Consecuencias de una eventual secesión unilateral de Cataluña (IV) Efectos sobre el sistema financiero.

El sistema financiero será el que más rápidamente notará los efectos de una declaración unilateral de independencia, porque el dinero es cobarde, muy cobarde, y huye de los lugares en los que intuye que pueda tener problemas. ¿Cuántos miles de millones de euros han pasado de cuentas situadas en oficinas de Cataluña a otras situadas en el resto de España, en la misma entidad o en otra diferente? Y esto no ha hecho más que empezar cuando todavía no se han realizado las elecciones al Parlamento autonómico catalán.

La salida de depósitos de Cataluña será mucho mayor si de las elecciones sale un parlamento con mayoría de escaños independentistas y también podría empezar el éxodo hacia otros países si la situación en España se complicara más adelante.

Mucho antes, sin embargo, los bancos con sede social en Cataluña y una parte relevante de su negocio en el resto de España deberán definir su postura, con la dificultad que supone el saber que, sea cual sea ésta, tendrá un coste elevado en términos de pérdida de negocio.

El gobierno de Cataluña deberá velar para evitar la quiebra de las entidades financieras catalanas y, por otra parte, es muy probable que cree una entidad pública para atender las necesidades de financiación de las familias, autónomos y pequeñas empresas, y el gobierno de España deberá esforzarse para evitar una nueva crisis en algunas entidades.

Si la secesión unilateral de hecho fuera una realidad, cada una de las entidades financieras que sigan operando en los dos lados tendrán que tener una ficha bancaria en cada país y seguir las reglas del mismo.

Los siguientes problemas son evidentes:

-       Los depósitos en la República de Catalunya dejarían de tener el paraguas del Fondo de Garantía español, y el nuevo gobierno catalán tendría que instituir un nuevo fondo para evitar la enorme pérdida de depósitos que supondría no tener ninguno, para lo que tendría que hacer frente al enorme reto de hacerlo de forma inmediata, lo que le impediría recurrir a que sean las propias entidades financieras las que le doten con el capital suficiente en una primera etapa.

-       Las entidades financieras del nuevo país tendrían serias dificultades para obtener financiación internacional, ya que no podrían acudir ni al BCE ni al FMI, por lo que sus posibilidades de financiación se reducirían a lo que pudieran obtener en el mercado interior, en dura competencia con la deuda pública catalana que intentaría captar muchos recursos para hacer frente a sus obligaciones.

-       Las entidades financieras de España tendrían que hacer frente, previsiblemente, a un encarecimiento de su financiación por el más que probable aumento de la prima de riesgo y la competencia con la deuda pública española ante el más que probable aumento del déficit publico derivado de la secesión.

-       La financiación para las empresas y familias se reduciría en ambos lados y también sería más cara, lo que supondrá un lastre añadido para el crecimiento económico.

-       La posibilidad de un corralito en Cataluña crecería y también lo haría, aunque en menor medida, en España, porque digan lo que digan los políticos para evitar que la gente se asuste, lo cierto es que la experiencia de Grecia ha demostrado que un corralito en un país de la Eurozona es posible si los depósitos huyen de ese país en cantidad suficiente.

 
El resultado inevitable de una secesión de ese tipo sería que, durante una buena temporada, el sector financiero sería un lastre más que impediría el deseable desarrollo de la economía en ambos lados.

Consecuencias de una eventual secesión unilateral de Cataluña (III) La moneda de la Cataluña independiente

En principio hay dos posibilidades para resolver el tipo de moneda que use la eventual República de Catalunya que, al no formar parte de la UE, estaría obviamente fuera de la zona euro:

En un primer momento, la única solución posible es que se mantenga el euro como unidad de cuenta y como moneda de pago, ya que una nueva moneda no se puede instituir de la noche a la mañana. Sin embargo es obvio que las ventajas de mantener el euro como unidad oficial de cuenta (moneda fuerte y de uso en gran parte de los países de su entorno) van acompañadas de no pocos inconvenientes, ya que Cataluña la usaría como lo hacen Andorra, Mónaco o San Marino. 

