La deuda externa de los países de la zona euro es una de las pocas magnitudes financieras relevantes que el diseño de la moneda única dejó totalmente en manos de cada país.
No es de extrañar que con el paso del tiempo la creencia de que los desequilibrios de algunos de los países, especialmente si su economía era relativamente pequeña en comparación con la de la zona euro, haya alentado las políticas inadecuadas de financiar consumo con deuda pública en euros, y el abuso de las mismas haya hecho que el exceso global de deuda ya no fuera poco relevante para el conjunto de la zona euro.
Además la UE ha tardado mucho en reaccionar, lo que ha dado pie a que la especulación haya hecho su agosto durante demasiados meses y en demasiados países.
Parece, sin embargo, que Alemania y Francia ya han acordado el mecanismo para solucionar el problema, primero, y evitar, después, que se pueda reproducir en el futuro.
Lo segundo no es difícil, y si se hubiera hecho al introducir el euro no hubiera costado nada y hubiera evitado los problemas actuales. Basta con introducir un nuevo criterio a los de Maastricht, que sería un corolario de los existentes. Si a la inflación contenida, al límite anual del máximo déficit anual admisible y al límite de la deuda pública total se añade una limitación a la cantidad de deuda pública que se puede emitir por un país durante un año, se cierra en la práctica la posibilidad de que gobernantes populistas y poco cuidadosos con las cuentas de su país puedan llevar a situaciones como las que ahora sufren Grecia, Irlanda y Portugal o las que, aunque lejanas de las de esos países, están lastrando la recuperación en España y en Italia.
Lo difícil, será la elaboración de un plan específico para cada uno de los países que no cumple en la actualidad el conjunto de los requisitos, que en un plazo razonable permita llegar a los valores ya acordados y a los que se acuerden para el nuevo requisito y que en un plazo inferior, cuando los mercados ya no puedan tener dudas razonables sobre la irreversibilidad de la situación, se puedan sustituir todas las emisiones de deuda pública de los países de la zona euro por emisiones de eurobonos, que como ya ocurre con la emisión de papel moneda, serán acordadas por el Banco Central Europeo en cuanto a la cuantía máxima para cada país.
Quedaría un aspecto difícil de regular, que es la limitación de la deuda privada total de cada país con el resto del mundo, pero que si se llevara a cabo cerraría la posibilidad de futuras crisis financieras derivadas de la deuda de los países con el exterior.
Un deseo que difícilmente se cumplirá, es que cuando se hagan las emisiones de eurobonos, no se solicite su calificación a ninguna de las tres agencias de calificación de Estados Unidos, para lo que previamente habría que haber creado una o varias agencias europeas que generen mayor confianza tanto por el empleo de unos criterios más objetivos para calificar, como por la absoluta prohibición de la obtención de ingresos por asesorías ni por ninguna otra actividad diferente de la calificación de activos.
En este cuaderno iré poniendo notas sobre los temas que me gustan o que me preocupan. Por deformación profesional abundarán los temas sobre economía en general y sobre energía y empresas en particular, pero también saldrán temas políticos y sociales y recetas de cocina sencillas y sanas. Son bienvenidos los comentarios, incluso aunque no sean discrepantes, sólo pido educación y respeto para las opiniones de los demás.
miércoles, 17 de agosto de 2011
sábado, 2 de julio de 2011
Deuda española con el exterior (1er trimestrre 2011)
Ya están disponibles los datos del Banco de España de la deuda española con el exterior a finales del primer trimestre de 2011. Los datos del primer trimestre de este año son, de nuevo, positivos, aunque todavía falten muchos trimestres para que se terminen de solucionar los problemas que nos hemos creado desde el año 2000 con el aumento excesivo de la deuda con el exterior..
Son positivos porque por primera vez en lo que va de siglo, la deuda española con el exterior se está reduciendo respecto a la que tenía un año antes, y porque en los últimos cuatro trimestres lo ha hecho en el 5,7% del PIB, lo que significa la corrección muy relevante de uno de los principales desequilibrios macroeconómicos que están en la base de la dureza de la mala etapa económica que padecemos en nuestro país.
