La decimosexta recomendación trata de los sistemas complementarios.
Uno de los retos de los sistemas de protección social es conseguir que los ciudadanos, al dejar su actividad laboral, mantengan unos ingresos que les permitan desarrollar un nivel de vida similar al que venían teniendo hasta entonces. En relación con este objetivo, los sistemas complementarios juegan un papel importante.
La Comisión sigue valorando positivamente que la protección social voluntaria, además de orientarse específicamente a un horizonte de ahorro a medio y largo plazo, sirva de complemento y mejora a las prestaciones de la Seguridad Social, salvaguardándose siempre el principio y las bases del sistema público de pensiones, y reafirmando que dichos sistemas complementarios tienen como objetivo el complementar y no el sustituir a las pensiones públicas.
Para la consecución de estos fines, hay que dotar de estabilidad y garantizar la neutralidad del actual sistema de previsión social complementaria, así como de potenciar los sistemas complementarios de la Seguridad Social en el marco de la negociación colectiva..La Comisión constata el insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria en España.
La Comisión estima conveniente que la previsión social complementaria debe ampliar su capacidad de complementar al conjunto de prestaciones sociales públicas, con la finalidad de posibilitar una mejor atención de algunas contingencias.
Es importante que los beneficios fiscales que tengan los sistemas complementarios de prestaciones tengan una distribución más equilibrada, en especial en términos de igualdad de género, ampliando las posibilidades de que las personas con menores ingresos (en su mayor parte mujeres) puedan beneficiarse de las aportaciones de sus cónyuges o parejas. De igual modo, deberán mejorarse los beneficios fiscales de las aportaciones realizadas a fondos y planes de pensiones, en su modalidad de empleo, estableciendo estímulos fiscales adicionales en el impuesto de sociedades.
La Comisión considera necesario que se mejoren los sistemas de información a los partícipes y a los beneficiarios de los sistemas complementarios, de modo que la misma sea más personalizada y, mediante su simplificación y el uso de un lenguaje más sencillo, permita que sus destinatarios tengan, en todo momento, un conocimiento exacto y periódico de los derechos consolidados que van generando, así como de los gastos que se le imputan, de modo que se logre un mayor grado de responsabilidad individual sobre la previsión complementaria.
Las cantidades ingresadas en los fondos y planes de pensiones o a favor de entidades de previsión social voluntaria no podrán tener un tratamiento fiscal más favorable que la cuantía prevista como deducible en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en la Ley del Impuesto sobre Sociedades por cotizaciones sociales, incluidas tanto las que son a cargo del trabajador, como las que corren por cuenta del empresario. Este límite no afectará a las cantidades que se pudieran aportar para la cobertura de situaciones de dependencia.
La Comisión estima que la previsión social complementaria debe atender, también, a las necesidades de los más de 3 millones de personas que en España realizan trabajos por cuenta propia o son empresarios individuales y para los que, hasta ahora, no han existido fórmulas atractivas y eficientes.
La Comisión sabe que el trabajador autónomo tiene algunas características propias que lo distinguen del contratado laboral, características que justifican la configuración de un régimen de previsión social complementaria específico, ya que los ingresos de sus actividad económica pueden ser muy variables de un año a otro.
Una de las medidas específicas a favor de este colectivo podría ser la de crear planes de pensiones o planes de previsión asegurada específicos para trabajadores autónomos, con la particularidad de que permitan la disposición anticipada en caso de cese de la actividad o la existencia de pérdidas durante un determinado periodo de tiempo.
La Comisión está a favor de que las mutualidades de previsión social sean potenciadas con arreglo a criterios de colaboración con el sistema público.
jueves, 10 de febrero de 2011
domingo, 6 de febrero de 2011
Recomendaciones del Pacto de Toledo (Décimoquinta recomendación)
La decimoquinta recomendación trata de la solidaridad y la garantía de suficiencia.
