Crisis económica e infraestructuras

La inversión pública en infraestructuras es uno de los capítulos que más suelen usar los gobiernos para mitigar las etapas bajas del ciclo económico, desde que Keynes elaboró la teoría de que la política económica adecuada para relanzar la producción era ampliar el gasto público para aumentar la demanda total de bienes y servicios.

La experiencia acumulada de muchos gobiernos de distintos países y en distintas situaciones de crisis, ha ido matizando la validez de este tipo de política que no deja de tener algunas consecuencias negativas a un plazo bastante corto. El aumento del gasto público reduce en la misma cuantía la capacidad de financiación que queda para el resto de la economía y también aumenta la deuda pública y los tipos de interés, porque suele conducir a una demanda de recursos financieros superior a la oferta disponible.

En las últimas décadas, este tipo de política ha prescindido de cualquier aumento del gasto público dedicado al consumo para aumentar artificialmente la demanda, pero ha mantenido una cierta tendencia a aumentar la inversión pública, respecto al volumen medio del resto de las etapas del ciclo económico.

Esta política también tiene sus limitaciones y consecuencias negativas , por las mismas razones anteriores, pero tiene un aspecto claramente positivo ya que si, como es lógico, las infraestructuras adicionales están elegidas con un mínimo de sentido común, constituyen un elemento básico para facilitar el desarrollo de la economía en los años siguientes.

En la España actual, y a pesar del importante esfuerzo realizado en las últimas décadas, todavía hay un importante inventario de infraestructuras públicas pendientes, inventario que supera en mucho las posibilidades objetivas de cualquier gobierno durante el periodo bajo de un ciclo económico, por muy largo que éste pueda ser.

La fácil circulación de las personas, los bienes y los servicios, constituyen el primer capítulo a considerar, por lo que el impulso a la construcción de autovías, autopistas y carreteras (sin peajes, por favor) el desarrollo del ferrocarril (de alta velocidad y de cercanías) el metro y el resto de transporte público y la puesta a disposición del servicio de Internet a la mayor parte de la población (incluida la existencia de amplias zonas con servicio wifi universal y gratuito) debería ser uno de los ejes principales de los recursos públicos durante los próximos años.

También hay multitud de proyectos que requieren la inversión pública en las áreas de educación, sanidad, seguridad, infraestructuras urbanas y suministros de agua, electricidad, telecomunicaciones y gas natural que son necesarios para facilitar un desarrollo económico equilibrado y sostenido durante la próxima fase alta del ciclo económico, condiciones necesarias para que esa fase pueda ser tan prolongada, al menos, como la que finalizó el año pasado.

Corresponde al gobierno elegir los proyectos y fijar las prioridades y al equipo del Ministro Solbes establecer los límites económicos de la inversión que es prudente realizar cada uno de los años. De su acierto dependerá, en buena parte, el vigor y la duración de la etapa de crecimiento que seguirá a esta fase en la que, le guste o no le guste al gobierno, coinciden la situación de crisis (en el sentido estricto de la palabra de cambio rápido del volumen de actividad de la economía) y de recesión (en el sentido también estricto de reducción de la actividad económica) que ya está afectando a numerosos sectores y, muy probablemente, al conjunto de la economía.

Crisis económica y agua

Uno de los aspectos que, a pesar de su gran importancia, ha sido poco tenido en cuenta por los últimos gobiernos, incluidos los del PP, es el impresionante aumento de la población, 6 millones de personas en unos 10 años, el 15% de la población preexistente, en su mayoría adultos y económicamente activos en una proporción muy superior a la media.

Este aumento de población, y de la actividad económica que los nuevos habitantes han inducido, unido a la tendencia al mayor consumo de agua por persona y por unidad de PIB, han hecho que la escasez de agua se haya extendido a zonas más amplias tanto en términos estructurales como en situaciones de menor pluviosidad.

La falta de agua en amplias zonas del territorio español es un problema centenario, y la incapacidad de los políticos españoles para promover un reparto equilibrado del agua existente así como su uso eficiente es una muestra evidente de las carencias de nuestro sistema democrático, en el que la máxima parece ser “el poder a costa de lo que sea”

Josep Borrell, en su etapa de ministro, promovió la elaboración de un plan hidrológico que no llego a ver la luz por la llegada al poder del PP. El PP hizo otro que llegó a plasmarse en el BOE, pero que fue utilizado como arma política hasta el punto de que su derogación fue una de las primeras medidas del primer Gobierno de Zapatero, sin que fuera sustituido por una alternativa capaz de solucionar la falta de agua en muchas zonas.

Probablemente la no continuidad de la ministra Narbona se deba a su incapacidad demostrada para llevar a cabo una política hidráulica eficaz, ya que su máxima real ha sido que cada cual se aguante con el agua de que dispone, ya que facilitar más agua a los derrochones habitantes de España es contrario al medio ambiente.

La sequía de los últimos años en Cataluña llevó a pensar que si no llovía en la primavera de este año, podría ser necesario racionar el suministro de agua al área metropolitana de Barcelona, lo que podría poner en riesgo un importante caudal de votos, a pesar de la paciencia demostrada por los barceloneses ante la manifiesta incapacidad de los gobiernos socialistas (nacional, autonómico y municipal) para asegurar los servicios básicos de suministro de electricidad y transporte por ferrocarril con un mínimo de calidad.

Se vieron obligados a aceptar que, en determinadas situaciones, los trasvases de agua de unas cuencas a otras son la mejor solución, criterio contrario a sus tradicionales soflamas políticas, por lo que intentaron vestirlo de cualquier manera para que sus votantes no apreciaran el cambio de opinión.

Lo cierto es que las nuevas necesidades de agua se pueden cubrir con tres métodos complementarios: la eficiencia en el uso del agua, siempre, y, cuando es posible, los trasvases entre cuencas y la desalación.

Para mí no hay ninguna duda de que la vía de la eficiencia en el uso es la primera que hay que usar hasta el límite técnico y económico, incluso aceptando un cierto sobreprecio en las etapas iniciales del uso de nuevos procedimientos. Hay que actuar en todos los tipos de consumo, pero debería aprovecharse esta crisis para hacer una reforma total del uso del agua para regadío en todas aquellas zonas, demasiadas, en las que se sigue regando con procedimientos más cercanos a los de la época árabe que a los que permite la tecnología actual.

En cuanto a la elección entre trasvase y desalación, en aquellos casos en que ambas posibilidades coexisten, el criterio debería ser pragmático y optar por la vía que, cumplidos todos los requisitos medioambientales razonables, sea más económica para la sociedad a muy largo plazo. Todo apunta a que en algunos casos es mejor la desalación pero en otros debe elegirse el trasvase.

La política del agua es uno de los asuntos que exigen un pacto en el que estén, al menos, los dos principales partidos políticos y que no debería dejar de hacerse si no fuera posible que se unieran a él otros partidos relevantes. El pacto ofrecido por la ministra del ramo hubiera sido un buen inicio si no hubiera incluido una condición absurda, la posibilidad de estudiar la conveniencia de nuevos trasvases entre cuencas en todos los casos excepto en el del río Ebro, curiosamente el más caudaloso del país y el que, de vez en cuando, tiene unas avenidas más importantes.

El país agradecerá, mucho y durante mucho tiempo, que se dé una solución adecuada al problema del agua, aunque ello signifique el abandono de argumentos políticos que no se sostienen desde el punto de vista social y económico y que están creando una división, que antes no existía, entre los habitantes de las zonas en las que sobra agua y los de las zonas en las que falta.

Irlandeses, ¡gracias por vuestro no!

El viernes 13 de junio me enteré del no irlandés a la ratificación del tratado de Lisboa mientras estaba en Barcelona asistiendo a los Encuentros del Mediterráneo, jornadas destinadas a relanzar el llamado Proceso de Barcelona que, iniciado en 1995, tenía por objeto el desarrollo de las relaciones políticas y económicas entre los países de la cuenca mediterránea.

Este proceso dio resultados bastante positivos durante los primeros años, pero el asesinato de Rabín supuso un freno casi total para nuevos avances e, incluso, la vuelta atrás en algunos aspectos.

En estas jornadas se pudo escuchar a varias personas españolas muy relevantes que, en su día, tuvieron que ver con esta iniciativa, aunque hoy están en otras actividades. Participaron Pasqual Maragall, Miquel Roca, Josep Piqué y, el que en mi opinión hizo la mejor intervención, Manuel Marín.

