El 15 de noviembre saltó la noticia de una operación de la Guardia Civil que ha desmantelado una organización dedicada a cobrar a los ciudadanos que pretendían obtener determinados tipos de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.
No parece que se dieran licencias sin un cumplimiento razonable de los requisitos legalmente exigidos, simplemente quien no estuviera dispuesto a pagar la coima, vería como su expediente se eternizaba en los recovecos burocráticos.
Parece también que la organización no dedicaba ningún porcentaje de sus ingresos a la financiación irregular de los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento. De ser esto cierto, es casi seguro que se dará una solución ejemplar al caso.
Es evidente que si esta corrupción se lleva haciendo más de una década en un ayuntamiento tan “poco” relevante como el de Madrid, es porque estas prácticas son frecuentes en todas las administraciones, siempre que una decisión administrativa, que con más o menos subjetividad depende de la opinión y firma de uno o unos pocos funcionarios, tiene una repercusión económica relevante para el ciudadano que la solicita.
Es obvio que la responsabilidad es, sobre todo, de los que han participado de una u otra forma en la trama. Pero no es menos obvio que los responsables políticos del Ayuntamiento ha vigilado muy escasamente el correcto funcionamiento de sus departamentos.
¿Cuántas quejas, orales o por escrito, han realizado los ciudadanos por esta práctica antes de que se haya iniciado una investigación seria como la realizada por la Benemérita?
¿Es posible que sea vox populi la enorme dificultad de obtener determinadas licencias en un plazo razonable y que los únicos que no lo sepan sean los responsables políticos?
¿Será que tienen poca autoridad moral para exigir a los funcionarios diligencia, objetividad, neutralidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, aquellos responsables políticos que dan, por ejemplo, la instrucción de no responder a los recursos presentados sobre sanciones de tráfico, para obligar al ciudadano a recurrir a instancias superiores que, aún en el caso de ganar el recurso, supondrán para ellos un coste superior al de pagar la multa sin recurrir?
¿Dispone el Alcalde de Madrid de un proceso establecido que le garantice que cualquier queja presentada por un ciudadano de a pie le llegue directamente o, como mucho, tras pasar un filtro en el que sólo intervengan personas independientes de la dependencia afectada por la denuncia y cuyo objetivo prioritario sea el buen servicio a los ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos?
No son pocos los que justifican la corrupción, siempre que el destino de una parte del dinero obtenido sean las arcas del ayuntamiento o de uno o varios partidos políticos, e incluso han acuñado la especie de que para que la economía funcione bien es necesario “engrasarla”
Mi opinión es radicalmente diferente. Para mí la corrupción, a cualquier escala y sea cual fuere el destino de los fondos así recaudados, es uno de los peores cánceres que puede tener una sociedad. Además, beneficia a unos pocos a costa de perjudicar gravemente a la inmensa mayoría y con mayor intensidad a los más necesitados.
En ausencia de corrupción y con una gestión adecuada de los dineros públicos estoy convencido de que se podrían prestar los mismos servicios con un coste al menos un 30% inferior.
Es fácil imaginar lo que cambiaría este país si de repente se bajaran, de forma permanente, un 30% los impuestos efectivos o se aumentarán más de un 40% los servicios públicos prestados sin aumentar la recaudación, o cualquier situación intermedia.
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