La prensa se ha hecho eco estos últimos
días del fracaso del Grupo de 12 expertos que están estudiando la reforma de las pensiones, en lo que se refiere a aprobar un
informe con el que estén de acuerdo la totalidad de sus miembros.
Al parecer, el único aspecto fundamental en
el que están todos de acuerdo es la falta de sostenibilidad del sistema
actual. De seguir sin modificaciones, en 2019 se agotaría el Fondo de Reserva de
la Seguridad Social, por lo que ese año sería el límite para la entrada en
vigor de la necesaria reforma que equilibre a medio y largo plazo la caja de
las pensiones.
La mayoría de los expertos, nueve,
consideran que la reforma se debe basar, sobre todo, en el adelanto a 2014 de
la puesta en funcionamiento del llamado factor de sostenibilidad, que sustituya
al actual criterio (incumplido parcialmente en los dos últimos años) de
revalorización de cada una las pensiones en, al menos, la inflación medida con
el IPC. la Reforma aprobada, con consenso, en 2011 prevé su aplicación a partir
de 2027.
Los otros tres expertos, que representan a
cada uno de los dos mayores sindicatos y al PSOE, consideran que hay otras alternativas
para equilibrar los ingresos a los gastos. Estas alternativas son la emisión de
deuda pública para sufragar el déficit o que los PGE financien la cantidad
necesaria para llegar al equilibrio.
Otros aspectos relevantes incluidos en el
borrador de informe de los expertos son los siguientes:
- Las pensiones asignadas en cada momento no
podrán reducirse en valor nominal ya que, al parecer, hay razones para pensar que no lo
permite la Constitución (aunque algunos expertos se inclinan por garantizar
este aspecto solo hasta 2019) con lo que el límite estaría en la congelación de
su importe bruto, lo que deja abierta la puerta a la reducción de su poder adquisitivo
por la inflación y por el aumento de los impuestos que deban pagar los
pensionistas.
- La edad de jubilación debe adaptarse a la
evolución de la esperanza de vida, que crece al ritmo de un año cada seis.
- El importe de las nuevas pensiones se
calculará aumentando de forma progresiva, pero relativamente rápida, el número
de años de cotización a tener en cuenta, hasta llegar a la totalidad de la vida
laboral, y también se aumentará el tiempo mínimo cotizado necesario para alcanzar la pensión
máxima.
El informe debería enviarse al Pacto de
Toledo el 1 de junio a más tardar, plazo que se sobrepasará en algunos días. De
lo ocurrido en las discusiones del grupo de expertos cabe esperar que, en esta
ocasión, la reforma se apruebe en la Comisión del Pacto de Toledo sin el
consenso de los dos principales partidos políticos por primera vez.
En sucesivas entradas iré desarrollando los
principales aspectos de la reforma que se avecina, que sin duda significará un
antes y un después para el sistema español de pensiones.
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