Estos inconvenientes son la imposibilidad de tener una política monetaria propia (la haría el BCE sin ni siquiera la presencia de las autoridades catalanas) la ausencia de financiación pública por la emisión de moneda, cuyo único coste es el de emisión y renovación de los billetes y monedas, la imposibilidad de que los bancos con sede en Cataluña, aunque sean matrices o filiales de otros bancos que operen en la zona euro, se financien con créditos del BCE para sus operaciones en Cataluña y la necesidad de pagar por los créditos que se puedan obtener del exterior, tanto si son para el sector público como si lo son para el privado, el tipo de interés que marque la prima de riesgo que los mercados internacionales le pongan en cada momento a Cataluña.

En esta situación, es de esperar que, durante todo el periodo transitorio que transcurra desde que se conozcan los resultados de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, en el caso de que den lugar a una mayoría de escaños independentistas y la situación de independencia de hecho, se produzca un enorme trasvase de fondos desde cuentas en oficinas situadas en Cataluña hacia cuentas en oficinas de otros lugares de España y, en mucha menor medida, hacia cuentas en otros países. 

Si los trasvases no suponen un cambio radical de depósitos hacia entidades financieras con sede fuera de Cataluña, los efectos inmediatos sobre el sistema financiero serían irrelevantes, pero si no fuera así, alguna de las entidades Catalanas podría tener serios problemas de liquidez ya en este periodo.

Si transcurrido un cierto periodo de tiempo resultara imposible para el gobierno catalán obtener la financiación que necesite entre los préstamos del interior y del exterior, es probable que se plantee introducir su propia moneda. Las ventajas serían una capacidad de financiación relevante en un primer momento, a un coste absolutamente marginal y sin necesidad de devolver el principal, la posibilidad de implantar su propia política monetaria y de tipos de cambio (en éste último caso salvo que optara por dejar fluctuar libremente a la nueva moneda en los mercados internacionales) y también la de poner el tipo de interés que desee a las emisiones de deuda pública en la nueva moneda. Los inconvenientes serían la dificultad de conseguir la convertibilidad de la nueva moneda, que llevaría a un inevitable control de los cambios de moneda para todas las actividades y el incremento de costes para todas las operaciones con divisas que dificultaría la actividad económica. 

Cualquiera de las dos opciones es claramente peor para la economía catalana que la continuidad en la zona euro, ya que su capacidad de financiación se reduciría mucho y los costes de la misma serían previsiblemente muy elevados tanto para el sector público como para el privado, y entre las dos la que sería menos mala es el uso del euro como moneda, que sería menos mala para todos excepto para los políticos que gobiernen la economía del nuevo país, ya que con ella perderían muchas de las herramientas de política económica que tienen las autoridades económicas.

Consecuencias de una eventual secesión unilateral de Cataluña (II) Efectos sobre las pensiones

Probablemente los efectos sobre las pensiones actuales y futuras serán los que más perjudiquen de forma directa y tangible a los ciudadanos de las dos partes, especialmente a los que tengan actualmente más de 50 años. A la vez, la complejidad de las soluciones que se puedan adoptar por parte de los gobiernos es también enorme, porque los de las dos partes necesariamente legislarán al respecto para adaptarse a la nueva situación.

Respecto a las pensiones actualmente reconocidas, no es fácil imaginar una situación distinta de la continuidad de los pagos de la Seguridad Social española a todos los pensionistas, al menos a los que tienen una prestación contributiva, tanto si después de la independencia residen en 

Cataluña como si lo hacen en cualquier otro territorio y al margen de la nacionalidad que tengan en cada momento.

En esta hipótesis, la carga para la caja única de la seguridad social española sería tremenda ya que, por el concepto de pensiones seguiría pagando casi lo mismo en un primer momento, pero habría perdido los ingresos por las cotizaciones de los trabajadores catalanes a partir de la independencia.

