El Cercle d’Economia de Barcelona acaba de publicar un interesante documento titulado “La responsabilidad del empresariado catalán” que tiene la virtud de introducir la autocrítica para analizar las causas de la menor intensidad del desarrollo económico de Cataluña en comparación con el conjunto de España.
Como conclusión realizan cinco propuestas con las que es difícil no estar de acuerdo: Asumir algo más de riesgo en los negocios, acompañado de un análisis más riguroso de los mismos, abandonar el individualismo cuando sea conveniente, priorizar los intereses a medio y largo plazo de la empresa respecto a los intereses a corto plazo de los accionistas, liderar con ambición los cambios que un mercado cada vez más globalizado impone y profesionalizar la empresa familiar para que los gestores sean personas bien preparadas, pertenezcan o no a la familia propietaria.
Sin embargo, no han incluido otros aspectos que, en mi opinión, son muy relevantes para explicar la falta de empuje de la economía catalana: el excesivo intervencionismo de la administración de la comunidad autónoma, que también se extiende a la actividad empresarial, la muy escasa inversión en infraestructuras realizada directamente por la Generalidad, y el mantenimiento de todo tipo de privilegios, monopolios y oligopolios que tienen como inevitable corolario un potente lobby local y una corrupción todavía mayor que en el resto de España.
La decidida apuesta por el sistema de peajes para las nuevas autopistas realizada desde hace 25 años por la Generalidad, que ha exigido como contrapartida la renovación de los peajes a su caducidad así como el retraso indefinido, por pasividad evidente, de las demás infraestructuras (autopistas libres, ferrocarriles y metro) está en la base de la saturación actual que tanto perjudica a la economía y a la vida diaria de los ciudadanos.
Los empresarios catalanes podrían hacer mucho para eliminar estas restricciones.
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