La nueva Ley Hipotecaria
que está en trámite como consecuencia de la iniciativa popular, y que además
debería corregir los fallos de la trasposición de la Directiva 93/13/CEE
puestos de manifiesto en la Sentencia de 14 de marzo de 2013 dictada por la
sala 1ª del Tribunal de Luxemburgo, lleva camino de ser una faena de aliño para
proteger de forma inequitativa los intereses de las entidades financieras, a
las que los partidos políticos con poder deben tanto.
Algunas de las
reivindicaciones de la plataforma promotora, si se llevaran a cabo tendrían
probablemente como consecuencia la reducción drástica del número de nuevas hipotecas
y de su importe máximo en relación con el precio de mercado del inmueble de que
se trate.
Creo que hay un camino
intermedio que consistiría en aplicar los siguientes criterios:
- Respeto de todas las cláusulas no abusivas de
las hipotecas actuales.
- Imposición, como derecho irrenunciable de las
personas físicas que las firmaran, de algunas cláusulas para las nuevas hipotecas
(dación en pago, tipo máximo de interés de mora).
- Regulación de la forma de anular las cláusulas
abusivas más habituales de todas y cada una de las hipotecas actuales (dejando
a la decisión del juez, en cada caso particular) las que no fueran explícitamente
incluidas en la nueva ley.
- Inclusión como causa de paralización de la
ejecución del desahucio, el uso en cualquier momento, por parte de la entidad
financiera, de alguna de las cláusulas abusivas contenidas en el contrato
inicial.
- Desaparición de los privilegios de las entidades
financieras hipotecarias en los casos de subastas por impago.
- Realización de un plan, obviamente al margen de
la ley hipotecaria, para realojar, en el mismo núcleo de población y con un
alquiler social, a todas las familias que pierdan su vivienda habitual en una
ejecución hipotecaria.
De esta forma, se
respetarían los derechos legítimos de las personas físicas o jurídicas que
tengan, o contraten en el futuro una hipoteca, también se respetarían los
derechos legítimos, pero sólo los legítimos, de las entidades financieras y se
daría una solución a las personas que por falta de medios se encontraran sin
vivienda ni posibilidad de conseguirla como consecuencia de no poder seguir
pagando la hipoteca.
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