España destaca, por desgracia, por su muy elevada tasa de paro, se mire como se mire y se compare con quien se compare.
Hay sin embargo algunos aspectos que permiten matizar algo las terribles cifras y, en algún caso, sugerir alguna medida que pueda paliar, en el futuro, el problema:
- Los portavoces del Gobierno, directos e indirectos, han empezado a decir que si en lugar del número de ocupados se compararan las horas trabajadas, los datos de nuestro país no serían tan negativos en relación con los de nuestros vecinos, porque en esos países reparten mejor el trabajo en las épocas de escasez. Sea cierto o no, aunque parece que en buena medida lo es, el reparto del trabajo existente se presenta como una vía a desarrollar para paliar el problema. No debería ser muy complicado adaptar la normativa de la seguridad social para conseguir que no fuera más costoso para los empresarios reducir temporalmente las horas trabajadas por un conjunto relevante de su plantilla que despedir a una parte de ella, siempre con una reducción similar del conjunto de las horas trabajadas; los trabajadores seguro que en la inmensa mayoría de los casos estarían de acuerdo en repartir el esfuerzo entre todos y la seguridad social debería colaborar no pretendiendo ahorrarse el 100% del coste de las prestaciones de desempleo evitadas.
- Otro lugar común, éste de muy difícil cuantificación, es el que dice que la mayor parte de los nuevos parados está, en realidad, trabajando en la economía sumergida, con lo que los supuestos parados ganan más que si no hubieran perdido el empleo, especialmente mientras cobran el subsidio de desempleo. Es más que probable que la economía sumergida sea en nuestro país más elevada que en la mayoría de nuestros vecinos y parece razonable pensar que en etapas de crisis económica haya más economía sumergida que en épocas de bonanza pero, en todo caso, parece exagerado pensar que la actividad económica total, declarada y sumergida, apenas se haya reducido, porque hay excesivos indicadores, el más importante de todos el consumo final de bienes y servicios, que indican lo contrario. Corresponde al Gobierno eliminar las trabas, legales pero absurdas, que se oponen al desarrollo de actividades lícitas, mediante exigencias burocráticas no justificadas, por parte del Gobierno central, del autonómico o del municipal y, también, realizar el control efectivo que dificulte la economía sumergida.
Hay otros aspectos macroeconómicos, derivados del incremento del paro que también son muy relevantes. El más curioso es el crecimiento de la productividad de nuestra economía (que debería decirse siempre con el nombre completo productividad aparente del factor trabajo para ser siempre conscientes de que es un dato aparente y que por tanto sólo da una idea de la realidad en situaciones de estabilidad del resto de los factores) que va asociado a la reducción del número de personas ocupadas por dos motivos, uno real (si se quedan sin ocupación personas que tenían poco trabajo, es razonable que crezca la productividad media de los que quedan) y otro ficticio, ya que las personas que se han quedado en esta crisis sin trabajo son, en mayor proporción, las que tienen menor cualificación y, en consecuencia, aunque el resto de las personas ocupadas mantengan su productividad anterior, la productividad media también aumenta, pero lo hace de forma aparente.
También debe incluirse en los aspectos macroeconómicos inducidos por el aumento del desempleo, más concretamente por el temor de los que siguen ocupados a perder su ocupación en un futuro no muy lejano, la reducción del consumo de las familias que no han visto mermados sus ingresos que, en estos casos tiene su compensación exacta en el aumento del ahorro familiar, que está siendo espectacular ya que ha pasado de 8 al 18% de la renta familiar disponible, ahorro que en muchos casos es aplicado directamente a la reducción de la deuda de las mismas familias que lo aumentan.
Otros aspectos, no menos relevantes por la repercusión que tienen en el conjunto de la actividad económica, son la reducción de los nuevos créditos obtenidos por las familias (algunos de forma voluntaria, asociados a la reducción de sus compras, y otros debido a la mayor dificultad de obtenerlos de las entidades financieras) y el empeoramiento de los ingresos públicos, tanto de la Seguridad Social, por la reducción de cotizantes, como de las haciendas de todas las Administraciones que, más bien después que antes, inducirán a una reducción de sus gastos y, más bien antes que después, llevarán a un aumento de la presión fiscal con el aumento de los impuestos, las tasas y las sanciones de todo tipo.
En consecuencia, el aumento del paro es un aspecto a evitar en la mayor medida posible no sólo por la tragedia que supone para millones de familias, sino también porque sus repercusiones en la actividad económica general son muy negativas, y de una intensidad tal que podrían costar el poder, en las próximas elecciones, a los partidos que actualmente gobiernan en no pocas administraciones de todo tipo, riesgo que quizás sea el incentivo que los partidos políticos necesitan para poner los medios necesarios para evitarlo.
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