La Comisión valora el esfuerzo realizado para incrementar la solidaridad y la garantía de suficiencia, a la vez que considera que esos principios deben seguir reforzándose en la medida de lo posible.
En consecuencia, la Comisión apoya que se mantengan las cuantías mínimas para los distintos tipos de pensión del sistema. Las mejoras que se establezcan para este fin deberán financiarse básicamente con cargo a la imposición general.
La Comisión defiende la revisión del conjunto de las prestaciones del sistema para adaptar aquellas que han podido perder su eficacia protectora (seguro escolar, auxilio por defunción, incapacidad permanente)
Asimismo, considera necesaria una reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, para mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección que permita cubrir las lagunas de cobertura que se detectan en el sistema. Un ejemplo claro sería la creación de una prestación no contributiva de orfandad (hoy inexistente con carácter general) o una más adecuada regulación de las prestaciones familiares.
La Comisión considera que deben reforzarse los instrumentos para hacer efectivos los principios de suficiencia y de solidaridad, incorporando –en función de las posibilidades económicas del país- recursos adicionales para incrementar la cuantía de las pensiones mínimas. Ello deberá hacerse respetando la máxima coordinación posible con el ámbito no contributivo, con el sistema asistencial de las Comunidades Autónomas, y sin poner en cuestión el principio de proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones. En concreto, respecto a los complementos a mínimos, es necesario articular las fórmulas oportunas que determinen que, en ningún caso, la cuantía de tales complementos pueda ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas vigentes en cada momento.
La Comisión cree que el Gobierno debería llevar a cabo los estudios para delimitar los umbrales de pobreza, con arreglo a los criterios fijados por la Unión Europea, para poder reorientar las políticas públicas dirigidas a su erradicación. Dicho informe será elevado a la Comisión del Pacto de Toledo.
La Comisión valora el esfuerzo realizado para incrementar la solidaridad y la garantía de suficiencia, a la vez que considera que esos principios deben seguir reforzándose en la medida de lo posible.
En consecuencia, la Comisión apoya que se mantengan las cuantías mínimas para los distintos tipos de pensión del sistema. Las mejoras que se establezcan para este fin deberán financiarse básicamente con cargo a la imposición general.
La Comisión defiende la revisión del conjunto de las prestaciones del sistema para adaptar aquellas que han podido perder su eficacia protectora (seguro escolar, auxilio por defunción, incapacidad permanente)
Asimismo, considera necesaria una reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, para mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección que permita cubrir las lagunas de cobertura que se detectan en el sistema. Un ejemplo claro sería la creación de una prestación no contributiva de orfandad (hoy inexistente con carácter general) o una más adecuada regulación de las prestaciones familiares.
La Comisión considera que deben reforzarse los instrumentos para hacer efectivos los principios de suficiencia y de solidaridad, incorporando –en función de las posibilidades económicas del país- recursos adicionales para incrementar la cuantía de las pensiones mínimas. Ello deberá hacerse respetando la máxima coordinación posible con el ámbito no contributivo, con el sistema asistencial de las Comunidades Autónomas, y sin poner en cuestión el principio de proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones. En concreto, respecto a los complementos a mínimos, es necesario articular las fórmulas oportunas que determinen que, en ningún caso, la cuantía de tales complementos pueda ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas vigentes en cada momento.
La Comisión cree que el Gobierno debería llevar a cabo los estudios para delimitar los umbrales de pobreza, con arreglo a los criterios fijados por la Unión Europea, para poder reorientar las políticas públicas dirigidas a su erradicación. Dicho informe será elevado a la Comisión del Pacto de Toledo.
sábado, 5 de febrero de 2011
Recomendaciones del Pacto de Toledo (Décimocuarta recomendación)
La decimocuarta recomendación trata del tratamiento fiscal de las pensiones.
