Los aspectos políticos son muy importantes para entender por qué las centrales nucleares se instalan en unos países mas que en otros y por qué razones sociedades próximas tienen opiniones mayoritarias muy diferentes.
Francia, por ejemplo, es un país en el que se ha maximizado la potencia nuclear instalada. El desarrollo inicial se debió al interés del General de Gaulle, entonces Presidente de la República, de contar con su propia fuente de plutonio para el desarrollo de armas nucleares (el plutonio es uno de los elementos radioactivos que se producen en mayor cantidad en las centrales nucleares y se puede reutilizar tanto como combustible para determinados tipos de reactor de centrales nucleares como ara la elaboración de armas nucleares)
Francia no solo obtiene la mayor parte de la electricidad a partir de centrales nucleares, sino que además cuenta con la sociedad civil mas proclive al uso masivo de la energía nuclear, porque la industria nuclear tiene un impacto económico muy importante, que es apreciado por la mayor parte de la sociedad francesa como muy positivo para su economía.
Italia, por el contrario, carece de centrales nucleares comerciales, porque la sociedad italiana decidió en un referéndum prohibir su instalación (y tuvieron que pagar los gastos ya realizados y comprometidos en las centrales que estaban en aquel momento en proyecto o en construcción)
España está en una situación intermedia, ya que tiene un parque apreciable de centrales nucleares, aunque muy inferior al francés, y una sociedad civil en su mayor parte contraria a las centrales nucleares, lo que permitió, o quizás indujo, a Felipe González a decretar una moratoria nuclear que supuso, como en Italia, el pago de los gastos ya realizados y comprometidos en las centrales afectadas (pago que por cierto todavía estamos haciendo cada mes en la factura de la electricidad)
Dado el rechazo popular que existe en nuestro país por parte de una parte muy relevante de la población, el lobby pronuclear gasta cantidades muy importantes de dinero en intentar variar la opinión pública, intentando hacer creer a la población que la energía nuclear es la mejor opción para la nueva potencia de generación de electricidad, ya que según ellos es la fuente más segura, mas barata y mas limpia de entre las posibles. Para ello hacen propaganda de todo tipo y para ellos utilizan no solo las vías publicitarias habituales, sino que se esfuerzan en ganar para su causa a importantes comunicadores y políticos, incluido Felipe González, a fin de cubrir todos los frentes.
Se olvidan. Seguro que “involuntariamente” de exponer las realidades menos presentables: el problema de los residuos, todavía no solucionado en términos de unas exigencias que tengan en cuenta unos plazos máximos razonables, el problema del riesgo (acrecentado por una política de opacidad total, incluso contraviniendo la regulación existente, ante los incidentes que se producen en las centrales nucleares, sea cual fuere el país en el que ocurra o su grado de importancia, como se ha podido comprobar en el reciente caso de la central de Fukushima o en el menos reciente, y muchísimo menos importante, caso de la central española de Ascó)
Manipulan respecto a las repercusiones económicas para el consumidor, ya que intentan hacer creer que los menores costes de producción de las centrales que están funcionando repercuten en una reducción del precio que pagan los consumidores finales, cuando esa repercusión no existe, y también respecto a los plazos necesarios para que una nueva central nuclear que eventualmente se aprobara en España pudiera empezar a enviar electricidad a la red (plazo que se puede estimar entre los quince y los veinte años) y respecto al coste de la electricidad generada por esas hipotéticas centrales que, como en este caso serían superiores a los de la electricidad convencional, si que se pasarían a la factura de los consumidores.
Todo apunta a que el gravísimo incidente de la central de Fukushima hará que los políticos sean mucho mas reacios no solo a la aprobación de alguna central nueva, sino al mero hecho de debatir públicamente esa posibilidad, por el coste de votos que les podría suponer en sucesivas convocatorias electorales, por lo que la llave política será la que de nuevo cierre con siete candados la puerta de la aprobación de nuevas centrales en España.
2 comentarios:
El plazo de 15 a 20 años para enviar electricidad a la red me parece muy exagerado desde el punto de vista de la ingeniería y la construcción. Solo me parece factible si se complicaran los permisos por la negativa popular, y en este caso el plazo sería imprevisible. ¿Podrías ampliar un poco las razones por las que das este plazo tan amplio? Muchas gracias.
Teniendo en cuenta que en España no se ha homologado ningún nuevo proceso de generación de energía eléctrica en centrales nucleares desde la moratoria de la época de Felipe González, el proceso a seguir para poder instalar una nueva central requiere tres pasos fundamentales: la homologación del proceso que se vaya a utilizar, la inclusión del proyecto en la planificación energética que aprueba el Consejo de Ministros cada cinco años, pero que tiene una revisión intermedia (esta inclusión supone que no hay oposición del gobierno para dar las licencias de construcción primero y operación después) y finalmente la construcción y puesta en operación.
El plazo mínimo que he sugerido de 15 años está basado en que cada uno de los pasos se haga en el menor plazo posible, para lo que los dos primeros deberían hacerse de forma solapada.
Los eventuales promotores deberían iniciar ya el proceso de exploración de la viabilidad de obtención de la aprobación política (lo que en ningún caso se podría hacer público antes de las próximas elecciones generales) el montaje del grupo inversor que estuviera dispuesto a pagar los gastos necesarios en esta fase preliminar, la elección del proceso a emplear y negociación con el licenciatario escogido, el montaje del esquema de financiación a largo plazo del proyecto y, en su momento pero lo antes posible, el inicio del proceso de homologación del proceso elegido.
Considero que el plazo mínimo para hacer todo esto y estar en condiciones de iniciar el proceso de homologación es de tres años (teniendo en cuenta que antes de las próximas elecciones generales nada de ello se puede hacer público)
La homologación del proceso requiere un plazo mínimo de cinco años (suponiendo que no haya resistencia pasiva de origen político, esto es con el Consejo Superior trabajando a buen ritmo de forma ininterrumpida y sin dilaciones innecesarias), pero este proceso se podría solapar con la inclusión en la planificación energética del gobierno de forma que la inclusión oficial coincidiera en el tiempo, mes arriba mes abajo, con la homologación del proceso.
Finalmente quedaría el plazo de construcción y puesta en operación comercial, que difícilmente puede ser inferior a siete años, con lo que se llega al plazo mínimo de 15 años.
Al plazo de 20 años se llegaría suponiendo que no todos los pasos se hacen a la máxima velocidad y que la decisión de iniciar en serio el proyecto se retrasara dos o tres años, que el proceso de homologación se dilate un año mas del plazo mínimo (lo que no sería extraño después de lo ocurrido en Japón) y que la construcción también requiriera un año mas.
De todas formas, mi opinión personal, cualitativa, es de plazos aún más dilatados, ya que el accidente de Fukushima puede suponer que cualquier debate serio para poner una nueva central nuclear en España se retrase un par de décadas, tiempo necesario para que se terminen de construir las centrales que ahora están en proyecto y para que hayan tenido una vida operativa suficientemente larga sin accidentes ni incidentes (espero)para que la oposición popular no sea determinante.
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