Además, se irían añadiendo las pensiones contributivas de los nuevos pensionistas que residiendo en Cataluña fueran llegando a la edad de jubilación. Sólo se irían descolgando aquellos que o sólo tuvieran derecho a prestaciones no contributivas o dejaran de cumplir las condiciones para acceder a la pensión contributiva, en concreto por no haber cotizado al menos durante dos de los últimos cinco años previos a la jubilación, motivo por el que esta causa apenas tendría efectos durante los tres primeros años.

Por descontado, sea cual fuere el gobierno que haya en España, estará obligado a reformar de forma muy relevante el sistema de pensiones, ya que el déficit sería insostenible, en España, al cabo de unos pocos meses. 

Las reformas más probables serían en primer lugar la del IRPF, que probablemente aumentaría el tipo impositivo a las rentas de trabajo de los no residentes derivadas de pensiones (actualmente el 8% hasta 12000 euros anuales, el 30% entre 12000 y 18700 euros y 40% de la cantidad que supere los 18700 euros) y pondría una retención en la fuente que cubriera totalmente el nuevo impuesto. Esto afectaría a los pensionistas de la SS española no residentes en España, tanto si su nacionalidad fuera la catalana como si fuera la española o cualquier otra.

En una situación así, es de esperar que el gobierno catalán legisle para compensar a los pensionistas catalanes por la reducción neta de sus pensiones, cosa que podría hacer sin demasiados problemas durante los primeros años, teniendo en cuenta que la presión de las pensiones que tuviera que pagar sería al principio muy reducida en relación con las cotizaciones que reciba.

La recuperación vía IRPF de una parte de las pensiones pagadas a los residentes en Cataluña difícilmente cubrirá la totalidad del déficit generado por la secesión, ni siquiera una parte mayoritaria del mismo, ya que no sería lógico poner un tipo marginal superior al máximo del IRPF para residentes, motivo por el que sólo cabría que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se hicieran cargo del déficit efectivo que resultara, con el consiguiente aumento impositivo para el conjunto de la población o, alternativamente que se redujeran las pensiones o una mezcla de ambas cosas que sería probablemente la opción elegida.

Socialmente es más que probable que se indujera a una mayor elección de la nacionalidad catalana por parte de los pensionistas allí residentes, mediante el incentivo de evitar la merma de su pensión neta y, simultáneamente y por el mismo motivo, el retorno a España de la mayoría de los pensionistas que desearan mantener la nacionalidad española y la ciudadanía europea, con la consiguiente fractura social por la separación geográfica de muchos pensionistas respecto a sus descendientes.

A medida que fueran pasando los años, cada vez sería menor el número de residentes en Cataluña que tuvieran derecho a la pensión contributiva española y los gobiernos catalanes deberían legislar para asegurar a los trabajadores residentes en Cataluña con una larga carrera de cotizaciones antes de la independencia, pero insuficiente a partir de ésta, que su pensión al llegar a la edad de jubilación fuera una pensión razonable para el conjunto de su cotización.

Las reformas en los sistemas de pensiones de ambos países serían inevitables y muy profundas y, con gran probabilidad, serían aprovechadas para un recorte adicional del conjunto de las pensiones que permitiera mantener el sistema de cada país equilibrado durante las próximas décadas.

En resumen, la secesión afectaría de forma directa reduciendo la pensión neta (esto es después del IRPF) a la mayoría de los pensionistas actuales, residan donde residan, y también de los pensionistas futuros durante varias décadas, a la vez que podría inducir movimientos migratorios no deseados de pensionistas residentes en Cataluña hacia otros lugares de España.

Consecuencias de una eventual secesión unilateral de Cataluña (I) Introducción

La eventual secesión unilateral de Cataluña supondría una cascada de consecuencias económicas y sociales que, en buena parte, serían negativas para amplias capas de la población tanto de Cataluña como del resto de España.