La deuda externa total a largo plazo era, a finales de marzo de 2011, de 1,73 billones de euros, cifra no muy lejana a la de septiembre de 2007 (1,54 billones) momento en el que se redujo drásticamente el ritmo de incremento de los préstamos del exterior a los agentes españoles, lo que supuso un claro indicador de que el sector financiero internacional había puesto un tope a la cantidad de deuda a largo plazo que estaba dispuesto a aceptar en el caso de España.
La evolución de este importante indicador se puede apreciar de forma muy intuitiva en la gráfica siguiente, en la que se presenta la variación de la deuda total española con el exterior en los cuatro trimestres anteriores al trimestre de referencia.
Como se puede apreciar en la gráfica, desde el año 2000 la economía española venía aumentando cada año su deuda externa total entre el 10 y el 15% del PIB. Esta cifra ya era muy elevada, porque este incremento de deuda se dedicaba en su mayor parte al gasto o a inversiones no productivas, lo que de hecho suponía que el país estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades.
En 2005 el aumento de la deuda externa se disparó al 30% del PIB y en 2006, aunque se redujo algo, supuso cerca del 25%. A partir de 2007 el incremento volvió a la senda cercana al 10% de incremento que se había dado en los primeros años de la década, y sólo en el último año se ha reconducido de forma drástica con la primera reducción en lo que va de siglo de las cifras de cuatro trimestres seguidos.
También es un dato muy positivo que la reducción registrada en el conjunto de los cuatro últimos trimestres (58.600 millones de euros, equivalentes al 3,3% de la deuda total de un año antes) se haya dado en todos los sectores: las Administraciones Públicas, que han registrado un descenso del 3,3% en su deuda externa, el conjunto de las instituciones financieras, que lo han reducido en el 3,6%, y el resto del sector privado (empresas no financieras y familias) que lo han hecho en el 2,8%)
Los problemas que quedan por resolver no son pocos, ya que España deberá continuar bastantes años con la recién iniciada tendencia a reducir su endeudamiento con el exterior, lo que significará necesariamente que mientras exista además un déficit público relevante, podrá contar para la financiación de la economía sólo con una parte del ahorro interior, y esta escasez de financiación será un freno para el incremento de la capacidad productiva en procesos de mayor competitividad.
El Gobierno seguirá reduciendo el déficit público, pero si tuviera que hacerlo en una parte relevante con el aumento de la presión fiscal, hará más difícil la recuperación del consumo. Por este motivo es especialmente importante que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos asuman que los ingresos fiscales de los años previos a la crisis no eran ingresos estructurales y estables, por lo que pasarán muchos años antes de que vuelvan a tener unos ingresos de la magnitud de los que tuvieron en los años previos a la crisis, por lo que el ajuste deberán realizarlo en su mayor parte a partir de la reducción del gasto (a ser posible con mejor gestión y con la reducción y eliminación de los gastos no imprescindibles)
El sector financiero tendrá que seguir saneando su exposición a los proyectos inmobiliarios tóxicos, por lo que también intentará aumentar las comisiones y los márgenes que cobra al sector privado.
Por último, el sector privado, el único que no puede, en la mayoría de los casos, traspasar su déficit a terceros, seguirá ajustándose el cinturón para capear la situación, a la espera de poder aumentar sus ingresos por las vías, fundamentalmente, del aumento de la productividad y del aumento de las exportaciones, teniendo en cuenta que el aumento de los ingresos por turismo es equivalente al aumento de las exportaciones, con la ventaja añadida de que también suponen un incremento de la recaudación, derivada del IVA que pagan los turistas por sus compras en España .
Sin embargo, el mensaje más importante de la evolución de la deuda exterior española es que la senda de la corrección se ha iniciado, y que la continuidad de esta senda es condición imprescindible para que se empiece, más pronto que tarde, a recuperar el empleo.
