El principal objetivo del sector financiero es el saneamiento de sus balances. Como casi todos los objetivos críticos para salir de esta crisis no es tarea fácil, pero es imprescindible.
Para hacerlo, la Administración tiene que establecer, a través del Banco de España, el proceso a seguir tanto de forma genérica como, entidad a entidad en aquellos casos en que las entidades financieras no lo sigan al ritmo establecido que, por desgracia, será lo más habitual. Será un proceso muy delicado y poco transparente, para evitar la pérdida de confianza en muchas de las entidades y por ello es básico que sea el Banco de España quien siga de cerca cada proceso y establezca las pautas específicas cuando la entidad correspondiente no vaya alcanzando los hitos temporales que se establezcan de forma general.
Para hacer que las entidades tengan una situación estable en el menor plazo será imprescindible la reducción del número de oficinas (que constituye un elemento relevante en los costes fijos de operación) acompañada, en su caso, de procesos de absorción o de fusión.
El punto más delicado será, sin duda, el saneamiento rápido de los activos tóxicos inmobiliarios, que seguramente exigirá la asunción por parte de las entidades financieras de unas pérdidas relevantes asociadas a una vuelta a precios de los inmuebles y del suelo edificable que sean asumibles para el mercado.
El segundo objetivo, crucial para la recuperación de la actividad económica, es volver a poner a disposición del sector privado la nueva financiación que éste necesita. Para ello, el sector financiero necesita mejorar su propia financiación, todavía hoy basada en exceso en el recurso a créditos muy baratos procedentes del BCE que luego emplean en gran parte en comprar deuda pública con un margen aceptable y sin riesgo alguno para ellos (el Estado es el que avala los créditos del BCE) Este mecanismo, muy cómodo para las entidades financieras, durará mientras el BCE tenga que apoyar también a las entidades financieras de los otros países de la zona euro, pero todo apunta a que ese periodo será inferior al que necesita el sistema financiero español a causa de su exagerada exposición inmobiliaria.
También es importante que las entidades financieras cambien sus objetivos principales de la actual la maximización del beneficio a corto plazo a la estabilidad de su balance a corto, medio y largo plazo y, además, tendrían que asumir las pérdidas derivadas de su deficiente gestión en el pasado.
Finalmente, para asegurar que las condiciones de acceso al crédito sean razonables, el Gobierno, a través del ICO y de forma directa, tendría que poner unas cantidades relevantes de crédito a disposición de empresas y particulares, en condiciones razonables tanto de tipo de interés como en cuanto a las garantías exigibles. Esta actuación tendría un doble efecto: asegurar un mínimo de crédito realmente disponible en condiciones razonables y dar una pauta de referencia al mercado financiero, de forma que otras entidades, en este caso privadas, ofrecieran créditos en condiciones similares.
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