La tercera recomendación trata del Fondo de reserva.
En ella la Comisión defiende que los excedentes de la Seguridad Social, sin límite alguno, deben seguir incrementando la dotación total del Fondo de reserva. En este sentido, considera que deben evitarse demoras en la incorporación de los excedentes y, por consiguiente, que debe materializarse inmediatamente la incorporación al Fondo de Reserva de los excedentes pendientes.
Afirma que la gestión del Fondo de reserva se ha realizado con criterios de seguridad y solvencia y que dichos criterios deben orientar cualquier modificación de las normas que regulen su gestión.
Termina diciendo que el volumen alcanzado por el Fondo aconseja que se incrementen los medios materiales y personales de gestión, probablemente como excusa para repartir unos cuantos puestos de prestigio y bien retribuidos.
Los partidos políticos intentan dar al Fondo de reserva una importancia muy superior a la que tiene. Es bueno que exista y que se lleven a él los excedentes que puedan existir en años buenos, pero no debería asegurarse que con ese fondo están garantizadas las pensiones en épocas de penuria, porque la duración del Fondo en esas situaciones se contará por meses, no por años, y solo permitiría dar un pequeño respiro al sistema.
martes, 25 de enero de 2011
domingo, 23 de enero de 2011
Recomendaciones del Pacto de Toledo (Segunda recomendación)
La segunda recomendación trata del mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones.
En ella se defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro.
Añade que la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora para aumentar el poder adquisitivo y que solo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo, y que toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiera adoptarse) se pague con otros recursos financieros.
Introduce la conveniencia de estudiar la posibilidad de utilizar (como se está haciendo en otros países de nuestro entorno) otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Recrimina al gobierno que la suspensión durante 2011 de la revalorización de las pensiones, con la excepción de las pensiones mínimas y las no contributivas, se haya realizado sin contar con la opinión de la Comisión del Pacto de Toledo.
Esta recomendación abre la posibilidad de revalorizar las pensiones por encima o por debajo del IPC, dependiendo de que índices se utilicen, por lo que no es de esperar que sea fácil llegar a un acuerdo sobre que índices utilizar y en que proporción, ya que muy probablemente una parte de la cámara deseará optar por una cesta de índices que estructuralmente lleve a incrementos inferiores al IPC y otra parte deseará exactamente lo contrario.
La recriminación al gobierno, que también ha sido votada por los representantes socialistas, es una buena muestra de que el PSOE desea hacer la reforma con el máximo consenso posible y de que renuncia.al menos en teoría, a tomar nuevas decisiones similares sin contar previamente con el Pacto de Toledo.
En ella se defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro.
Añade que la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora para aumentar el poder adquisitivo y que solo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo, y que toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiera adoptarse) se pague con otros recursos financieros.
Introduce la conveniencia de estudiar la posibilidad de utilizar (como se está haciendo en otros países de nuestro entorno) otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Recrimina al gobierno que la suspensión durante 2011 de la revalorización de las pensiones, con la excepción de las pensiones mínimas y las no contributivas, se haya realizado sin contar con la opinión de la Comisión del Pacto de Toledo.
Esta recomendación abre la posibilidad de revalorizar las pensiones por encima o por debajo del IPC, dependiendo de que índices se utilicen, por lo que no es de esperar que sea fácil llegar a un acuerdo sobre que índices utilizar y en que proporción, ya que muy probablemente una parte de la cámara deseará optar por una cesta de índices que estructuralmente lleve a incrementos inferiores al IPC y otra parte deseará exactamente lo contrario.
La recriminación al gobierno, que también ha sido votada por los representantes socialistas, es una buena muestra de que el PSOE desea hacer la reforma con el máximo consenso posible y de que renuncia.al menos en teoría, a tomar nuevas decisiones similares sin contar previamente con el Pacto de Toledo.
sábado, 22 de enero de 2011
Recomendaciones del Pacto de Toledo (Primera recomendación)
La primera recomendación trata de la separación y clarificación de las fuentes de financiación.