Son positivos porque por primera vez en lo que va de siglo, la deuda española con el exterior se está reduciendo respecto a la que tenía un año antes, y porque en los últimos cuatro trimestres lo ha hecho en el 5,7% del PIB, lo que significa la corrección muy relevante de uno de los principales desequilibrios macroeconómicos que están en la base de la dureza de la mala etapa económica que padecemos en nuestro país.
La deuda externa total a largo plazo era, a finales de marzo de 2011, de 1,73 billones de euros, cifra no muy lejana a la de septiembre de 2007 (1,54 billones) momento en el que se redujo drásticamente el ritmo de incremento de los préstamos del exterior a los agentes españoles, lo que supuso un claro indicador de que el sector financiero internacional había puesto un tope a la cantidad de deuda a largo plazo que estaba dispuesto a aceptar en el caso de España.
La evolución de este importante indicador se puede apreciar de forma muy intuitiva en la gráfica siguiente, en la que se presenta la variación de la deuda total española con el exterior en los cuatro trimestres anteriores al trimestre de referencia.
Como se puede apreciar en la gráfica, desde el año 2000 la economía española venía aumentando cada año su deuda externa total entre el 10 y el 15% del PIB. Esta cifra ya era muy elevada, porque este incremento de deuda se dedicaba en su mayor parte al gasto o a inversiones no productivas, lo que de hecho suponía que el país estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades.
En 2005 el aumento de la deuda externa se disparó al 30% del PIB y en 2006, aunque se redujo algo, supuso cerca del 25%. A partir de 2007 el incremento volvió a la senda cercana al 10% de incremento que se había dado en los primeros años de la década, y sólo en el último año se ha reconducido de forma drástica con la primera reducción en lo que va de siglo de las cifras de cuatro trimestres seguidos.
También es un dato muy positivo que la reducción registrada en el conjunto de los cuatro últimos trimestres (58.600 millones de euros, equivalentes al 3,3% de la deuda total de un año antes) se haya dado en todos los sectores: las Administraciones Públicas, que han registrado un descenso del 3,3% en su deuda externa, el conjunto de las instituciones financieras, que lo han reducido en el 3,6%, y el resto del sector privado (empresas no financieras y familias) que lo han hecho en el 2,8%)
Los problemas que quedan por resolver no son pocos, ya que España deberá continuar bastantes años con la recién iniciada tendencia a reducir su endeudamiento con el exterior, lo que significará necesariamente que mientras exista además un déficit público relevante, podrá contar para la financiación de la economía sólo con una parte del ahorro interior, y esta escasez de financiación será un freno para el incremento de la capacidad productiva en procesos de mayor competitividad.
El Gobierno seguirá reduciendo el déficit público, pero si tuviera que hacerlo en una parte relevante con el aumento de la presión fiscal, hará más difícil la recuperación del consumo. Por este motivo es especialmente importante que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos asuman que los ingresos fiscales de los años previos a la crisis no eran ingresos estructurales y estables, por lo que pasarán muchos años antes de que vuelvan a tener unos ingresos de la magnitud de los que tuvieron en los años previos a la crisis, por lo que el ajuste deberán realizarlo en su mayor parte a partir de la reducción del gasto (a ser posible con mejor gestión y con la reducción y eliminación de los gastos no imprescindibles)
El sector financiero tendrá que seguir saneando su exposición a los proyectos inmobiliarios tóxicos, por lo que también intentará aumentar las comisiones y los márgenes que cobra al sector privado.
Por último, el sector privado, el único que no puede, en la mayoría de los casos, traspasar su déficit a terceros, seguirá ajustándose el cinturón para capear la situación, a la espera de poder aumentar sus ingresos por las vías, fundamentalmente, del aumento de la productividad y del aumento de las exportaciones, teniendo en cuenta que el aumento de los ingresos por turismo es equivalente al aumento de las exportaciones, con la ventaja añadida de que también suponen un incremento de la recaudación, derivada del IVA que pagan los turistas por sus compras en España .