Entre los ponentes de países de la Unión Europea, la inmensa mayoría habían estado, o están, dedicados políticamente al desarrollo de la UE y de sus relaciones con terceros países, y se nota claramente que defienden las posturas de la Comisión.

La noticia cayó como un jarro de agua fría y las reacciones no se hicieron esperar, desde la más prudente de Elisabeth Guigou, diputada y ex-ministra francesa, que lamentó el resultado del referéndum, pero añadió que esto no suponía, ni mucho menos, la muerte de la Unión Europea, hasta la más visceral del ex-Secretario de Estado español para la Unión Europea Alberto Navarro que, aún iniciando su comentario con la expresión del respeto a la decisión de los irlandeses, llegó a acusar a este país de desagradecimiento, por atreverse a votar no tras haber recibido muchas ayudas económicas de la UE desde que entró en el mercado común, y de dumping fiscal, por tener el impuesto de sociedades en el 12%, e insinuó que los irlandeses no deberían tener la opción de decir que no a la ratificación del tratado de Lisboa.

Me quedé con la impresión de tener una opinión minoritaria y poco comprendida, porque yo estaba, y estoy, muy contento del no irlandés. Y no porque sea poco europeísta, todo lo contrario, sino porque creo que es necesario que termine la fase de despotismo ilustrado en la formación de la Europa Política.

El tratado de Lisboa es un mal tratado, tanto desde el punto de vista objetivo, por su contenido, como de sus consecuencias a medio y largo plazo. Se hizo para dar solución al fracaso de la mal llamada Constitución Europea (la UE nunca admitiría a un país candidato que tuviera como constitución una copia mimética de ese proyecto) tras los rechazos de Holanda y Francia, pero la solución estaba viciada en origen ya que se modificó algo el contenido, para quitarle el inadecuado nombre de Constitución, y, sobre todo, para hurtar a los ciudadanos europeos la opción de dar directamente su opinión, aspecto que consiguieron en todos los países excepto en la bendita Irlanda, donde no es constitucionalmente posible.

Si se aprobara el tratado de Lisboa, o cualquier modificación menor para cambiarle de nombre y lavarle la cara, se estaría dando un nuevo periodo, de duración indeterminada pero larga, para que los euroburócratas puedan seguir siendo los que ideen las normativas, las redacten, aunque admitiendo ligeras modificaciones del Parlamento Europeo, las aprueben, las pongan en operación y controlen su evolución, sujetos en esa última función, eso sí, a la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo.

Esos mismos euroburócratas que se atreven a acusar a Irlanda de dumping fiscal por tener un tipo de impuesto de sociedades del 12%, cuando ellos se han exonerado a si mismos de pagar impuesto sobre la renta y se han dotado de las pensiones de jubilación más generosas de toda la Unión.

Si realmente se quiere avanzar en la unión política, creo que la única forma razonable es iniciar un periodo constituyente, que debe comenzar por la elección de un Parlamento con ese cometido fundamental, la elaboración de un texto constitucional que merezca tal nombre y que, para los países que finalmente la aprueben, pase a formar parte de su propia constitución con prevalencia sobre el resto de su texto constitucional en caso de discrepancia.

Una vez aprobado el texto constitucional, se iniciaría el proceso de aprobación, o no, en todos y cada uno de los países de la Unión. El resultado final sería, previsiblemente, que unos países adoptarían esa constitución y otros no. Las consecuencias serían, obviamente, la existencia de una Europa a dos velocidades, la formada por todos los países que hubieran aprobado la Constitución, que podría llamarse Estados Unidos de Europa (EUE), y la formada por todos los países miembros de la UE, y los que se pudieran añadir en el futuro, que podría llamarse Unión Económica Europea (UEE) y que podría, además tener la vocación de una Unión Económica sin límites geográficos, germen de la futura y deseable Unión Económica Mundial.

El Parlamento Europeo debería tener dos cámaras una para los parlamentarios de la EUE y otra para los de la UEE en la que se añadirían a los parlamentarios de la EUE los de los países que sólo pertenezcan a la UEE.

