Uno de los pocos aspectos en que toda la sociedad española parece estar de acuerdo en el análisis de la actual situación económica, es el de valorar el elevado desempleo como la peor consecuencia de la crisis actual. Tan es así que hasta el propio Gobierno, tan dado a desconocer los aspectos negativos de la situación, ya empieza a admitir que sólo podremos decir que estamos saliendo de la crisis cuando empiece a aumentar, de forma estable y desestacionalizada, el número de personas que trabajan.
Se pueden diseñar políticas económicas alternativas para conseguir el deseado aumento del número de personas ocupadas, algunas de las cuales tendrán resultados más o menos elevados y con mayor o menor rapidez. Sin embargo, al margen de las políticas coyunturales que se puedan aplicar a corto plazo, sería bueno que la sociedad se planteara también el desarrollo de medidas estructurales que hagan que cuando llegue la próxima crisis, que antes o después aparecerá, afecte a nuestra sociedad con una pérdida de personas ocupadas lo más reducida posible.
Para hacer un planteamiento sensato de los problemas que tenemos que resolver, la forma más adecuada es definir cuales son los problemas más importantes de nuestro mercado laboral en cada una de las tres facetas que lo componen: marco legal (incluyendo la protección social) empleadores y personas ocupadas.
Desde el punto de vista del marco legal, los principales problemas son la rigidez de los procesos de entrada y salida de las personas en la actividad laboral, la existencia de una segmentación dual, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, que hace que los derechos adquiridos sean de una entidad muy diferente en función del grupo al que se pertenezca, y la existencia de una protección social que no promueve de forma eficaz la vuelta a la situación de ocupación a la mayor brevedad posible.
Desde el punto de vista de los empleadores, sus principales problemas son la necesidad de adaptarse al marco legal existente y la falta, en demasiadas ocasiones, de personas con una cualificación profesional adecuada para sus necesidades; sus principales carencias son la búsqueda del máximo beneficio a corto plazo, aunque sea a costa de realizar discriminaciones por multitud de causas (sexo, edad, situación familiar, origen, etc..) de tratar a los empleados de forma indigna o de incumplir las normas vigentes.
Desde el punto de vista de los trabajadores sus principales problemas son la precariedad en el empleo (si no están en el grupo de los hiperprotegidos) las dificultades para encontrar un nuevo trabajo, en caso de desempleo, y para desarrollar su cualificación profesional, las condiciones de trabajo, incluidos los salarios, que con demasiada frecuencia son manifiestamente inadecuadas, injustas y hasta degradantes; sus principales carencias, que también las tienen, son la escasa cualificación profesional, la rigidez para cambiar de tipo y de lugar de trabajo, y la falta de orientación al trabajo bien hecho.
A todo lo anterior hay que añadir el problema de las pensiones que, aunque ya se presentó en la crisis anterior y se le dio una solución razonable pero sólo transitoria, amenaza con volver a presentarse en un plazo no muy largo, aunque esta vez con una intensidad muy superior.
Una solución estable del conjunto de los problemas requiere obviamente cambios profundos en todas las facetas, algunos de los cuales requieren un consenso social importante, otros unas políticas que sólo presentarán sus resultados plenos en el largo plazo y todos ellos la implicación efectiva y permanente del conjunto de la sociedad.
Para definir las soluciones que se vayan a aplicar, parece razonable fijarse en lo que se ha hecho con éxito en otros países con culturas no excesivamente lejanas a la nuestra, no para copiar las políticas empleadas de forma mimética, sino para tomar las ideas buenas y trasladarlas a nuestras características específicas de forma integrada en un plan global y coherente que, por descontado, debe incluir las necesidades financieras implícitas y la forma de obtener los fondos necesarios.
La primera tarea a realizar, que obviamente corresponde al Gobierno, es la de convocar a todos los estamentos sociales implicados (partidos políticos y representantes de trabajadores y empresas) a la elaboración de un proyecto de pacto social que pretenda resolver el conjunto de los problemas.
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