En ella se afirma, con toda razón, que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva debe depender básicamente de las cotizaciones sociales, y que la financiación de las prestaciones no contributivas y universales se debe efectuar exclusivamente a través de la imposición general.
También se dice que el cálculo de las cotizaciones sociales debe ir encaminado a garantizar la cobertura de las prestaciones contributivas y que cualquier modificación de los tipos de cotización deberá salvaguardar la sostenibilidad del sistema.
Por eso se considera que cualquier introducción de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social deberá efectuarse exclusivamente con cargo a la fiscalidad general y que el mismo criterio deberá usarse para financiar cualquier actuación en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos determinados.
Esta primera recomendación debería llevarse a cabo en la reforma sin mayor complicación, ya que resulta difícil no compartir plenamente estos criterios.
En ella se afirma, con toda razón, que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva debe depender básicamente de las cotizaciones sociales, y que la financiación de las prestaciones no contributivas y universales se debe efectuar exclusivamente a través de la imposición general.
También se dice que el cálculo de las cotizaciones sociales debe ir encaminado a garantizar la cobertura de las prestaciones contributivas y que cualquier modificación de los tipos de cotización deberá salvaguardar la sostenibilidad del sistema.
Por eso se considera que cualquier introducción de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social deberá efectuarse exclusivamente con cargo a la fiscalidad general y que el mismo criterio deberá usarse para financiar cualquier actuación en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos determinados.
Esta primera recomendación debería llevarse a cabo en la reforma sin mayor complicación, ya que resulta difícil no compartir plenamente estos criterios.
sábado, 8 de enero de 2011
Recomendaciones del Pacto de Toledo de diciembre de 2010 (I)
El Pacto de Toledo es un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria que tiene dos objetivos fundamentales, el alcance de un consenso suficiente para cualquier modificación que se lleve a cabo en el sistema de pensiones que exista en cada momento y la renuncia al uso del tema de las pensiones como arma de confrontación entre los partidos.
Sin embargo, la realidad demuestra que los dos partidos políticos más importantes (necesarios para cualquier consenso en esta materia y suficientes en su conjunto, aunque sólo fueran esos dos partidos los que lo alcanzaran) están lejos de cumplir el acuerdo en sentido estricto, porque no desean dejar pasar esa baza electoral siempre que su uso no ponga en riesgo los aspectos que cada uno de ellos considera críticos. De ahí el que el PSOE haya acordado sin consultarlo la no subida de la mayoría de las pensiones con la inflación prevista para 2011 (modificación que tendría que haber sido previamente acordada en la Comisión creada para tratar los asuntos del Pacto de Toledo) y que el PP se conforme con mirar para otro lado, porque en el fondo comparte la necesidad de la medida, pero dejando claro que no ha sido consultado, con lo que espera sacar un rédito electoral ya que la mayoría de la sociedad está en contra de la medida.
Otra muestra de la misma táctica es el reciente documento de recomendaciones publicado en diciembre de 2010, ambos partidos y también la mayoría del resto de los partidos que están en el Parlamento, son conscientes de la necesidad de cambiar el modelo de pensiones para evitar que con la llegada a la edad de jubilación de las cohortes del baby boom (que en España empezó en 1950, aunque alcanzó su máximo quince años después) el sistema sea económica y socialmente inviable. El PSOE está obligado (por las exigencias del sistema financiero internacional) a legislar al respecto como muy tarde en el primer trimestre de este año 2011 y el PP no quiere perder la oportunidad de añadir un desgaste adicional al partido del gobierno, aunque comparta totalmente sus criterios o, incluso, deseara una reforma todavía más radical que la que propone el PSOE.
El consenso final es un documento bastante ambiguo, aunque tiene declaraciones de principios de gran alcance, que tiene la virtud para el PSOE de que le deja las manos libres para los aspectos concretos que desea modificar, siempre que consiga la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el anunciado decreto a finales de enero de 2011, y para el PP de que pueda aparecer ante la población como una formación que, como la mayoría de la sociedad, está en desacuerdo con esos detalles concretos, con lo que esperará obtener un buen puñado de votos adicionales, aunque si llegara a formar gobierno después de las próximas elecciones se guardará mucho de cambiar lo que tanto critica de esta reforma.