Sin embargo, el mensaje más importante de la evolución de la deuda exterior española es que la senda de la corrección se ha iniciado, y que la continuidad de esta senda es condición imprescindible para que se empiece, más pronto que tarde, a recuperar el empleo.
martes, 21 de junio de 2011
Que se entiende por economía sumergida
Según la OCDE, la “economía sumergida” hace referencia a todo el conjunto de actividades económicas cuyo producto final es legal, pero que son escondidas deliberadamente a las autoridades de un país para evitar el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, para evitar el cumplimiento de normas legales sobre salarios mínimos, normas sanitarias o de calidad, o simplemente para evitar el cumplimiento de procedimientos administrativos. Quedan obviamente excluidas todas aquellas actividades criminales y delictivas, como la producción y distribución de drogas, armas, etc.
Hay en consecuencia, una enorme parte de la actividad económica que no está incluida ni en la economía oficial, ni en la economía sumergida, ni en la economía delictiva. La mayor parte de esa ingente actividad económica es la dedicada al autoconsumo, esto es la actividad que se realiza para satisfacer las necesidades propias, de la familia o del entorno cercano, actividades que no están declaradas, entre otras razones porque no hay obligación legal de hacerlo. Estas actividades normalmente no incluyen el pago de una contraprestación monetaria, aunque en no pocas ocasiones si que exista este tipo de pago. También habría que incluir en este apartado todos aquellos servicios alegales que normalmente no se hacen ni gratuitamente, ni debido a una cercanía personal entre quien los proporciona y quien los recibe, pero que no se tienen que declarar o incluso, no se pueden declarar. Paradójicamente, el servicio de este tipo con un volumen económico mayor, con unas connotaciones de política social enormes y con conexiones evidentes, en muchos casos, con la economía delictiva es la prostitución, actividad que en sí no es ilegal pero que tampoco se puede declarar.
Como se puede apreciar, la definición de economía sumergida es un tanto ambigua, lo que hace aun mas difícil la estimación de su valor económico.
Hay en consecuencia, una enorme parte de la actividad económica que no está incluida ni en la economía oficial, ni en la economía sumergida, ni en la economía delictiva. La mayor parte de esa ingente actividad económica es la dedicada al autoconsumo, esto es la actividad que se realiza para satisfacer las necesidades propias, de la familia o del entorno cercano, actividades que no están declaradas, entre otras razones porque no hay obligación legal de hacerlo. Estas actividades normalmente no incluyen el pago de una contraprestación monetaria, aunque en no pocas ocasiones si que exista este tipo de pago. También habría que incluir en este apartado todos aquellos servicios alegales que normalmente no se hacen ni gratuitamente, ni debido a una cercanía personal entre quien los proporciona y quien los recibe, pero que no se tienen que declarar o incluso, no se pueden declarar. Paradójicamente, el servicio de este tipo con un volumen económico mayor, con unas connotaciones de política social enormes y con conexiones evidentes, en muchos casos, con la economía delictiva es la prostitución, actividad que en sí no es ilegal pero que tampoco se puede declarar.
Como se puede apreciar, la definición de economía sumergida es un tanto ambigua, lo que hace aun mas difícil la estimación de su valor económico.
sábado, 4 de junio de 2011
La economía sumergida: comentarios a las conclusiones del estudio
No estoy de acuerdo con algunas de las conclusiones, lo estoy sólo parcialmente con otras y sólo me parece acertada la tercera. A continuación expongo mis razones.
1) Fuera cual fuese la evolución de la economía sumergida, los métodos empleados llevan casi necesariamente al incremento, ya que cualquier mejora en la productividad de cada sector sería considerada un aumento de la economía sumergida, porque se parte de las hipótesis falsas de que la estructura económica (en cuanto a la necesidad de inputs para cada tipo de bien o servicio producido) no varía de forma significativa en el periodo considerado, y de que las características de la economía sumergida son, como media, iguales a las de la economía oficial. Para que los modelos así concebidos dieran una reducción de la economía sumergida sería necesario que la reducción fuera, en la realidad, superior en términos absolutos al aumento de la productividad.
