La inflación, que fue el punto débil continuado
de nuestra economía mientras los sucesivos gobiernos tuvieron la posibilidad de
devaluar la moneda, está ahora contenida, lo cual es una excelente noticia
(excepto para los políticos que desearían que fuera mayor para tener menos
problemas)
Aunque es obvio que el nivel de precios no
constituye ningún problema en la actualidad (al contrario es muy positivo) cada
cierto tiempo salen noticias que nos avisan de los graves riesgos de la
deflación, que coinciden con la publicación de datos estadísticos que muestran la
reducción del nivel de precios, que intentan convencer a la población de que lo
deseable es tener una inflación del orden del 2% anual, que coincide con la previsible
previsión que nos ofrece año tras año el Banco Central Europeo. En realidad lo más favorable es tener una variación media del nivel de precios próxima a cero, de forma que variaciones anuales del nivel de precios comprendidas entre una bajada del 2% y una subida del 2% son las mas mejores para el conjunto de los ciudadanos.
Los supuestos riesgos de la bajada de precios se
explican por la reducción del consumo de cualquier producto que supuestamente
se produce cuando todo el mundo espera que ese producto baje de precio en el
futuro. Esta afirmación sólo se sostiene con algunos tipos de bienes (casi
nunca de servicios) que tienen que cumplir uno o varios de los siguientes
criterios: Un precio muy elevado para el poder adquisitivo de los potenciales
compradores (como por ejemplo las viviendas) y la posibilidad de retrasar su
compra por un periodo largo de tiempo sin que ello afecte de forma relevante a
la calidad de vida del potencial comprador (el caso más habitual son, para la
mayor parte de los consumidores, las novedades tecnológicas de productos no
fundamentales, normalmente dedicados al ocio)
Para el resto de los productos, la convicción de reducciones
de precio futuras que sean relativamente moderadas no afectarán de forma muy
relevante a la demanda. Los ejemplos más claros para los consumidores son los
equipos informáticos y de comunicación social que siguen una senda de reducción
de precios continuada desde hace décadas. Por ejemplo, yo compré mi primer PC
en 1989 (de 64 K de memoria RAM y 10 megas de disco duro, no es un error,
sistema operativo MS DOS 3.0) que acompañado de una impresora me costó 150.000
pesetas (900 euros) algo menos del precio, en moneda corriente, que hoy me costaría
un PC con una capacidad varios cientos de veces mayor, y por supuesto en los 25
años transcurridos me he ido comprando sucesivos equipos de prestaciones cada
vez mayores pero con un precio que machaconamente ha estado en el entorno de
los 900 euros y no parece que la industria informática haya reducido sus ventas
en número de unidades vendidas, muy al contrario sus ventas han crecido de
forma espectacular.
Otro caso no tan exagerado en cuanto a la reducción
de precios en moneda corriente acompañada de un aumento tan espectacular de las
prestaciones es la venta de turismos, cuyos precios medidos en número de meses
de sueldo (después de impuestos) necesarios para pagarlo también se ha ido
reduciendo progresivamente a la vez que aumentaban las prestaciones de los
vehículos vendidos.
¿Por qué razón, entonces, los políticos prefieren
un aumento del nivel de precios, siempre que éste no sea exagerado?
La razón no es una, sino varias y muy poderosas,
que tienen la característica común de permitirles gastar más dinero público sin
que la población se de cuenta.
La primera es que la inflación lleva asociada un
aumento de los tipos impositivos efectivos sin necesidad de cambiar los tipos
nominales, lo que lleva a un aumento de recaudación que los responsables de las
haciendas públicas conocen como aumento de la fiscalidad en frío. Este aumento
de la fiscalidad es, obviamente, tanto mayor cuanto más elevada sea la
inflación, motivo por el que en épocas de una inflación más elevada no es
infrecuente la modificación a la baja de los tipos impositivos del impuesto
sobre la renta, modificación que en realidad lo único que hace es que el
aumento de la fiscalidad no sea tan elevado. Además, este impuesto adicional,
que todos pagamos en mayor o menor medida, tiene la característica de castigar
con mayor dureza a los económicamente más débiles de forma que, aunque ningún
político lo diga en público, es un impuesto tremendamente regresivo.
La segunda es que cuando se anuncian los aumentos
de las pensiones o de los sueldos de los trabajadores públicos se produce una
ilusión de aumento del poder adquisitivo que dura lo que la inflación y el
aumento de los tipos fiscales efectivos tarda en comerse los aumentos
nominales.
La tercera es que la deuda pública de cada país
se suele expresar en términos de tanto por ciento del PIB, motivo por el que
los gobiernos pueden tener un déficit igual a la inflación sin que se note que
la deuda pública aumenta, y eso permite a los gobernantes disponer de más
dinero público para gastar para intentar asegurarse sus poltronas cuando
lleguen las siguientes elecciones.
Por esos motivos los políticos desean, aunque no
lo digan, una inflación del orden del 5% anual que es una cifra que sin ser
escandalosa les permite obtener los mejores resultados para sus intereses, a
costa del empobrecimiento de los ciudadanos, especialmente de los que tienen un
menor poder adquisitivo.
Otro aspecto que los políticos nunca comentan es
que en el IPC no entran los aumentos de los impuestos y tasas (a excepción del IVA),
ya que los servicios públicos que se pagan de esta forma no se cuentan como
consumo, y por tanto parece que el aumento de estos no afecta al poder
adquisitivo aunque en la realidad si que lo hace, como sabemos todos los ciudadanos.
Por fortuna para los países del sur de la UE,
como el nuestro, en Alemania le tienen auténtico pavor a la inflación, y por ese
motivo nunca admiten que la previsión de inflación supere el 2% lo que es una
excelente vacuna para que nuestra inflación no se acerque al soñado, por los
gobernantes, 5% (pero temible para los ciudadanos)
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