Como el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo es muy extenso y tiene muchos aspectos de gran interés, dedicaré los próximos escritos a comentar los aspectos que considero más importantes, y termino este escrito con la referencia a la declaración de principios que incluye justo antes de empezar las recomendaciones y que textualmente dice [… solidaridad intergeneracional e intrageneracional, propia del sistema de reparto, que nos vincula unos a otros por encima de la mera justicia contable que es propia de los sistemas de capitalización.] declaración con la que aparentemente excluyen cualquier posibilidad de que las cuantías concretas de las pensiones contributivas a percibir se calculen exclusivamente con los datos individuales del perceptor y/o del causante (valor actual acumulado de las cotizaciones realizadas, edad en el momento de establecimiento de la pensión y, en su caso, esperanza de vida en ese momento)
Sin embargo, la realidad demuestra que los dos partidos políticos más importantes (necesarios para cualquier consenso en esta materia y suficientes en su conjunto, aunque sólo fueran esos dos partidos los que lo alcanzaran) están lejos de cumplir el acuerdo en sentido estricto, porque no desean dejar pasar esa baza electoral siempre que su uso no ponga en riesgo los aspectos que cada uno de ellos considera críticos. De ahí el que el PSOE haya acordado sin consultarlo la no subida de la mayoría de las pensiones con la inflación prevista para 2011 (modificación que tendría que haber sido previamente acordada en la Comisión creada para tratar los asuntos del Pacto de Toledo) y que el PP se conforme con mirar para otro lado, porque en el fondo comparte la necesidad de la medida, pero dejando claro que no ha sido consultado, con lo que espera sacar un rédito electoral ya que la mayoría de la sociedad está en contra de la medida.
Otra muestra de la misma táctica es el reciente documento de recomendaciones publicado en diciembre de 2010, ambos partidos y también la mayoría del resto de los partidos que están en el Parlamento, son conscientes de la necesidad de cambiar el modelo de pensiones para evitar que con la llegada a la edad de jubilación de las cohortes del baby boom (que en España empezó en 1950, aunque alcanzó su máximo quince años después) el sistema sea económica y socialmente inviable. El PSOE está obligado (por las exigencias del sistema financiero internacional) a legislar al respecto como muy tarde en el primer trimestre de este año 2011 y el PP no quiere perder la oportunidad de añadir un desgaste adicional al partido del gobierno, aunque comparta totalmente sus criterios o, incluso, deseara una reforma todavía más radical que la que propone el PSOE.
El consenso final es un documento bastante ambiguo, aunque tiene declaraciones de principios de gran alcance, que tiene la virtud para el PSOE de que le deja las manos libres para los aspectos concretos que desea modificar, siempre que consiga la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el anunciado decreto a finales de enero de 2011, y para el PP de que pueda aparecer ante la población como una formación que, como la mayoría de la sociedad, está en desacuerdo con esos detalles concretos, con lo que esperará obtener un buen puñado de votos adicionales, aunque si llegara a formar gobierno después de las próximas elecciones se guardará mucho de cambiar lo que tanto critica de esta reforma.
Como el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo es muy extenso y tiene muchos aspectos de gran interés, dedicaré los próximos escritos a comentar los aspectos que considero más importantes, y termino este escrito con la referencia a la declaración de principios que incluye justo antes de empezar las recomendaciones y que textualmente dice [… solidaridad intergeneracional e intrageneracional, propia del sistema de reparto, que nos vincula unos a otros por encima de la mera justicia contable que es propia de los sistemas de capitalización.] declaración con la que aparentemente excluyen cualquier posibilidad de que las cuantías concretas de las pensiones contributivas a percibir se calculen exclusivamente con los datos individuales del perceptor y/o del causante (valor actual acumulado de las cotizaciones realizadas, edad en el momento de establecimiento de la pensión y, en su caso, esperanza de vida en ese momento)
sábado, 1 de enero de 2011
Aspectos a cambiar en el sistema español de pensiones (III)
Además de dar una mayor estabilidad económica al sistema de pensiones español, hay otro aspecto que, aunque en principio no tendría por qué afectar a la viabilidad económica global, es de suma importancia para cada preceptor de pensiones y, además, ayudaría a aumentar las cotizaciones, acercándolas a los salarios reales.