2) Por lo dicho en el punto anterior, es obvio que en una situación de fuerte aumento del crecimiento de la actividad económica oficial, unida a un incremento relevante de la productividad de cada sector, se llegará a un resultado de fuerte incremento de la economía sumergida calculada con esos modelos.
3) Yo sería aún más radical y diría que toda la economía sumergida es atribuible a motivos fiscales, si en la fiscalidad incluimos los costes de la burocracia impuesta oficialmente, ya que nadie se dedicaría a ocultar una actividad no delictiva si el declararla tuviera un coste nulo o muy reducido.
4) La cuantificación del “coste fiscal” de la economía sumergida realizada con el criterio de que la eventual aplicación de la imposición no repercutiría en el volumen de actividad, supone el uso de otra hipótesis falsa: que el aumento relevante de los costes de cualquier actividad no influye en la magnitud del mercado correspondiente, mucho más aún si se añade la hipótesis implícita de que el aumento de costes no se repercute en absoluto en los precios finales. Esto no significa en absoluto que haya que renunciar al afloramiento de la economía sumergida.
5) La aproximación a la cuantificación del volumen de empleo sumergido tiene los mismos defectos, ya que ni la estructura de los procesos tiene por que ser comparable en las economías declarada y sumergida ni, una vez mas, el aumento mas que relevante de los costes de un factor productivo dejaría de tener consecuencias relevantes en la cantidad empleada de ese factor tras el aumento de su coste. Esta conclusión, por otra parte, será usada por los políticos para justificar que el problema del paro no es tan agudo, ya que en realidad un número de personas superior al de parados estimados está, en realidad, trabajando en la economía sumergida.
En cuanto a la reflexión final, los autores consideran que en España hay tolerancia superior a la de los países de nuestro entorno (en cuanto a la existencia de actividades sumergidas) cuando la realidad es que si la economía sumergida es superior en un país que en otro, eso se debe sin duda alguna a que el sistema fiscal del primero es más injusto que el del segundo y no tanto a la cultura fiscal de ambos países, aunque, obviamente, la conciencia fiscal será mas baja en los países que padezcan un sistema fiscal mas injusto.
Si la economía sumergida supone a largo plazo un duro lastre para la economía española, afirmación con la que estoy totalmente de acuerdo, y los políticos tienen conciencia de ello, lo que deben hacer es cambiar el muy injusto sistema fiscal existente en España por otro mas justo, y con ello no me refiero a quitar ninguno de los impuestos principales existentes ni a introducir ninguno nuevo, sino a cambiarlos con el criterio general de que las cargas sean repartidas de forma equitativa y equilibrada.
1) Fuera cual fuese la evolución de la economía sumergida, los métodos empleados llevan casi necesariamente al incremento, ya que cualquier mejora en la productividad de cada sector sería considerada un aumento de la economía sumergida, porque se parte de las hipótesis falsas de que la estructura económica (en cuanto a la necesidad de inputs para cada tipo de bien o servicio producido) no varía de forma significativa en el periodo considerado, y de que las características de la economía sumergida son, como media, iguales a las de la economía oficial. Para que los modelos así concebidos dieran una reducción de la economía sumergida sería necesario que la reducción fuera, en la realidad, superior en términos absolutos al aumento de la productividad.
2) Por lo dicho en el punto anterior, es obvio que en una situación de fuerte aumento del crecimiento de la actividad económica oficial, unida a un incremento relevante de la productividad de cada sector, se llegará a un resultado de fuerte incremento de la economía sumergida calculada con esos modelos.
3) Yo sería aún más radical y diría que toda la economía sumergida es atribuible a motivos fiscales, si en la fiscalidad incluimos los costes de la burocracia impuesta oficialmente, ya que nadie se dedicaría a ocultar una actividad no delictiva si el declararla tuviera un coste nulo o muy reducido.
