El Proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña ha creado una situación difícil a la todavía inmadura democracia española.
Y la situación es difícil porque ninguna de las posibles soluciones es buena. Yendo desde un extremo, la aprobación por las Cortes sin cambiar una coma, hasta el otro, el rechazo por las Cortes como se hizo con el Plan Ibarretxe, cabe imaginar dos situaciones intermedias básicas: una en la que se quiten los cuatro o cinco motivos de inconstitucionalidad más llamativos y otra en que el texto aprobado se ajuste a la Constitución.
Malo, muy malo, sería que las Cortes aprobaran el texto actual sin cambiar una coma, ya que se pondría en manos de los nacionalistas la posibilidad de independizarse cuando quisieran con la sola aprobación de su parlamento; y mientras, tendrían derecho a decidir en exclusiva sobre el gobierno de Cataluña y a que su acuerdo fuera obligado para el gobierno del resto de España, Y como guinda habría que aumentar los impuestos en el resto de España para mantener el alcance y calidad de los serviciós del Estado en las otras CCAA.
Mala, aunque no tanto, sería la aprobación manteniendo buena parte de los aspectos inconstitucionales. Para valorar el perjuicio de esta solución habría que conocer el texto finalmente aprobado pero, con certeza, se abriría una fase de protesta de los nacionalistas por el rechazo de un Estatuto aprobado por el noventa por ciento de los diputados autonómicos.
La menos mala de las soluciones sería la aprobación de un Estatuto totalmente respetuoso con la Constitución, aunque la reacción de protesta de los nacionalistas radicales sería aún más intensa.
Ni que decir tiene que en el caso de que el proyecto hubiera venido así del Parlamento de Cataluña esta solución hubiera sido muy buena.
Finalmente, la otra solución extrema, el rechazo del proyecto, sería también mala, ya que no pocos catalanes tendrían la impresión de no ser tenidos en cuenta a la hora de establecer leyes que les afectan muy directamente.
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