Los ciudadanos de todos los países conocerían por tanto, en el momento de votar la constitución, el texto integro de la misma (que debe tener una vocación de larga vigencia) las consecuencias sobre la cesión parcial de soberanía a la nueva entidad en caso de aprobación y las consecuencias de no integrarse en la unión política en caso de rechazo.

Personalmente soy partidario de un texto no especialmente largo, en el que estén claras las competencias de la nueva entidad y las condiciones para la entrada (y también la eventual salida de miembros), la definición de un Parlamento, un Gobierno (cuyo presidente sea elegido directamente bien por los ciudadanos, bien por los parlamentarios) que responda, como cualquier gobierno democrático, ante el Parlamento, y un Tribunal, que bien podría ser el de Luxemburgo para no aumentar excesivamente la burocracia.

La financiación de esta nueva entidad debería hacerse con una parte de las cuotas del IVA ingresadas en todos los países incluidos, que deberían aprobarse por el Parlamento y serían aplicables a todos los bienes y servicios, con la deseable excepción de los de consumo básico, que podrían agruparse en un conjunto de tipo de IVA cero que podrían adoptar los países que así lo quisieran.

En la cumbre de julio la UE deberá dar algún tipo de respuesta a la nueva situación, que probablemente será retórica, y en la de diciembre deberá aprobarse una solución, que no será fácil, y que nos dará una idea de las ambiciones europeistas reales de los políticos actuales.

Estoy convencido de que la presidencia francesa del segundo semestre de este año cambiará mucho respecto a lo previsto, como consecuencia del no irlandés, y tengo bastantes esperanzas de que la diplomacia francesa promueva una solución abierta, que devuelva a los ciudadanos el protagonismo que nunca deberían haber perdido.

Con la esperanza de que el proceso de formación de Europa se acelere gracias a vuestra votación, repito mi alegría. ¡Gracias, irlandeses, muchas gracias, por vuestro no!

Crisis económica y sector energético

El sector energético sería, en estos momentos, uno de los más importantes para cualquier gobierno, aún en el caso de que no hubiera crisis económica, porque la sociedad ha tomado conciencia de que es necesario un cambio profundo del modelo energético para asegurar la sostenibilidad del grado de bienestar alcanzado en los países más desarrollados y su extensión a capas cada vez más extensas de la población mundial.

La existencia de la crisis, y el hecho incontestable de que el aumento de los precios de la energía en los mercados internacionales es uno de los elementos principales, aunque no el único, que la han impulsado hace que sea aún más importante la actuación del gobierno en esta materia con el doble objetivo de paliar los efectos negativos sobre la economía a corto plazo y de diseñar y poner en funcionamiento el nuevo modelo energético que, en el caso de España, es una buena ocasión para convertir en oportunidad la actual debilidad de nuestra dependencia energética.

Los criterios a emplear a corto plazo deberían ser la promoción de la eficiencia y del ahorro de energía y la desaparición, cuanto más rápida mejor, de las barreras que todavía existen para la efectiva liberalización así como de las situaciones de posición dominante que permiten la existencia de precios excesivos para los consumidores.

A largo plazo sería necesario hacer un plan energético con un horizonte que llegue al menos hasta el año 2050 en el que se promueva el cambio de modelo energético teniendo también en cuenta el periodo transitorio para que sea asumible para la sociedad. Este aspecto es suficientemente complejo como para dedicarle un escrito específico una vez terminada esta serie sobre la crisis económica.

La promoción del ahorro y de la mayor eficiencia del uso de la energía se debe basar en dos aspectos fundamentales, la aplicación de los costes reales a los precios de todos los consumos y la utilización de las ayudas para las acciones que efectivamente lleven a alternativas energéticamente más eficientes.

Las tarifas (o los precios de los suministros de último recurso, eufemismo inventado para denominar a las tarifas que quedarán después de haberlas eliminado formalmente) deben siempre cumplir los criterios de ser aditivas y de cubrir los costes de cada escalón de actividad, aspectos que ya se cumplen en el caso del gas natural pero que están lejos de ser resueltos en el caso de la electricidad.

La eliminación de los precios de monopolio o de oligopolio, en aquellas actividades en que todavía se dan, tanto si tienen precios libres como si están regulados, es la única vía que los gobiernos central y autonómicos pueden, y deben, usar para reducir los precios a los consumidores finales.

En el caso de actividades con precios libres, la eliminación de las situaciones de posición dominante es la mejor manera de acabar con los sobreprecios y para ello deben usarse simultáneamente dos vías: la separación obligada y total de las actividades que implican la utilización de redes (con lo que ninguna empresa o grupo que tenga una participación directa o indirecta que supere el 1% en una o más actividades reguladas de un sector pueda realizar actividades liberalizadas en el mismo sector) y la limitación progresiva de las cuotas de mercado, de forma que a medio plazo ninguna empresa pueda tener más del 10% del mercado en ninguna de las actividades.

En el caso de las actividades reguladas, la mejor vía es el establecimiento de sistemas retributivos públicos y transparentes y con métodos y plazos de actualización y de revisión conocidos, y que, asimismo, sean públicas y transparentes las retribuciones asignadas a cada instalación de cada empresa en cada periodo retributivo.

En consecuencia, la mayor parte de las acciones deseables en la política energética requieren muy poco gasto público y en las que si lo requieren (las ayudas a la mejora de la eficiencia y el ahorro de energía y las inversiones destinadas a desarrollar y mejorar las infraestructuras de transporte y el transporte público) se pueden modular de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. La aplicación de una política energética adecuada a las necesidades del país es por tanto cuestión de voluntad política y de hacer bien el trabajo regulatorio.

Crisis económica y sector financiero

La crisis económica actual tiene como una de las causas principales los problemas del sector financiero, más graves en otros países que en los de la zona euro, pero que han salpicado a todos los países a causa de la globalización.

Los problemas del sector financiero internacional tienen su origen en la pérdida de la prudencia en la gestión de las empresas que cotizan en bolsa, entendida como la gestión encaminada a conseguir como objetivo principal la continuidad de la empresa a medio y largo plazo en situación de beneficios, un comportamiento desconocido hasta hace un par de décadas, pero que se ha ido extendiendo peligrosamente y que también ha alcanzado a los bancos.

En el caso de los bancos la gestión poco prudente se ha traducido en la concesión de préstamos, con una cuantía acumulada muy importante, a personas o entidades que, razonablemente, no podrían devolverlos (caso de los bancos en Estados Unidos) o en la compra de paquetes de hipotecas que no tenían explícitamente analizada su solvencia, aunque se hubieran adquirido a bancos de primera clase (caso de los bancos de multitud de países, entre ellos de España)

El objetivo en todos los casos era aumentar la rentabilidad a corto plazo, único indicador que, al parecer, importa realmente a los analistas financieros, cuya opinión es, por otra parte, uno de los aspectos que más importan a los gestores de las empresas que cotizan en bolsa.

El resultado de esa gestión poco prudente ha sido la aparición de una gran desconfianza en la situación económica de buena parte de las entidades financieras (parece que ni ellas mismas saben con cierta exactitud su exposición a los fallidos) y la consiguiente falta de liquidez, ya que el dinero huye ante la percepción de inseguridad.

En el caso de España, la falta de liquidez se ha agravado, respecto a otros países, como consecuencia del creciente déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y de la brusca caída de la compra de inmuebles por parte de no residentes. El aumento de los tipos de interés y las mayores exigencias de solvencia, por parte de bancos y cajas, a los demandantes de créditos, han reducido considerablemente la concesión de nuevos créditos pero, a pesar de ello, hay una notable falta de liquidez en el sistema financiero español.

La reducción del crédito irá, necesariamente, acompañada de una importante caída no sólo de la adquisición de viviendas, sino también de las inversiones de las empresas y profesionales y este es un factor que incidirá negativamente en la duración e intensidad de la fase baja del ciclo económico en que nos encontramos.

Poco puede hacer el gobierno para actuar sobre la liquidez del sistema financiero y sobre la cuantía de los créditos a conceder: los tipos de interés son fijados por el BCE y nada hace pensar que se vayan a reducir en los próximos meses, la política crediticia la fijarán las entidades financieras, que en muy pocos casos son públicas, y la confianza en la solvencia de los receptores no se puede regular.

La influencia más importante del sector público sobre la liquidez se hace de forma indirecta, a través del saldo de sus cuentas, ya que si incurre en déficit, la financiación del mismo reduce, en su misma cuantía, la cantidad de dinero disponible para financiar las iniciativas privadas.