4) La cuantificación del “coste fiscal” de la economía sumergida realizada con el criterio de que la eventual aplicación de la imposición no repercutiría en el volumen de actividad, supone el uso de otra hipótesis falsa: que el aumento relevante de los costes de cualquier actividad no influye en la magnitud del mercado correspondiente, mucho más aún si se añade la hipótesis implícita de que el aumento de costes no se repercute en absoluto en los precios finales. Esto no significa en absoluto que haya que renunciar al afloramiento de la economía sumergida.
5) La aproximación a la cuantificación del volumen de empleo sumergido tiene los mismos defectos, ya que ni la estructura de los procesos tiene por que ser comparable en las economías declarada y sumergida ni, una vez mas, el aumento mas que relevante de los costes de un factor productivo dejaría de tener consecuencias relevantes en la cantidad empleada de ese factor tras el aumento de su coste. Esta conclusión, por otra parte, será usada por los políticos para justificar que el problema del paro no es tan agudo, ya que en realidad un número de personas superior al de parados estimados está, en realidad, trabajando en la economía sumergida.
En cuanto a la reflexión final, los autores consideran que en España hay tolerancia superior a la de los países de nuestro entorno (en cuanto a la existencia de actividades sumergidas) cuando la realidad es que si la economía sumergida es superior en un país que en otro, eso se debe sin duda alguna a que el sistema fiscal del primero es más injusto que el del segundo y no tanto a la cultura fiscal de ambos países, aunque, obviamente, la conciencia fiscal será mas baja en los países que padezcan un sistema fiscal mas injusto.
Si la economía sumergida supone a largo plazo un duro lastre para la economía española, afirmación con la que estoy totalmente de acuerdo, y los políticos tienen conciencia de ello, lo que deben hacer es cambiar el muy injusto sistema fiscal existente en España por otro mas justo, y con ello no me refiero a quitar ninguno de los impuestos principales existentes ni a introducir ninguno nuevo, sino a cambiarlos con el criterio general de que las cargas sean repartidas de forma equitativa y equilibrada.
viernes, 3 de junio de 2011
La economía sumergida: conclusiones del estudio
Las conclusiones del interesante ensayo sobre la economía sumergida en España que ha publicado la Fundación de las Cajas de Ahorros son las siguientes:
1) En el periodo estudiado (1980-2000) y sea cual sea el procedimiento de estimación empleado, “se aprecia una elevación del volumen de la economía sumergida, tanto en términos absolutos como en comparación con el volumen de actividad económica oficial medida por el PIB. Así, de estimaciones medias para el período 1980-1985 de alrededor del 12,5% sobre el PIB oficial, se ha pasado a unos niveles para el período 2005-2008 del 20 al 23,7%”
2) El crecimiento del volumen de la economía sumergida coincide con un período de fuerte aumento del crecimiento de la actividad económica oficial. Efectivamente, en el período 1980-2008 el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado. También el de la economía sumergida ha aumentado, pero en este caso se ha multiplicado por 4.
3) El incremento del volumen de la economía sumergida es atribuible en gran medida a motivos fiscales. Durante el período analizado 1980-2008 se ha producido una elevación de los niveles de presión fiscal, que han incentivado notablemente la realización de actividades al margen de los cauces oficiales.
4) La cuantificación de la economía sumergida permite realizar unos ejercicios de simulación del “coste fiscal” que tiene para las Administraciones Públicas la existencia de esos importantes volúmenes de actividad no gravada fiscalmente. En concreto, y suponiendo que la actividad sumergida soportara la misma presión fiscal que la oficial, se estima para el período 1980- 2008 una recaudación potencial media por año de alrededor del 5,6 % del PIB oficial. Si lo que se supone es que la recaudación no varía, pero que se distribuye entre ambos tipos de actividades (sumergidas y oficiales), se obtiene una disminución de la carga fiscal media de alrededor de 4 puntos porcentuales sobre el PIB oficial.