Este aspecto, que desde el punto de vista social es de enorme importancia, es la mejora de la equidad del sistema que en la actualidad tiene fallos clamorosos. Los principales motivos de falta de equidad que deberían ser modificados aprovechando la actual reforma son:
- La insuficiente relación entre cotizaciones realizadas y pensión a recibir.
- La injusta reducción de la pensión a recibir para aquellas personas que se ven obligadas a dejar de cotizar en los años inmediatamente anteriores a la jubilación.
- La enorme desproporción existente entre el porcentaje de reducción de la pensión que se aplica en caso de adelantamiento de la jubilación y el porcentaje de aumento de la pensión a recibir si se retrasa la edad de jubilación.
Además, existe otro problema pendiente de solucionar, las pensiones de viudedad, que en su estado actual suponen el paso a la situación de pobreza extrema o casi extrema para un gran número de personas, en su mayor parte mujeres, cuando fallece su pareja, lo que en numerosos casos sucede cuando tienen una edad muy avanzada. Sorprenden algunas propuestas que se empiezan a escuchar en el sentido de la eliminación de la pensión de viudedad (que llevaría a esa situación de enorme desprotección a muchas más personas) con el objeto de obtener un ahorro en el gasto en pensiones (ahorro que sería de una cuantía ciertamente moderada) o, desde otro punto de vista, para promover un supuesto aumento de la independencia de la mujer por la vía de la igualación de las tasas de actividad masculina y femenina que, a medio y largo plazo, se derivaría de la ausencia de la pensión de viudedad.
Todos estos aspectos se tratan en el documento hecho público el pasado 29 de diciembre con el título de Recomendaciones del Pacto de Toledo, pero el documento es excesivamente ambiguo como para saber, o al menos intuir, las medidas concretas que se incluirán en la nueva legislación que el gobierno tiene previsto que apruebe el Congreso de los Diputados a finales de este mes de enero.
Este aspecto, que desde el punto de vista social es de enorme importancia, es la mejora de la equidad del sistema que en la actualidad tiene fallos clamorosos. Los principales motivos de falta de equidad que deberían ser modificados aprovechando la actual reforma son:
- La insuficiente relación entre cotizaciones realizadas y pensión a recibir.
- La injusta reducción de la pensión a recibir para aquellas personas que se ven obligadas a dejar de cotizar en los años inmediatamente anteriores a la jubilación.
- La enorme desproporción existente entre el porcentaje de reducción de la pensión que se aplica en caso de adelantamiento de la jubilación y el porcentaje de aumento de la pensión a recibir si se retrasa la edad de jubilación.
Además, existe otro problema pendiente de solucionar, las pensiones de viudedad, que en su estado actual suponen el paso a la situación de pobreza extrema o casi extrema para un gran número de personas, en su mayor parte mujeres, cuando fallece su pareja, lo que en numerosos casos sucede cuando tienen una edad muy avanzada. Sorprenden algunas propuestas que se empiezan a escuchar en el sentido de la eliminación de la pensión de viudedad (que llevaría a esa situación de enorme desprotección a muchas más personas) con el objeto de obtener un ahorro en el gasto en pensiones (ahorro que sería de una cuantía ciertamente moderada) o, desde otro punto de vista, para promover un supuesto aumento de la independencia de la mujer por la vía de la igualación de las tasas de actividad masculina y femenina que, a medio y largo plazo, se derivaría de la ausencia de la pensión de viudedad.
Todos estos aspectos se tratan en el documento hecho público el pasado 29 de diciembre con el título de Recomendaciones del Pacto de Toledo, pero el documento es excesivamente ambiguo como para saber, o al menos intuir, las medidas concretas que se incluirán en la nueva legislación que el gobierno tiene previsto que apruebe el Congreso de los Diputados a finales de este mes de enero.
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