Más de medio año
después del cambio de gobierno, la situación económica española está a un paso
de tener que solicitar la intervención del temido FMI.
La sociedad española ya
ha asumido que la crisis es profunda, muy profunda, pero los políticos con
poder siguen estando muy lejos, todavía, de tomar las decisiones adecuadas y
explicárselas a la población, probablemente porque tienen intereses poco
confesables que están muy por encima del bienestar de la población en general.
El origen del problema,
como ya han empezado a reconocer, tímidamente, los políticos, está en la muy
elevada deuda externa que el conjunto de la sociedad española tiene con el
exterior.
Cuando se inició la
crisis (al final del tercer trimestre de 2007) la deuda total española con el
exterior era de 1.540.000 M€ (casi una vez y media el PIB español), de los que
375.000 millones tenían un vencimiento inferior a un año. Al final del primer
trimestre de 2012 (últimos datos publicados por el Banco de España) la deuda
total ha crecido hasta 1.780.000 M€ (un
15,4% más que cuatro años y medio antes) y la cantidad que vence antes de un
año es de 650.000 M€.
En una situación como
la actual, en que los mercados internacionales sólo están dispuestos a seguir
prestando dinero a la economía española si los tipos de interés son del orden
del cinco por ciento superiores a los que piden por los préstamos, también en
euros, que les pueda solicitar la economía alemana, las consecuencias son
claras: en la hipótesis de que nos refinancien la deuda a tipos del 6%, el
coste anual de la parte a refinanciar durante los próximos doce meses será de
39 000 millones de euros, coste que sobrepasará los 100 000 millones de euros
anuales cuando toda la deuda se haya refinanciado, cantidad equivalente al 10%
del PIB que tendremos entonces.
Si la única solución
que se les ocurre a los políticos, en el poder y en la oposición, es la de
continuar con recortes sociales y aumentos de impuestos, pronto ya no podrán
recortar ninguna prestación social más, porque ya no darán ninguna, y abocarán
a ir a una economía de trueque a la escasa actividad económica que quede.
La solución menos
dañina para la economía española es bastante clara, actuar de forma que la
prima de riesgo baje de forma relevante y que, en consecuencia, la carga de los
intereses no sea tan pesada.
Como ya es obvio que
los mercados no aceptarán ninguna solución que se limite a las decisiones de
nuestros políticos, cuya credibilidad es nula en el exterior, sólo quedan tres
opciones:
- Empezando por la peor de todas, el Estado Español podría declarar la suspensión de pagos de su deuda pública, suspensión de pagos que podría llevar a una quita relevante del principal si se negociara en el Club de París, lo que exigiría la Intervención del FMI (hay otra opción todavía peor que es la de no admitir la intervención y simplemente suspender los pagos de intereses y principal hasta que el país se lo pueda permitir)
- Existe otra posibilidad que es la de solicitar la intervención del FMI, con un plan de refinanciación de la deuda a su vencimiento, por parte del FMI, que, por descontado exigiría garantías de que el FMI recuperaría el principal y los intereses, que llevaría a unas medidas de reducción del gasto público (que incluirían la reducción del coste total de los empleados públicos, por la doble vía de la drástica reducción de su número y de los sueldos de los que quedaran, del coste de las pensiones y del coste de las prestaciones de sanidad) y de aumento de los impuestos. Las consecuencias inevitables serían la aguda contracción de la actividad económica y el aumento de los desempleados en algunos millones más de personas.
- Finalmente la posibilidad menos dura para la sociedad española sería la de una intervención por parte de la Unión Europea, que podría exigir menos recortes en la medida en que los tipos de interés a pagar por la nueva deuda fueran inferiores a los que aplique el FMI. Por descontado habrá países de la UE que no deseen cooperar en la reducción de la dureza del ajuste en España, pero también tendrán que sopesar el riesgo de que tras España vaya Italia (siguiente pieza a batir por parte de los especuladores, en buena parte bancos de la UE) y tras Italia vaya Francia.
Los próximos meses nos mostrarán el camino que deba
seguir España, que en ningún caso será cómodo ni fácil para la mayoría de la
sociedad española. Los políticos pueden intentar todavía mantener sus
privilegios durante algunos meses más, aunque también corren el riesgo de que
en las próximas elecciones los electores les den masivamente la espalda y los
partidos políticos responsables del desastre (todos los que han tenido poder,
mucho o poco, durante los últimos diez o doce años) simplemente desaparezcan.

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