El problema de las pensiones en España: ¿Cómo debería evolucionar el sistema?

Hay un acuerdo generalizado en que el actual sistema de pensiones no es sostenible, porque los pagos a realizar, aún en la hipótesis del mínimo aumento anual del 0,25% de las pensiones ya existentes, crecerán muchísimo durante las próximas décadas por el aumento del número de personas que cada año pasará a ser pensionista, mientras que los ingresos por cotizaciones no lo harán o lo harán en una proporción muy inferior.

En lo que hay serias discrepancias es en como reconducir el sistema, ya que una parte de la población piensa que el Estado puede asumir los sobrecostes y otra cree que el sistema en realidad sí que es sostenible, ya que se lo han oído decir a los partidos políticos, especialmente en épocas de elecciones y siguen escuchando ese mensaje incluso ahora que ya han sonado las alarmas porque la hucha de las pensiones se agotará, y faltará algo de dinero, cuando se pague la paga de diciembre de 2017.

Los que consideran que el Estado puede pagar todas las pensiones, manteniendo el actual sistema de cálculo para los nuevos pensionistas, probablemente no sean conscientes de que, si eso se hiciera así, habría que subir de forma muy relevante la recaudación de impuestos, ya que no sería sostenible pagar los sobrecostes con un aumento equivalente de la deuda pública.

Los que consideran que el Estado tiene todo el dinero que pueda necesitar, simplemente no conocen la realidad económica y prefieren pensar que si políticos de partidos muy diferentes lo dicen, es que será así.

Hasta ahora las modificaciones se han hecho con la máxima suavidad posible y dilatando varios años la aplicación de la repercusión total y, aún así, el sistema sigue sin ser sostenible. Pero el tiempo pasa inexorablemente y cada vez está más cerca el momento en que tendrá que comunicarse la cruda realidad a la población en general y a los que vayan a ser pensionistas en un futuro próximo en particular. En el caso en que las medidas se retrasaran excesivamente, (cosa que no parece que vaya a ocurrir porque se ha anunciado que para la próxima primavera el Pacto de Toledo presentará una propuesta de solución) podría ser necesario reducir la cuantía de las pensiones ya existentes, aunque esa medida sea, como lo es, contraria a la Constitución.

Las reformas que habría que acometer se pueden dividir en cuatro grupos diferentes: Modificación del sistema de cotizaciones, modificación del método de cálculo de las nuevas pensiones, traslado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de todos los pagos de prestaciones no contributivas que ahora satisface la Seguridad Social y formulación de las medidas complementarias que aseguren que los pensionistas con menores ingresos tengan cubiertas sus necesidades básicas (vivienda digna, alimentación suficiente, sanidad de calidad y movilidad a su alcance)

El problema de las pensiones en España: ¿Cuáles son las cuentas de los jubilados?

La pensión es, para la mayoría de los jubilados, el principal elemento de su economía, pero no el único, ya que para ellos también son muy importantes el acceso, y en su caso el coste para su bolsillo, a la asistencia sanitaria, el coste efectivo de la vivienda que ocupan y, en algunos casos, los ingresos que puedan provenir de otras fuentes.

Evidentemente la suficiencia de los ingresos para cubrir, la suma de los gastos totales y la disponibilidad efectiva del acceso a los servicios sanitarios que necesiten y a una vivienda digna, cuyo coste real para ellos ya está incluido en los gastos, es la base para establecer si los jubilados pueden llevar, o no, una vida digna. Harían bien los diputados responsables del Pacto de Toledo si analizaran todo este conjunto para hacer una propuesta razonable de reforma de las pensiones, reforma que muy probablemente debería abarcar algunos de esos otros aspectos, cuando aborden en un futuro muy próximo el problema.

En España, hasta la llegada de la crisis en 2007 una parte muy relevante de los pensionistas estaban en una situación satisfactoria a pesar de que la pensión media no era especialmente elevada. Eso era así porque para la mayoría de ellos la pensión estaba complementada por la disposición de una vivienda digna a un coste moderado, ya que la habían adquirido a lo largo de su vida, y el acceso a una sanidad pública que les cubría todo tipo de enfermedades con una calidad muy notable. En muy pocos casos la pensión estaba complementada por otro tipo de ingresos pero mucho más a menudo de lo que se piensa, en caso de necesidad económica o de atención, la familia o el núcleo más cercano cubrían estas necesidades.

La crisis de 2007, de la que todavía tardaremos unos años en salir, ha empeorado todos y cada uno de los apoyos de los jubilados, con la única excepción de la atención de los núcleos familiares y afectivos próximos: las pensiones han bajado en poder adquisitivo real para los jubilados, los costes de la vivienda les han aumentado, en particular por los aumentos desmesurados del IBI que los ayuntamientos han aplicado para compensar la reducción de otros ingresos, la sanidad ha empeorado de forma notable por la vía de las colas crecientes y de la reducción no declarada, pero efectiva, de las prestaciones menos urgentes y en cuanto a la ayuda económica de la familia cercana, también se ha reducido por la pérdida de ingresos de los familiares que están activos. En no pocos casos el sentido de esta ayuda se ha invertido y los jubilados emplean parte de su pensión en atender las necesidades de sus hijos y nietos afectados por el paro.

Por si fuera poco, la posibilidad de ingresos adicionales derivados del trabajo personal se ha reducido en los últimos años para no pocos colectivos de personas que obtenían ingresos por cuenta propia o por cuenta ajena. En la actualidad la compatibilidad de la pensión se limita a la actividad por cuenta propia, siempre que no se facture más del salario mínimo, y a la actividad por cuenta ajena de pensionistas que sean empleados por al menos el 50% del tiempo correspondiente a la jornada comp0leta, siempre que su jubilación se haya efectuado a la edad reglamentaria o más tarde y a cambio de reducir su pensión en el mismo porcentaje en que estén empleados mientras dure esa situación. Sólo se libran de esta limitación algunos colectivos, como los médicos o los abogados, que han logrado mantener la compatibilidad legal del cobro del 100% de su pensión con el trabajo por cuenta propia, sin límite de ingresos.

De cara al futuro, para que el sistema sea sostenible y a la vez sea posible que los jubilados complementen su pensión con ingresos adicionales procedentes de su trabajo personal y de esta manera su situación económica no tenga por qué ser peor que la que existía antes de la crisis para la mayoría de los jubilados, las modificaciones del sistema deberían incluir:

-  Sistema de cálculo de la pensión que tenga en cuenta la totalidad de las cotizaciones realizadas, la edad a la que se jubila la persona, la esperanza de vida del pensionista en el momento de jubilarse (exclusivamente según la fecha de nacimiento, pero sin tener en cuenta el sexo ni su estado de salud) y la suficiencia  por periodos plurianuales de los ingresos totales por cotizaciones para atender los pagos globales de pensiones contributivas.

-  Garantía de las prestaciones sanitarias, sin copago relevante para sus ingresos por pensión.

-  Garantía de vivienda a un coste razonable para sus ingresos por pensión.

-  Compatibilidad total de la pensión con otros ingresos procedentes del trabajo personal, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, sujetos al IRPF, y en su caso al IVA, y con obligación de cotizar a la Seguridad Social sólo si la edad del pensionista es inferior a  la edad de jubilación.

-  Establecimiento de un ingreso mínimo por pensión contributiva basado en una cesta de bienes y servicios austera pero suficiente (incluyendo, por ejemplo, el coste de la energía para mantener la casa en invierno a una temperatura razonable). Cuando la pensión calculada de un pensionista sea inferior a dicho ingreso mínimo, se le aplicaría el complemento a mínimos que corresponda, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y además se debería limitar el IBI máximo a pagar a un porcentaje del ingreso mínimo. Obviamente el complemento a mínimos se reduciría en la cuantía de las rentas adicionales que pudiera obtener por otras fuentes.   

El problema de las pensiones en España: ¿Pensiones públicas o privadas?

No son pocos los que consideran que el sistema de pensiones debería ser privatizado, aunque todos ellos evitan plantear que pasaría con los pensionistas actuales y con los que ya lleven unos cuantos años cotizados, simplemente porque ningún sistema privado podría hacerse cargo de los pagos ya comprometidos y de los derechos ya adquiridos por los cotizantes todavía en activo.

Muchos más proponen que las pensiones públicas se reduzcan a unas cuantías mínimas y que los futuros pensionistas las complementen con sistemas privados, aunque no se atreven a insinuar siquiera como sería el proceso de reducción progresiva pero drástica de las cuantías de las pensiones futuras. El motivo es el mismo, ya que no hay partido político que se atreva a proponer medidas de reducción que afecten de forma muy relevante a los pensionistas actuales y a los que se irán incorporando en los próximos años, seguramente porque son demasiados millones de votos que previsiblemente perderían.

Pero no por ello deja de ser importante el debate teórico de como se debería plantear el sistema de pensiones en un país que no lo tuviera y que deseara introducirlo, en la hipótesis de que quisiera hacerlo de forma equitativa y sostenible en el muy largo plazo.