5) La cuantificación de la economía sumergida permite, asimismo, realizar algunas aproximaciones sobre el volumen de empleo sumergido. Suponiendo que la productividad aparente de la economía oficial es la misma que la sumergida, se estima para el período 1980-2008 un número de empleos medios de 2,5 millones. Ese volumen de empleo ha crecido a lo largo del período considerado, pasando de alrededor de 1,4 millones en 1980-1984, a más de 4 millones en el período 2006-2008.
Como reflexión final, los autores dicen que los resultados obtenidos no son sorprendentes si tenemos en cuenta que en España parece existir una cierta tolerancia hacia la existencia de actividades sumergidas. Sin embargo, añaden, no se debe caer en la tentación de considerar a la economía sumergida como una parte consustancial de nuestra vida económica. Para finalizar, afirman que la economía sumergida es considerada por algunos como una válvula de escape en situaciones de recesión como las actuales, pero por la multiplicidad de distorsiones que genera (problemas de equidad, eficiencia, distorsión de la competencia, etc.), la economía sumergida supone a largo plazo un duro lastre para la economía española.
1) En el periodo estudiado (1980-2000) y sea cual sea el procedimiento de estimación empleado, “se aprecia una elevación del volumen de la economía sumergida, tanto en términos absolutos como en comparación con el volumen de actividad económica oficial medida por el PIB. Así, de estimaciones medias para el período 1980-1985 de alrededor del 12,5% sobre el PIB oficial, se ha pasado a unos niveles para el período 2005-2008 del 20 al 23,7%”
2) El crecimiento del volumen de la economía sumergida coincide con un período de fuerte aumento del crecimiento de la actividad económica oficial. Efectivamente, en el período 1980-2008 el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado. También el de la economía sumergida ha aumentado, pero en este caso se ha multiplicado por 4.
3) El incremento del volumen de la economía sumergida es atribuible en gran medida a motivos fiscales. Durante el período analizado 1980-2008 se ha producido una elevación de los niveles de presión fiscal, que han incentivado notablemente la realización de actividades al margen de los cauces oficiales.
4) La cuantificación de la economía sumergida permite realizar unos ejercicios de simulación del “coste fiscal” que tiene para las Administraciones Públicas la existencia de esos importantes volúmenes de actividad no gravada fiscalmente. En concreto, y suponiendo que la actividad sumergida soportara la misma presión fiscal que la oficial, se estima para el período 1980- 2008 una recaudación potencial media por año de alrededor del 5,6 % del PIB oficial. Si lo que se supone es que la recaudación no varía, pero que se distribuye entre ambos tipos de actividades (sumergidas y oficiales), se obtiene una disminución de la carga fiscal media de alrededor de 4 puntos porcentuales sobre el PIB oficial.
5) La cuantificación de la economía sumergida permite, asimismo, realizar algunas aproximaciones sobre el volumen de empleo sumergido. Suponiendo que la productividad aparente de la economía oficial es la misma que la sumergida, se estima para el período 1980-2008 un número de empleos medios de 2,5 millones. Ese volumen de empleo ha crecido a lo largo del período considerado, pasando de alrededor de 1,4 millones en 1980-1984, a más de 4 millones en el período 2006-2008.
Como reflexión final, los autores dicen que los resultados obtenidos no son sorprendentes si tenemos en cuenta que en España parece existir una cierta tolerancia hacia la existencia de actividades sumergidas. Sin embargo, añaden, no se debe caer en la tentación de considerar a la economía sumergida como una parte consustancial de nuestra vida económica. Para finalizar, afirman que la economía sumergida es considerada por algunos como una válvula de escape en situaciones de recesión como las actuales, pero por la multiplicidad de distorsiones que genera (problemas de equidad, eficiencia, distorsión de la competencia, etc.), la economía sumergida supone a largo plazo un duro lastre para la economía española.
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