Crisis económica y pensiones

El sistema público de pensiones tiene serios problemas estructurales derivados de la elección del método de reparto, realizada al inicio del mismo, a mediados del siglo pasado, que consiste en que cada año se pagan las pensiones con las cotizaciones recaudadas ese mismo año.

Este método es altamente inestable, excepto en los primeros años de su puesta en funcionamiento, ya que cualquier aumento del importe de las pensiones que no esté compensado por un aumento equivalente de las cotizaciones lleva al sistema a una situación de déficit que el estado sólo puede compensar durante un periodo de tiempo limitado.

Existe un elemento de inestabilidad estructural derivado del, a todas luces deseable, aumento de la vida media que lleva inexorablemente a un aumento muy importante del número de pensionistas. La corrección de este desequilibrio sólo puede realizarse por tres vías, que evidentemente pueden, y deben, ser complementarias: el aumento del periodo de cotización (que, sin remedio debe llevar a un aumento de la edad de jubilación) el aumento de las cotizaciones y el descenso del importe de las pensiones. El aumento del número de cotizantes es una solución transitoria ya que a largo plazo también supone un aumento del número de pensionistas.

Evidentemente, para los políticos el problema es de los que es mejor no resolver y dejárselo a los que les sustituyan en el futuro, aunque los más preocupados vayan introduciendo medidas marginales para paliar el problema.

Ya en los años ochenta se pasó por una situación de crisis del sistema que obligó a los políticos a ponerse las pilas, y se llegó a los Pactos de Toledo, que supusieron un respiro para el sistema de seguridad social que ha durado bastante más de lo esperado, gracias a lo prolongado que ha sido el último ciclo de crecimiento.

Pero la llegada de la crisis vuelve a poner sobre la mesa un problema que no está resuelto, ni mucho menos, a pesar del superávit de la seguridad social registrado en los últimos cinco años. Tampoco la tímida promoción de los fondos de pensiones está suponiendo un complemento suficiente ya que, de una parte, la mayoría de los trabajadores o no tiene fondo de pensiones o si lo tiene será de tan escaso valor en el momento de la jubilación que apenas supondrá un complemento marginal a la pensión pública y, de otra, el tratamiento fiscal que reciben.

El escaso desarrollo de los planes de pensiones deriva de su escasa rentabilidad, ya que, de una parte, los gestores de los fondos se llevan, con sus elevadas comisiones que no tienen relación alguna con el trabajo que realizan, la mayor parte de la revalorización en términos reales, y de otra el poco generoso tratamiento fiscal, peor que el de cualquier otra forma de ahorro, que hace que la decisión individual más racional sea la de dedicar el dinero que se pueda ahorrar a otros sistemas.

El cambio de un sistema de reparto a uno de capitalización sería, en teoría, la mejor solución pero tiene dos serios inconvenientes: la necesidad de hacer frente en el periodo transitorio a un doble pago (las pensiones de los que cotizaron por el sistema de reparto y la formación de los fondos para los que coticen por el nuevo método de capitalización) y la dificultad de gestionar los fondos por un método creíble, en el que los gestores o el estado no se apropien de buena parte de los rendimientos.

La solución, que probablemente sea necesario implantar a lo largo de esta legislatura, no es fácil ni será políticamente presentable sin un sesgo importante de la información, pero seguramente tendrá las siguientes características: una segunda edición del Pacto de Toledo, con la participación de partidos políticos y sindicatos, que ampliará el periodo de cotización necesario para obtener la pensión máxima y también los años de cotización usados para el cálculo de la pensión, una probable reducción de la pensión máxima y de los derechos de pensión de viudedad para los nuevos pensionistas y, quizás, un tratamiento fiscal más generoso para los fondos de pensiones.