Deuda
pública a largo plazo para financiar proyectos de infraestructura
El tercer tipo de
operaciones que se me ocurre para usar las entidades financieras rescatadas en
favor de la mayoría, sería para facilitar la financiación de grandes
infraestructuras mediante el uso de emisiones de deuda pública a plazo de cinco
o más años.
Los nuevos proyectos de
inversión, pública o privada, con largos plazos de maduración, tienen hoy muy
difícil, si no imposible, la obtención de financiación por un plazo acorde con
las necesidades y posibilidades de cada uno de ellos, por lo que debería
buscarse un sistema de financiación que permita ajustar en lo posible los
plazos de captación del ahorro con los plazos de maduración de los proyectos y,
en alguna medida, los planes de pensiones pueden ser un origen adecuado de
préstamos a muy largo plazo.
Sin embargo, para dar las
garantías necesarias a los ahorradores a largo plazo es imprescindible la
participación del Estado que, por otra parte, también puede usar el mismo este
mecanismo de financiación para las infraestructuras básicas que promueve
directamente, y canalizarlo, a través del ICO y de las entidades financieras
rescatadas, para los proyectos de las empresas privadas.
Un posible sistema sería
la emisión de Bonos del Estado a muy largo plazo (entre 10 y 30 años) con un
tipo de interés fijo que, después de impuestos, permita una rentabilidad media
algo superior a la inflación prevista a largo plazo.
Estos bonos podrían ser
comprados por los ahorradores, pero serían especialmente de gran interés para
los planes de pensiones, muchos de los cuales, probablemente, decidirían tener
un cierto porcentaje de sus fondos en este tipo de bonos.
El Estado emplearía parte
del importe así captado para la financiación de sus propios proyectos de largo
plazo de maduración, y otra parte sería canalizada, a través de las entidades
financieras públicas, para aquellos proyectos solventes, cuyos promotores
desearan tener un tipo de interés fijo a muy largo plazo y no excesivamente
caro.
Con la misma hipótesis de
una inflación media a largo plazo del 2,5% anual empleada en los artículos
anteriores, los ahorradores particulares estarían interesados a partir de un
tipo de interés, a muy largo plazo, que fuera igual o superior al 4,25% y los
préstamos a muy largo plazo para proyectos sólidos podrían plantearse a tipos
de interés de entre el 4,5 y el 5%, tipos que son más que razonables para
acometer ese tipo de proyectos si cubren todo el plazo de maduración de las
mismas.
Una condición necesaria
para evitar la financiación de proyectos con escasa rentabilidad económica (o
social en algunos casos) sería que las entidades públicas que dieran los
créditos, tuvieran un equipo para analizar la solidez de los proyectos
(incluidos los públicos) de una calidad similar a la que tienen los equipos del
Banco Europeo de Inversiones (BEI), única manera de evitar financiar proyectos
que a la postre resulten fallidos. Si se obtiene una morosidad para estos
proyectos que en la práctica sea nulo, o casi nula, el tipo de interés de los
créditos a dar sería el más bajo posible.
Los efectos serían
beneficiosos para el Estado (dispondría de una vía de financiación a muy largo
plazo a un coste conocido y no muy elevado) pero también lo serían para los
inversores españoles, en especial para los fondos de pensiones, y para las
entidades rescatadas, que tendrían una nueva fuente de ingresos.
Obviamente habría unos
perjudicados, en este caso los políticos, que ya no podrían presionar para conseguir
la financiación de proyectos faraónicos cuyas pérdidas son pagadas, en última
instancia, por el Estado, por lo que es de esperar que se opongan radicalmente
a cualquier iniciativa de este estilo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario