El
informe del grupo de expertos tiene la virtud de plantear el problema de la
falta de sostenibilidad del sistema español de pensiones en unos términos que
no dejan lugar a dudas: es necesario y muy urgente que se lleve a cabo una
reforma drástica del sistema de pensiones.
En
lo que se refiere a la definición precisa de las medidas que propone, el
informe publicado se limita a dar respuesta al mandato recibido: desarrollar
un factor de sostenibilidad para el actual sistema de pensiones.
Aunque
también apunta algunos elementos adicionales, que no desarrolla por considerar
que son decisiones políticas que competen exclusivamente al Parlamento, no se
puede olvidar que ni siquiera menciona otros elementos, probablemente porque
algunas fuerzas políticas están radicalmente en contra de su inclusión en la
normativa futura.
Tampoco
se menciona otro aspecto que será decisivo en el contenido de la reforma que
finalmente se apruebe: el necesario visto bueno, eso sí informal pero no por
ello menos obligatorio, de la Comisión de la UE a los resultados globales de la
reforma. Sin esta exigencia, lo más probable es que no se llevara a cabo
ninguna reforma hasta que el sistema hubiera llevado a la quiebra a las
finanzas públicas españolas.
De
lo que se puede leer en el informe y lo que se puede intuir de las
declaraciones de unos y de otros, cabe concluir que el nuevo sistema de
pensiones tendrá las siguientes características:
1) Es
muy probable que la edad legal de jubilación se mantenga (hasta la siguiente
reforma que no se demorará muchos años) en los 67 años actuales, pero no hay que
descartar que se acelere el ritmo al que aumentará la progresión hasta esa
cifra.
2) Las pensiones actuales quedarán congeladas
durante unos cuantos años, o crecerán muy por debajo del IPC, para poder decir
que han aumentado.
3) Las nuevas pensiones se calcularán con unos
criterios más restrictivos que hasta ahora, si bien las pensiones máximas
(aunque exigirán más años de cotización con las bases máximas a todos los
futuros pensionistas excepto a los parlamentarios que continuarán disfrutando
de su privilegio de acceder a la pensión máxima con tan sólo ocho años de actividad
parlamentaria) y también las mínimas tendrán los mismos valores actuales, sin
apenas aumento en euros brutos anuales. Políticamente se decidirá el importe
medio de la reducción, pero no sería extraño que hubiera una reducción media
del orden del 10 al 15% que se iría aumentando progresivamente al ritmo del
0,7% anual acumulativo al menos hasta el año 2050.
4) Está por ver si el nuevo sistema de pensiones
permitirá que aquellos que puedan y quieran complementen su pensión con la
realización de alguna actividad económica a tiempo parcial o total.
5)
También es una incógnita si el nuevo sistema terminará, o no, con las profundas
inequidades que tiene el sistema actual, que perjudican especialmente a los que
han perdido su trabajo o han tenido que aceptar salarios muy inferiores en los
años cercanos a la edad de jubilación.
6) Finalmente debería hacerse un ejercicio de
cálculo del importe que puedan tener las prensiones a las que podrán aspirar
los jóvenes actuales que pasan una buena parte de su juventud con largos periodos
de desempleo entre trabajo y trabajo y, además, con salarios muy reducidos en
las épocas en que cotizan.
Las
respuestas a todas estas incógnitas las iremos teniendo en los próximos meses
porque parece que la recomendación de la UE, de obligado cumplimiento para el
gobierno de España, es que entre en vigor no más tarde del 1 de enero de 2014,
y el gobierno ni siquiera tendrá la excusa de ampararse en la necesaria
aprobación por parte del Parlamento ya que dispone de una holgada mayoría
absoluta.
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