El principal objetivo del sector público es eliminar el déficit del conjunto de las Administraciones, manteniendo las prestaciones sociales fundamentales y recurriendo en la menor medida posible al aumento de la presión fiscal. No es tarea fácil, pero es imprescindible.
Para hacerlo, las Administraciones tienen que mentalizarse de que, durante décadas, tendrán que limitarse a contar con recursos muy inferiores a los que han empleado en los años inmediatamente anteriores a la crisis y cambiar radicalmente su forma de gestionar el dinero público. La única manera de razonable es la realización de presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Los servicios a garantizar deben ser los imprescindibles, se debe poner en cuestión cada puesto de trabajo público y asegurar la eficacia de cada trabajador público y se tiene que renunciar a gastar un solo euro público en aquellas actividades que no sean imprescindibles. En los servicios irrenunciables (pensiones, sanidad, educación, desempleo, infraestructuras públicas y seguridad) se tiene que redefinir el alcance y la forma de optimizar los costes y se debería aprovechar el cambio para eliminar las injusticias que existen en el sistema actual.
El sistema de pensiones se tiene que cambiar para asegurar su viabilidad a medio y largo plazo y mejorar su equidad, lo que supone ampliar la base de cálculo de las nuevas pensiones a un número mayor de años de la vida laboral (la totalidad a ser posible) hacer que el valor de cualquier cotización realizada sea el mismo independientemente del momento en que se haya realizado, reformular el cálculo de la pensión a recibir en función de la edad y de las cotizaciones realizadas, recalcular la edad mínima y el número de años cotizados a partir de los que se tenga derecho a la pensión máxima, eliminar la edad máxima para continuar cotizando a la seguridad social y reformular los incentivos para continuar la actividad, parcial o totalmente, una vez cumplida la edad en que se tenga derecho a la pensión máxima, y también para retomarla una vez obtenida la prestación por jubilación, de forma que se repartan los beneficios de forma equitativa entre el trabajador que prolongue la actividad y el sistema de pensiones. También sería necesario aprovechar la reforma para aplicar a los políticos electos las mismas condiciones (y en especial los mismos años de cotización) que a los demás trabajadores, para obtener su pensión.
El sistema sanitario tiene que optimizar sus costes sin merma de la calidad asistencial. Para ello debe rediseñar bastantes procesos para evitar las pruebas analíticas innecesarias (no las preventivas) y el consuno excesivo de medicinas, así como para maximizar el uso de medicamentos genéricos. Además, debe revisar las causas por las que una parte relevante de los médicos formados en el excelente sistema español se van a otros países, lo que obliga a que en España se tengan que contratar médicos de otros países, con un nivel de formación claramente inferior. Asimismo debería evitarse la privatización de gran número de actividades, especialmente las asistenciales, para evitar que se cambie el criterio de aplicar a cada persona el tratamiento más adecuado para su situación por el de aplicar a cada persona el tratamiento que proporcione un mayor beneficio económico a la empresa que, de hecho, decide que tratamiento aplicar.
El sistema educativo tiene que mejorar su eficiencia, para lo que, en contra de lo generalmente aceptado, no es necesario aumentar el gasto por alumno, o por lo menos no de forma relevante. Es imprescindible, por el contrario, hacer una reforma educativa, consensuada al menos por los dos principales partidos políticos, que aumente los niveles de exigencia cambiando los criterios actuales de maximizar a toda costa el numero de alumnos que superan los distintos niveles y devolviendo la posibilidad de movilidad absoluta de los alumnos entre comunidades autónomas sin pérdida de cursos por causa de las diferencias de los planes educativos. Son puntos fundamentales la devolución de la autoridad y el prestigio social a los profesores y la valoración del esfuerzo individual de los alumnos.
Las prestaciones por desempleo deben modificarse para asegurar que se incentiva de forma efectiva la búsqueda de un nuevo empleo, tan rápido como sea posible. Las experiencias de países como Dinamarca podrían servir de referencia para diseñar los cambios.
La ley de Dependencia tendrá que revisarse, a fin de que sea económicamente posible el cumplimiento de lo en ella establecido. No es de recibo la frustración generalizada que se deriva de los retrasos en recibir la prestación efectiva, que con demasiada frecuencia se acuerda cuando la persona beneficiaria ya ha fallecido, lo que deriva en un pago nulo por parte de la Administración, para lo que es necesario que la obligación de pago sea efectiva desde la fecha en que, en caso de haber actuado con diligencia, le tendría que haber sido reconocida y que, en caso de fallecimiento, corresponda recibir la prestación a la persona que realizaba los cuidados o, en último caso, a los herederos. Asimismo, debe optarse por la forma de atención más adecuada para la persona dependiente, aunque ello suponga la creación de menos empleos.
La disponibilidad de fondos para realizar inversiones públicas será especialmente escasa en los próximos años, motivo por el que es más importante que nunca asegurar que se acometan únicamente aquellos proyectos que generen riqueza y que además se realicen optimizando sus costes, tanto de inversión como de operación y mantenimiento.
El mantenimiento de un nivel de seguridad adecuado es incompatible con la reducción del número de agentes de los cuerpos de seguridad que efectivamente se dedican a preservarlo, por lo que las reducciones de puestos de trabajo se deben limitar a la optimización de los puestos dedicados a tareas administrativas y se debe parar la práctica de contratar personal de empresas privadas para estos fines.
La necesidad de optimización del número de empleados públicos es especialmente necesaria en los ayuntamientos, por lo que deberían imponerse limites al número de sus empleados públicos (tanto directos como indirectos) en función del número de habitantes del municipio.
También deberían establecerse límites al déficit presupuestario (anual y acumulado) de cada una de las entidades, regular los plazos de pago a los proveedores de las cantidades comprometidas y también definir las responsabilidades personales de las personas que incumplan esas normativas.
Finalmente, es necesario establecer un programa exhaustivo de lucha contra la corrupción que introduzca la tolerancia cero en todos los niveles de las administraciones.
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