Qué y cómo son los lobbies

Los lobbies son un invento sajón que tiene por objeto regular y hacer pública la actividad de intentar influir sobre los legisladores y las administraciones para que tomen sus decisiones sobre un aspecto concreto en el sentido que interesa al lobista.

Esta figura ni es buena ni es mala por definición, ya que como todo lo que tiene que ver con las decisiones políticas, que por definición afectan directa o indirectamente al conjunto de la sociedad, o al menos a un grupo relevante de personas, su grado de bondad depende del objetivo que persigue quién la toma.

Podríamos dividir a las acciones de lobby en tres grupos diferentes, que yendo desde el más positivo para la sociedad hasta el más negativo son los siguientes:

a)     Lobby social que es aquella acción por la que se da al político o funcionario información completa y veraz, y por tanto no sesgada, sobre el asunto de que se trate, de forma que quien tiene que tomar la decisión lo haga con mejor conocimiento de todas las implicaciones de la misma y la pueda tomar en beneficio del conjunto de la sociedad y sin vulnerar los derechos fundamentales de ninguna persona.

Por descontado, todos los lobistas, en todas las ocasiones, aseguran que su acción de lobby es social.

b)     Lobby antisocial que es aquella acción por la que se da al político o funcionario información incompleta o falsa, y por tanto sesgada, sobre el asunto de que se trate, de forma que quien tiene que tomar la decisión se incline por una opción que, aun no siendo contraria a la legislación vigente, favorezca descaradamente a la persona o entidad representada por el lobista y, en consecuencia, perjudique en mayor o menor medida a un grupo relevante de ciudadanos.

c)     Lobby corrupto que es aquella acción por la que se da al político o funcionario información incompleta o falsa, y por tanto sesgada, sobre el asunto de que se trate, de forma que quien tiene que tomar la decisión se incline por una opción que sea contraria a la legislación vigente, y favorezca descaradamente a la persona o entidad representada por el lobista y, en consecuencia, perjudique en mayor o menor medida a un grupo relevante de ciudadanos. Este tipo de lobby se suele acompañar de compensaciones económicas o de otro tipo a las personas que tienen que tomar la decisión, para que estén mejor dispuestos a hacerlo en el sentido que defiende el lobista. 

Además se puede añadir una cuarta categoría, también legítima, que sin llegar a ser lobby antisocial defienda una opción que favorezca a la persona o entidad representada por el lobista, siempre que la opción propuesta también beneficie al conjunto de la sociedad. A este tipo se le podría llamar Lobby mixto.

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las normativas con un carácter más o menos técnico, las empresas y personas afectadas tienen un conocimiento mucho más profundo que los políticos y funcionarios que tienen que legislar o tomar las decisiones. Por ese motivo es muy difícil justificar que esas personas o empresas no puedan informar de las consecuencias de las normas o decisiones que se vayan a aprobar.

La inmensa mayoría de los lobistas hacen su labor a cambio de una compensación económica, tanto si son miembros de una sociedad dedicada a esa actividad como si son empleados de quien encarga el lobby, en este último caso a veces dedicados a ello a tiempo completo y en otras ocasiones a tiempo parcial, motivo por el que casi siempre llevan a cabo acciones de lobby mixto o de lobby antisocial.

Los que hacen lobby corrupto, tanto si trabajan para una sociedad dedicada a esa actividad como si son empleados de quien encarga el lobby, son delincuentes, normalmente de cuello blanco y que compaginan la actividad delictiva con la actividad lícita, por lo que en muy raras ocasiones se tienen que enfrentar a los tribunales por sus actuaciones delictivas.

En los países sajones, la actividad de lobista está regulada, y el lobista tiene que estar registrado, por lo que el político o el funcionario sabe que está recibiendo la información de alguien que vive de hacerlo. Esta regulación, aunque tiene el aspecto positivo de la transparencia de la actividad, no garantiza que los lobistas registrados no hagan habitualmente lobby antisocial ni que se abstengan de llevar a cabo, en ocasiones, acciones de lobby corrupto, lo que hace que solo sea algo menos mala que la situación en que la actividad sencillamente no está regulada, como ocurre en España.

Para que se redujera de forma relevante la posibilidad de acciones de lobby corrupto y de lobby antisocial, sería necesario que la actividad estuviera regulada y que, además, toda la información de lobby tuviera que darse por escrito de forma que, una vez tomadas las decisiones legislativas o administrativas, tuvieran que publicarse junto a ellas todas las informaciones, tanto a favor como en contra de la decisión tomada, proporcionadas por los lobistas así como la identificación de quien las haya proporcionado.