La última noticia de la voracidad implacable de la SGAE debería hacer que el Gobierno se replantee los derechos, a todas luces exagerados, que le otorga mediante las leyes.
Ante un festival benéfico, en el que mucha gente realiza su labor de forma totalmente altruista para ayudar a un niño con una enfermedad degenerativa, el delegado de turno de la SGAE exige su parte en términos que recuerdan demasiado a los usados por las mafias: ellos imponen la cuantía del pizzo, en este caso el 10% de la recaudación total, con la exigencia de una parte por adelantado bajo la amenaza de impedir el acto si la familia del pequeño enfermo no se aviniera a sus condiciones.
Este poder lo detenta la SGAE a cambio del apoyo que con ocasión de los sucesivos procesos electorales muestra de forma inequívoca al partido socialista.
Lo único que nos queda a los ciudadanos es el boicot a esta gestora, eliminando, o reduciendo al mínimo posible, las compras de bienes y servicios que están grabadas por la SGAE. Yo por mi parte pondré mi grano de arena y dejaré de comprar, en la medida de lo posible, todo aquello que proporcione ingresos a esa gestora.
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