suficientemente desarrollada poniendo como condición que los competidores no pudieran bajar los precios.
La gran ventaja de la competencia es que induce a los operadores a mejorar su eficiencia y, en su caso, a renunciar a los beneficios extraordinarios, con el resultado de un precio más bajo para los consumidores.
Esta ventaja también debería llevarse a las administraciones públicas, de forma que una gestión más eficiente llevara a una reducción de los costes unitarios de los servicios públicos y a la eliminación de los gastos innecesarios, con la consecuencia lógica de uno menores impuestos para un nivel de servicios públicos dado.
Y, desde luego, la mejor manera en que las distintas administraciones pueden ayudar a mejorar la situación económica es mejorando la eficacia del uso del dinero público. Sin competencia fiscal, por supuesto a la baja, seguiremos asistiendo al incremento del esfuerzo fiscal, tanto si se mide en los datos del periodo como, especialmente, si se añaden los impuestos diferidos por la vía del déficit público.
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