La inversión pública que se realiza en cada CA es la suma de las que realizan el Gobierno (en ella) la propia Comunidad y los ayuntamientos.
En los presupuestos del Estado sólo se detallan las que realiza directamente el Gobierno, que deben referirse a proyectos de alcance pluriautonómico, aunque buena parte de las que realizan las comunidades y ayuntamientos se financian con el dinero procedente de las transferencias que reciben del Gobierno.
Como es obvio, las necesidades son superiores a las posibilidades objetivas, que están limitadas por la disponibilidad de fondos. Si el reparto fuera equilibrado, a largo plazo los ciudadanos de todas las comunidades recibiríamos servicios de calidad equivalente, en su conjunto y en cada uno de los apartados más importantes.
La realidad es que hay diferencias relevantes entre la calidad de los servicios que se reciben en las distintas CCAA, por lo que deberían existir planes sectoriales para definir las inversiones necesarias para reducir al máximo esas diferencias. Este mecanismo es válido para las inversiones del Gobierno, pero en el caso de las inversiones que son competencia regional o local, lo único que se puede pedir es que la financiación que reciban sea también equilibrada.
El reparto de los impuestos que pagamos entre todos, con un sistema fiscal con pocas diferencias entre unas comunidades y otras, debería hacerse de forma que se avance hacia el equilibrio, porque los impuestos los pagamos las personas, físicas o jurídicas, no las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, y los servicios los recibimos también las personas, sin que se deban admitir diferencias relevantes derivadas del lugar de residencia.
Pero será difícil evitar que si una CA, como es el caso de Extremadura, decide invertir más en ordenadores para las escuelas, a costa, por ejemplo, de gastar menos en la televisión autonómica, haya políticos que digan que es inaceptable que una CA con menos renta proporcione mejor educación.
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