Según la OCDE, la “economía sumergida” hace referencia a todo el conjunto de actividades económicas cuyo producto final es legal, pero que son escondidas deliberadamente a las autoridades de un país para evitar el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, para evitar el cumplimiento de normas legales sobre salarios mínimos, normas sanitarias o de calidad, o simplemente para evitar el cumplimiento de procedimientos administrativos. Quedan obviamente excluidas todas aquellas actividades criminales y delictivas, como la producción y distribución de drogas, armas, etc.
Hay en consecuencia, una enorme parte de la actividad económica que no está incluida ni en la economía oficial, ni en la economía sumergida, ni en la economía delictiva. La mayor parte de esa ingente actividad económica es la dedicada al autoconsumo, esto es la actividad que se realiza para satisfacer las necesidades propias, de la familia o del entorno cercano, actividades que no están declaradas, entre otras razones porque no hay obligación legal de hacerlo. Estas actividades normalmente no incluyen el pago de una contraprestación monetaria, aunque en no pocas ocasiones si que exista este tipo de pago. También habría que incluir en este apartado todos aquellos servicios alegales que normalmente no se hacen ni gratuitamente, ni debido a una cercanía personal entre quien los proporciona y quien los recibe, pero que no se tienen que declarar o incluso, no se pueden declarar. Paradójicamente, el servicio de este tipo con un volumen económico mayor, con unas connotaciones de política social enormes y con conexiones evidentes, en muchos casos, con la economía delictiva es la prostitución, actividad que en sí no es ilegal pero que tampoco se puede declarar.
Como se puede apreciar, la definición de economía sumergida es un tanto ambigua, lo que hace aun mas difícil la estimación de su valor económico.
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