Como el problema es un problema de déficit, la solución se puede buscar por la
vía del aumento de los ingresos, de la reducción de los gastos o, lo que parece
en principio más razonable, de una mezcla de ambas cosas.
Dado
que hay bastantes aspectos tanto en la partida de ingresos como en la de gastos,
es conveniente pasar revista a todas las partidas que sean relevantes y
analizar para cada una de ellas si es posible modificar el importe que suponen
y, en caso afirmativo, valorar la cuantía en que razonablemente se podría
modificar.
a)
Posibles fuentes de aumento de ingresos del sistema de pensiones:
- Aumento
del número de cotizantes. Es la opción que prefiere todo el mundo, aunque
cada nuevo cotizante suponga a largo plazo un nuevo receptor de pensiones, pero
ya se sabe que todos tendemos a valorar mucho más el dinero que se ingrese a
corto plazo que el pago que haya que hacer a largo plazo. En cualquier caso el
aumento del número de cotizantes vendrá dado por la evolución del empleo,
motivo por el que no se puede ser especialmente optimista porque, a pesar de lo
que dicen los gobernantes, actuales y potenciales, la mayor parte de sus
políticas van encaminadas a desincentivar el trabajo, ya sea por cuenta propia
o por cuenta ajena.
- Incremento
de las bases de cotización. Es una opción que parece descartada, más que
nada porque su eventual incremento muy probablemente reduciría el número de
cotizantes en mayor proporción que el aumento de las cuotas.
- Complemento
de los ingresos por cotizaciones con aportaciones de los PGE. Opción que
proponen algunos partidos de izquierda que lo que hace es desplazar una parte
de la carga de las pensiones hacia el conjunto de la sociedad. En mi opinión,
si se acudiera a esta forma de financiación por un importe relevante, se
estaría desvirtuando el sistema de pensiones al quitarle la deseable relación
equitativa entre importes cotizados y pensiones a recibir.
Cuestión
distinta es que sea no sólo conveniente sino necesario, que las pensiones no
contributivas sean pagadas por los PGE, y que sería bueno que se les cambiara
el nombre para no inducir a errores.
- Complemento
de los ingresos con emisiones de deuda pública. Es una opción parecida a la
anterior, pero peor todavía porque al diferir su pago será más apetecible para
los políticos que sólo se fijan en resolver el problema a corto plazo aunque
sea creando uno mucho mayor a medio o largo plazo. Se les conoce por sus
afirmaciones del tipo "cueste lo que cueste" (que casi siempre
termina resultando carísimo) o del tipo "su financiación no presenta
ningún problema porque se hace con cargo al déficit" como si la deuda
pública emitida para pagar un déficit no se tuviera que pagar nunca.
b)
Posibles vías de reducción de los gastos del sistema de pensiones:
- Reducción
del importe de las pensiones nuevas. Para conseguir la reducción del
importe de las nuevas pensiones hay a su vez varios mecanismos complementarios:
Aumento
de la edad efectiva de jubilación, ya en proceso tanto por la vía del aumento
de la edad mínima de acceso a la pensión como de la edad habitual de hacerlo,
proceso que en el futuro se puede hacer más intenso y también más rápido.
Ampliación
de la parte de la vida laboral a tener en cuenta para cálcular la pensión,
también en proceso, que más bien pronto que tarde terminará por abarcar la
totalidad de la vida laboral.
Reducción
del coeficiente empleado para calcular el importe de cada nueva pensión a
partir de la base resultante de la vida laboral considerada. Esta vía todavía
no se ha planteado.
Reducción
del importe de la pensión máxima. Tampoco se ha planteado todavía y, en mi
opinión, es muy difícil que se plantee en el futuro, dado que también afectaría
a las pensiones de todos los parlamentarios que tendrían que votar la ley que
lo cambiara.
Aplicación
del llamado factor de equidad intergeneracional
incluido en el informe de los expertos que, en pocas palabras, consiste en
reducir cada año el importe de cada nueva pensión en la misma proporción en que
haya aumentado la esperanza de vida al jubilarse, respecto a la del año que se
tome de base (en el informe se propone que el año de base sea 2014) Los
expertos han incluido los resultados que, aproximadamente, es el 0,7% anual
acumulativo, como se aprecia en el gráfico siguiente:
- Reducción
de la revalorización de las pensiones existentes en cada momento. Esta vía,
también incluida en el informe de los expertos, se basa en permitir que las
pensiones ya existentes se revaloricen cada año sólo en la medida en que los
gastos totales del sistema, una vez revalorizadas las pensiones, no crezcan por
encima del importe que aumenten los ingresos.
El
informe de los expertos dedica mucho esfuerzo para convencer a quien lo lea de
que, bajo determinadas circunstancias económicas, es posible que aumente el
importe de cada una de las pensiones existentes. Pero todo apunta a que, en los
próximos años, el sistema que proponen los expertos daría como resultado una
reducción de las pensiones existentes en moneda corriente.
Sin
embargo, los políticos no están dispuestos a jugarse los votos de los
pensionistas y de las personas que necesitan la pensión de otros para llegar a
fin de mes, llevando a cabo la reducción de las pensiones existentes el mismo
año en que haya elecciones, por lo que, casi con certeza, incluirán una
cláusula de salvaguardia que garantice que en el peor de los casos las
pensiones se limiten a quedar congeladas (por otra parte hay expertos
constitucionalistas que creen que la reducción del importe de las pensiones
previamente concedidas o revisadas sería inconstitucional)
Ya
están preparando el aparato propagandístico para anunciar a bombo y platillo
que la pensión media sí que subirá en términos corrientes, cosa que será cierta
ya que la pensión media de los nuevos pensionistas que se incorporan cada año
es superior a la pensión media de los que dejan de cobrarla por fallecimiento.
- Reducción
del importe de las pensiones existentes derivada del trabajo voluntario de
algunos pensionistas y del retraso voluntario de la edad de jubilación. Estas
fuentes de reducción de costes, a la vez que de aumento de la recaudación de
impuestos, son dos vías que los políticos se niegan a promover seriamente,
aunque las anuncien periódicamente a bombo y platillo.
Para
que estas opciones fueran efectivas habría que cambiar la actual normativa (que
las penaliza excesivamente cuando directamente no las prohíbe) por otra que supusiera
un reparto equitativo de los beneficios derivados de esa decisión entre el
pensionista que decide trabajar, parcialmente o a tiempo completo, y el
conjunto de la sociedad, a través de la modificación de los ingresos y pagos de
pensiones e impuestos.
Aunque
esta opción no les guste nada a los políticos, y mucho menos a los
sindicalistas, porque hacen, equivocadamente, la ecuación (1 pensionista más
trabajando = 1 joven más en el paro), en el futuro será una de las opciones obligadas
para mejorar el equilibrio del sistema de pensiones y para permitir que no
pocos pensionistas salgan de la miseria.
En resumen, si se
quiere que la reforma que finalmente se lleve a cabo suponga un paso decisivo
en el reequilibrio del sistema de pensiones, ésta deberá tener algunos
elementos adicionales a los definidos por el equipo de expertos, aunque algunos
de esos elementos hayan sido apuntados en su informe, para enseguida dejarlos al
albur de las decisiones políticas que tomen los responsables parlamentarios.