Los sistemas públicos presentan, en mi opinión, muchas más ventajas que los privados, y muy especialmente para la parte de las pensiones que tenga carácter obligatorio, ya que proporcionan mucha mayor seguridad a los futuros beneficiarios de que llegado el momento efectivamente cobrarán su pensión, ya que el Estado podrá cambiar pero no desaparecerá fácilmente, cosa que no se puede asegurar con ninguna entidad privada en el plazo del orden de los setenta años que va desde que alguien inicia su cotización hasta que recibe el último pago de su pensión. Para responder a esta pregunta sólo hay que preguntarse qué porcentaje de entidades privadas desaparecen antes de cumplir los setenta años, al margen de que nadie puede asegurar que una entidad centenaria en la actualidad, siga existiendo dentro de setenta años, aunque sea una entidad financiera de gran tamaño (basta con recordar lo ocurrido con Lehman Brothers que estuvo activa desde 1850 hasta 2008 y desapareció súbitamente cuando su calificación de solvemcia era AAA, la más alta posible)

Pero no basta con que el sistema sea público, porque todos los sistemas públicos tienden a pagar las prestaciones actuales con los ingresos actuales (usan el llamado sistema de reparto) y no con el resultado del ahorro de las cotizaciones efectivamente pagadas por cada actual pensionista para pagar su pensión individual, y el sistema de reparto tiene un grave riesgo de convertirse a largo plazo en piramidal, salvo que el conjunto de las cotizaciones y las prestaciones se mantenga estable, o con variaciones siempre en el mismo sentido y con un ritmo también estable a lo largo del tiempo (por periodos de duración cercana al siglo)

Además, es muy deseable que el sistema sea equitativo, de manera que la cuantía mensual de la pensión individual que se reciba sea proporcional a la cantidad total contribuida y que, a la vez, la cuantía global de las pensiones también sea compatible, en periodos de bastantes años, con el volumen de ingresos por cotizaciones. El primer aspecto es fácil de conseguir, aunque en el caso concreto de España diste mucho de ser equitativo, ya que no lo fue desde su inicio y sigue sin serlo a pesar de las sucesivas reformas que lo han ido corrigiendo parcialmente, pero el segundo aspecto, la sostenibilidad del sistema a muy largo plazo, es mucho más complicado dado que requeriría tomar decisiones, a veces en cada legislatura, basadas en previsiones de al menos un par de décadas y es conocido el nulo interés que todos los gobernantes tienen en tomar decisiones que no gusten a los electores, salvo que sean estrictamente necesarias antes de las próximas elecciones.

Otro aspecto muy relevante es la tendencia a la inclusión, en las etapas de bonanza económica, del coste de buena parte de las prestaciones distintas a la pensión contributiva en la bolsa de éstas, de manera que son los cotizantes actuales los que las pagan junto al importe de las pensiones contributivas. Desde el punto de vista del gasto público total, el resultado es el mismo, pero desde el punto de vista de las cuentas de la Seguridad Social y de los segmentos de la población que soportan el gasto no lo es, por lo que es importante separar las cuentas de las prestaciones contributivas (que deberían pagarse con cargo a los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social) de las del resto de prestaciones que deberían pagarse con cargo a los ingresos por impuestos. Es bastante probable que en la próxima reforma de las pensiones, que tendrá que abordarse muy pronto porque muy pronto se agotará la "hucha de las pensiones" y no habrá dinero en la caja de la Seguridad Social para hacer frente a las pagas extras, se pase a los Presupuestos Generales de Estado el pago de buena parte de las prestaciones no contributivas, lo que servirá de justificación para una nueva subida de impuestos, aunque en este caso tendrá la ventaja de dar mayor estabilidad al sistema público de pensiones.

En cuanto a los complementos privados de pensiones, la condición más importante para que sean viables y estables en el tiempo es que sean voluntarios, aunque también ayudará que no supongan para los que los suscriban compromisos de ingreso o de no retirada de fondos de muy larga duración y por descontado que sean fiscalmente neutros.

Los sistemas actuales que hay en España, cumplen totalmente la primera condición ya que son voluntarios, solo parcialmente la segunda ya que aunque es fácil el cambio de una entidad a otra, la retirada de fondos para ser usados por el beneficiario antes de la edad de jubilación está limitada a los casos de invalidez o de paro prolongado, y no cumplen en absoluto la tercera, ya que añaden a una ventaja fiscal muy llamativa (el año que se hace una aportación, con unos límites prefijados, no se paga IRPF por la cantidad aportada) una posterior desventaja tremenda, ya que cuando se recibe el dinero, todo lo recibido tributa por el tipo marginal general del IRPF en vez de hacerlo por un tipo equivalente al de los rendimientos financieros, lo que supone pagar tipos superiores entre el 10 y el 25% por el dinero recibido.

