La Renta Básica (posibles cambios en la sociedad)

La eventual introducción de la Renta básica (RB) en un país supondría un cambio social radical que, con toda probabilidad, induciría toda una serie de cambios en el comportamiento de las personas que vivieran en ese país. Algunos de los cambios se pueden imaginar, pero es muy difícil anticipar todos los cambios que se puedan producir y, sobre todo, su intensidad.

 

Por tanto, lo que sigue no es más que un ejercicio voluntarista que ni por asomo tiene la intención de acertar, ni siquiera en los aspectos más generales de los cambios sociales que se inducirían.

Partiendo de la hipótesis de que la sociedad de los países que decidieran implantar la RB aceptara ese cambio de forma mayoritaria, parece claro que su formulación precisa debería procurar conseguir el apoyo de una mayoría lo más amplia posible de la sociedad, para lo que el diseño finalmente aplicado tendría que evitar al máximo las injusticias que afectaran a grupos determinados de la sociedad y, además, debería convencer a una franja lo más amplia posible del grupo de los económicamente perdedores de que el cambio también tiene para ellos otro tipo de ventajas sociales que compensen la pérdida económica.

Por tanto, sería necesario disponer de un diseño muy detallado de todas las consecuencias económicas de la introducción de la RB.

Ya se ha analizado la negativa repercusión económica para una parte muy importante de los trabajadores (todos aquellos que tengan unos ingresos brutos anuales superiores a los 21000 euros) repercusión mucho más acusada para los pensionistas, que empezarían a tener una renta después de IRPF inferior a la actual a partir precisamente del importe de la RB. Para los pensionistas que reciban una pensión bruta de catorce pagas de 750 euros (10500 euros anuales) la pérdida anual de ingresos después de IRPF sería de unos 800 euros en 2015 (825 en 2016). Si la pensión fuera de 850 euros (10500 euros anuales) la pérdida anual de ingresos después de IRPF sería de unos 1210 euros en 2015 (1250 en 2016). Finalmente, si la pensión fuera de 1000 euros (14000 euros anuales) la pérdida anual de ingresos después de IRPF sería de unos 1830 euros en 2015 (1930 en 2016) cifras que deben compararse con la situación de los trabajadores que tuvieran rentas anuales brutas equivalentes, que sólo empezarían a pagar más IRPF a partir de los 21000 euros anuales (14 pagas de 1500 euros)

Lógicamente, esta situación sería fácil de corregir, ya que bastaría asimilar las pensiones contributivas a las rentas de trabajo, que es lo que en realidad son, ya que son rentas de trabajo diferidas.

Asimismo debería analizarse que cambios habría que introducir en las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que o bien se tendrían que mantener como rentas de trabajo diferidas las prestaciones por desempleo y por ILT, en ambos casos asociadas a la cotización previa, o si se hicieran desaparecer, dejaría de tener sentido cotizar obligatoriamente a la SS por estos conceptos.

Estos cambios, más otros que también sería razonable corregir como la anulación de las becas, de las subvenciones a los colegios concertados y de los gastos en formación laboral y promoción de empleo, llevaría a la necesidad de aumentar los ingresos públicos, o reducir el gasto público en otras partidas para que se pudiera obtener la financiación necesaria para implantar la RB.

La introducción de la RB supondría tres cambios radicales en la sociedad que, además, serían muy positivos: la erradicación de la pobreza, el aumento de la libertad individual para dedicar todo el tiempo que se desee a las actividades que se prefiera, o directamente a la vida contemplativa y la práctica desaparición de las condiciones de trabajo injustas.

No está claro, para quien esto escribe, el efecto que tendría sobre el PIB, ya que una sociedad más libre y sin la angustia para una parte relevante de la población de tener que lograr a cualquier coste los ingresos necesarios para la supervivencia, sólo llevaría a una mayor productividad de la actividad humana si los incentivos que quedaran para realizar esa actividad fueran superiores a los incentivos de dedicarse a actividades socialmente menos productivas, y no es fácil saber qué proporción de la población optaría por una vida más austera, pero sin una actividad relevante de la producción de bienes y servicios socialmente relevantes.

Ciertamente, un tipo marginal del entorno del 50% aplicado como tipo único a partir de la RB no parece que sea un tipo desincentivador, si además de para introducir la RB sirve para financiar todo el resto de los servicios sociales gratuitos a que estábamos acostumbrados antes de la crisis de 2007. 

Falta por ver si, una vez corregidas las injusticias que la propuesta actual lleva implícita para la inmensa mayoría de los pensionistas contributivos, para los parados que cobran prestación contributiva, para los enfermos que cobran la ILT y para los estudiantes sin medios económicos para pagar los estudios superiores, se encuentra la vía de financiación del gasto público que permita abordar todas las prestaciones.

Asimismo, en las propuestas hechas públicas hasta ahora, no se ha cuantificado el incremento de gasto necesario para atender las situaciones de dependencia en teoría cubiertas por la ley pero todavía no atendidas, que son muchas. 

Aunque apenas se oye hablar de ello, parece obvio que la implantación de la buena gestión de los dineros públicos y la drástica reducción de la corrupción, llevaría a un ahorro que podría ser superior al 30% del dinero público gastado (esto es sin contar los pagos por prestaciones monetarias directas)  

Finalmente, no debe olvidarse que un sistema de RB eventualmente implantado en un sistema político que no respetara las libertades personales propias de la democracia, entre las que necesariamente están el derecho a la propiedad privada y a disponer de los rendimientos que cada uno obtenga por su esfuerzo, una vez pagados los impuestos establecidos, que en ningún caso deben acercarse al umbral de la confiscación, llevaría con gran probabilidad a la sociedad correspondiente a un sistema económico que aunque tuviera muy pocas diferencias en la distribución de la renta, también sería incapaz de proporcionar a sus habitantes un nivel mínimo de bienestar.