El Gobierno ha empezado a
llamar "Nueva Normalidad" al periodo que comenzará cuando termine el
Estado de Alarma. Podría pensarse que algunas cosas, desde el punto de vista de
los derechos y obligaciones legales, cambiarán cuando llegue ese momento y que
esos cambios serían lógicos si estuvieran encaminados exclusivamente a prevenir
posibles rebotes de esta pandemia o la aparición de otro tipo de pandemias,
corrigiendo errores que se han detectado de forma palmaria estos últimos meses.
Sin embargo, ante la falta
de definición de ese concepto, que sin embargo repiten machaconamente para que
pronto nos parezca algo ya conocido y asentado en la legalidad vigente, y también ante la dificultad de responder de
una forma clara y concisa a las previsibles preguntas de algunos periodistas al
respecto, las opciones que cabe imaginar son básicamente dos:
a) No tienen la menor idea
de las cosas que tendrán que cambiar.
b) Si que saben al menos
las principales cosas que quieren cambiar, pero no se atreven a decirlas porque
la sociedad quedará muy descontenta cuando se entere.
En la rueda de prensa de
ayer 30 de abril, destinada a explicar las fases del proceso que ellos llaman de alivio de
las medidas del Estado de Alerta, el ministro pasó olímpicamente de responder en sucesivas
ocasiones a sendas preguntas de varios periodistas, que querían saber que
pensaba hacer el gobierno en el caso de que alguna de las prórrogas del Estado
de Alarma que faltan por aprobar, fuera rechazada por el Congreso.
Al final supongo que se
sintió obligado a decir algo, posiblemente porque pensara que la falta repetida
de respuesta pudiera tener un efecto muy negativo en la opinión pública, y dijo
algo que aunque es obvio, da que pensar: Si no se aprobara la prórroga,
entonces ya no sería posible mantener las limitaciones de los derechos
fundamentales y habría que cargar con las consecuencias.
La respuesta, al margen de
despejar la duda de si el ejecutivo tiene pensada una alternativa de
actuaciones para ese caso, que parece que no la tiene, seguramente deja aún más
preocupada a la opinión pública, porque parecería que el gobierno le ha cogido
el gusto a gobernar sin tener en cuenta los derechos fundamentales que nos
otorga la Constitución de 1978.
Uno de esos derechos
fundamentales, ligado al derecho a la propia salud, es el derecho que nos
asiste a todos de conocer en qué situación nos encontramos cada uno respecto al
Coronavirus, en el sentido de saber, además de si estamos padeciendo la enfermedad
o no, si tenemos anticuerpos de "largo plazo" o si por el contrario
carecemos de ellos, seguramente por no haber tenido ningún contacto con ese
virus
Este derecho no está
reconocido, de hecho, en la actualidad, ya que el ministro lo dijo claro: No se
tiene el derecho individual a que se le haga la prueba si no es por la decisión
discrecional del sistema sanitario público, ya que el sistema privado carece de
la potestad de realizar las pruebas, ni siquiera cuando sus médicos lo
prescriban y aunque dispongan de medios para hacerla que no hayan sido
solicitados por el sector público, y mucho menos lo puede solicitar el
ciudadano que considere oportuno conocer su situación aunque no tenga síntomas
de padecer la enfermedad.
La anulación de este
derecho quedará sin efecto cuando termine el Estado de Alarma, salvo que el
gobierno pretenda anularlo al iniciarse la "Nueva Normalidad"
inventándose alguna Orden Ministerial.
¿Que otros derechos
fundamentales pretenderán negarnos en aras de evitar el supuesto riesgo de
pandemia?
Se me ocurre que podrían
aprovechar la ocasión para limitar el derecho a la libre circulación, o
instituir la obligación de estar permanentemente controlados en lo que se
refiere a nuestra ubicación geográfica, o limitar el derecho a estar con
nuestros familiares (ya sabemos que para la ministra de educación los hijos no
son de los padres) pero quizás añadan que los hijos no tienen derecho a estar
con sus padres o con sus abuelos, o que solo tendrán este derecho bajo estricta
supervisión gubernativa, por el alto riesgo que supone.
Probablemente se les
ocurra que no deben hacerse paellas, ni barbacoas ni calçotades colectivas y que las reuniones familiares deberán ser
autorizadas a partir de las cinco personas (u otra cifra que se les ocurra)
Mucho me temo que el Gran
Hermano y el Ministerio de la Verdad imaginados por Orwell cada día están más
próximos a controlar nuestras vidas de forma asfixiante.