En esta serie de entradas, intentaré hacer un análisis de las consecuencias en algunos de los principales aspectos económicos para cada una de las dos partes resultantes de la segregación.

Mi intención es hacer un análisis lo más objetivo posible, pero soy consciente de que mi percepción personal de los aspectos que analice puede estar influida por mi visión particular de la cuestión, que deseo hacer explícita para que los lectores la conozcan.

Soy madrileño casado con una catalana desde hace cuarenta años, ella es independentista de toda la vida y hemos vivido juntos ocho años en Cataluña y el resto en Madrid, y ahora que ambos estamos jubilados pasamos mucho tiempo en cada uno de los dos lugares. Yo, al contrario que mi mujer, considero a Cataluña una parte de mi tierra, especialmente querida por los lazos familiares y de amistad que me unen a ella (para ella sólo Cataluña es su tierra) La mitad de los antepasados de mis hijos están enterrados en el pueblo de mi mujer y por esas y algunas otras razones, soy totalmente partidario de que Cataluña siga formando parte de España. Creo conocer con bastante profundidad las razones, los sentimientos y los argumentos de los independentistas de buena fe, que creo que son la mayoría.

Los aspectos concretos que desarrollaré en las sucesivas entradas son las pensiones, la moneda de la Cataluña independiente, los efectos sobre el sistema financiero y los efectos sobre el comercio exterior y el PIB.

Para terminar esta introducción, expondré las consecuencias políticas  y económicas que considero más probables en caso de una declaración unilateral de independencia, seguida de una situación de independencia de facto de lo que llamaré la República de Catalunya, a la que el resto de España sería hostil.

De acuerdo con los Tratados de la Unión Europea, según la interpretación dada por el Presidente de la Comisión, órgano éste que es el encargado de interpretar los tratados, éstos dejarían de aplicarse al territorio de la República de Catalunya desde el mismo momento en que la independencia de hecho fuera una realidad.

Los ciudadanos de nacionalidad española residentes en Cataluña mantendrían su nacionalidad en tanto en cuanto no adquirieran la nacionalidad catalana y, mientras estuvieran en esa situación, serían considerados a efectos fiscales no residentes en España. En el momento en que adquirieran la nacionalidad catalana, perderían la española, al menos mientras no exista un convenio que permita la doble nacionalidad entre ambos países, convenio difícil de adoptar mientras la posición de España fuera hostil al reconocimiento del nuevo estado, lo que tendría como consecuencia automática la pérdida también de la condición de ciudadanos de la UE.

Como consecuencia de ser un país tercero para la UE, sin ningún tipo de acuerdo con ella en el momento de la independencia, las fronteras actuarían en ese sentido tanto para el paso de personas como para el de bienes y servicios, y se aplicaría automáticamente el Arancel Común de la UE para todas las importaciones procedentes de Cataluña, a la entrada en cualquier país de la UE, además de añadirse en la propia entrada toda la burocracia que se aplica en esos casos.

La separación de España supondría que las empresas catalanas ya no venderían al mercado español en las condiciones del mercado único que ahora existe, por lo que el comercio entre ambas partes se reduciría drásticamente. Con el resto de la UE se reduciría, aunque en menor proporción, ya que sólo les afectaría la pérdida de competitividad derivada de la aplicación del Arancel Común y del cumplimiento de los trámites burocráticos adicionales. Con el resto de países del mundo, las exportaciones se reducirían por la pérdida de la aplicación de los convenios bilaterales y multilaterales que tiene la UE con otras áreas o países. Para las empresas españolas, el efecto sería la reducción drástica de sus ventas a Cataluña, en una proporción igual o superior a la de la reducción de las compras.

El sistema financiero también se vería afectado por la secesión, con el efecto más que probable de un aumento relevante de la prima de riesgo española, al menos en un primer periodo, y una dificultad extrema de financiación desde el exterior para la economía catalana, durante un periodo previsiblemente largo.