Este sistema de tributación es el resultado de una tributación mucho más razonable establecida cuando se introdujeron los Planes de Pensiones (sólo se tributaba, eso sí al tipo marginal, por el 60% del dinero recibido, con lo que en la práctica se igualaba como media el tipo efectivo pagado al de los rendimientos financieros) modificada en la etapa de Zapatero para hacer pagar más a los que decidieran retirar todo el dinero al llegar a la jubilación y a los que, sin hacerlo, tuvieran simultáneamente pensiones más altas y recibieran complementos por los Planes de Pensiones.

A futuro sería mucho más razonable dar a los Planes de Pensiones el tratamiento general del IRPF, es decir no deducir nada en el año de la aportación y tributar por los rendimientos financieros cuando se obtuvieran ingresos, pero eso les quitaría atractivo en el momento de hacer aportaciones que no será fácil compensar con la percepción de obtener unos rendimientos mayores a largo plazo, ya que la experiencia no es precisamente la de que los planes de pensiones tengan, para los beneficiarios, unos rendimientos acumulados que superen a la inflación.

En resumen, lo mejor para la sociedad y para la inmensa mayoría de los futuros pensionistas, es disponer de un sistema público de pensiones, obligatorio, equitativo y sostenible que proporcione una pensión suficiente para cubrir las necesidades razonables de los jubilados y que, de forma voluntaria, pueda ser complementado por otros sistemas privados de ahorro que permitan a quienes los hayan adoptado disponer de unas rentas adicionales para elevar su nivel de vida en su etapa de jubilados.

El problema de las pensiones en España: Aspectos principales

Dada la actual situación de dificultad inusitada para la formación de un gobierno estable, las menciones al problema de las pensiones por parte de los partidos políticos han sido durante este año escasas y poco claras, dado el pavor que tienen a perder votos si plantearan el problema con un mínimo de sensatez. De hecho las menciones, casi de refilón, se han hecho con motivo del recurso obligado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como "hucha de las pensiones", cada vez que se tiene que satisfacer a los pensionistas la paga extra al final de cada semestre, fondo que se habrá gastado totalmente antes de dos años, algo antes de lo previsto en el informe de los expertos de 2013 que lo preveía para 2019.

Sin embargo, gobierne quien gobierne, en la primera legislatura con gobierno no provisional, y más bien al principio que al final, será necesario que el Pacto de Toledo tome decisiones al respecto, aunque una vez más es más que probable que se limite a poner un nuevo parche que permita pasar el problema a la siguiente legislatura.

La reforma de las pensiones, que antes o después tendrá que abordar el problema con un horizonte más amplio que la duración de una legislatura, debería garantizar su estabilidad a medio y largo plazo, pero también debería garantizar, con medidas complementarias a las pensiones contributivas, que ninguna persona quede en una situación de pobreza acusada al terminar su etapa vital de actividad laboral.

Esta reforma, que sin ninguna duda obligará a aumentar el número de años de cotización media de los futuros pensionistas y a calcular la pensión de cada persona en función de la cotización total que haya realizado a lo largo de toda su vida laboral.

También tendrá que establecerse que la percepción total de las pensiones contributivas de cada periodo plurianual (por ejemplo de cinco años) sea equivalente a la cotización total ingresada en el mismo y que las prestaciones no contributivas (incluidos los complementos a mínimos que existan) sean pagados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Será muy importante que el sistema de pensiones contributivas siga siendo público, única forma de evitar que queden desamparados los afectados por las eventuales quiebras o rentabilidades negativas de las compañías privadas que gestionen los ahorros para la vejez.

Asimismo, será necesario facilitar que se pueda completar la pensión pública, de forma totalmente voluntaria, con otros sistemas de ingresos basados en la gestión privada del ahorro y en el establecimiento de la total compatibilidad de la pensión contributiva con la actividad laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena, del pensionista. Será la decisión de cada persona, que obtendrá lo que corresponda a su acierto o desacierto y a su esfuerzo. 

Sin embargo, las pensiones y prestaciones públicas, universales y suficientes para subsistir, tienen que continuar o nuestra sociedad habrá retrocedido, en términos de protección social, a una situación inadmisible.