La Comisión considera que se debe reordenar el tratamiento fiscal de las pensiones del sistema público, para adecuarlo a la nueva situación familiar, social y económica, armonizando los criterios de eficacia y solidaridad, con vistas a evitar discriminaciones y conseguir una mayor equidad, otorgando un tratamiento fiscal más favorable que el actual a las pensiones de incapacidad permanente o de viudedad.
Esta recomendación es muy ambigua y permitiría acciones opuestas e incompatibles entre sí dependiendo de la opción política desde la que se propongan, pero no deja de llamar la atención que la equidad no se haya incluido como un criterio básico, con la misma o mayor importancia que la eficacia y la solidaridad, sino que se haya relegado a la categoría de objetivo deseable o lo que es lo mismo la consideración de mal menor si no se llega a obtener en aras de la eficacia o con la excusa de la solidaridad.
Parece, en todo caso, que considerarán la posibilidad de no obligar ha hacer la declaración de IRPF en los casos en que se sumen dos pensiones, una de ellas de viudedad, con un importe total que si procediera de una sola pensión no obligara a hacer la declaración.
La Comisión considera que se debe reordenar el tratamiento fiscal de las pensiones del sistema público, para adecuarlo a la nueva situación familiar, social y económica, armonizando los criterios de eficacia y solidaridad, con vistas a evitar discriminaciones y conseguir una mayor equidad, otorgando un tratamiento fiscal más favorable que el actual a las pensiones de incapacidad permanente o de viudedad.
Esta recomendación es muy ambigua y permitiría acciones opuestas e incompatibles entre sí dependiendo de la opción política desde la que se propongan, pero no deja de llamar la atención que la equidad no se haya incluido como un criterio básico, con la misma o mayor importancia que la eficacia y la solidaridad, sino que se haya relegado a la categoría de objetivo deseable o lo que es lo mismo la consideración de mal menor si no se llega a obtener en aras de la eficacia o con la excusa de la solidaridad.
Parece, en todo caso, que considerarán la posibilidad de no obligar ha hacer la declaración de IRPF en los casos en que se sumen dos pensiones, una de ellas de viudedad, con un importe total que si procediera de una sola pensión no obligara a hacer la declaración.
jueves, 3 de febrero de 2011
Recomendaciones del Pacto de Toledo (Décimotercera recomendación)
La decimotercera recomendación trata de las prestaciones de viudedad y orfandad.
La Comisión propone la reformulación integral de las prestaciones de viudedad y orfandad, conforme a lo ya pedido por el Pacto de Toledo en 2003 y que no ha sido llevado a término en su totalidad.
La reforma deberá procurar, sobre todo, la mejora de las actuales pensiones de viudedad (en particular las de los mayores de 65 años en riesgo de pobreza) y de orfandad.
La Comisión defiende el mantenimiento del carácter contributivo de estas prestaciones, y entiende que la adopción de medidas que introduzcan criterios basados en condiciones específicas para el acceso a ellas (edad, renta, hijos, compatibilidades,…) no puede modificar dicha naturaleza básica.
Todo ello tiene por objeto acomodarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos, y de adecuar la protección de colectivos menos vulnerables.
En este sentido, la Comisión opina que, a efectos de una cobertura adecuada de las situaciones de necesidad, la intensidad protectora debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad, con 65 o más años, en las que la pensión constituye su principal fuente de ingresos, al objeto de garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente. A tal efecto, la Comisión considera que el mecanismo más adecuado sería elevar el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad; no obstante, la cuantía resultante nunca podría dar lugar a una pensión de viudedad superior a la pensión de la que ésta derive.
La Comisión recomienda que se hagan los estudios oportunos sobre los efectos que tendría que, para la determinación de la cuantía de la pensión de viudedad, se tengan en cuenta los periodos de cotización acreditados por el causante, con una fórmula similar a la que se utiliza para el cálculo de la pensión de jubilación. El resultado de dichos estudios se elevará a la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.
Con el objetivo de proseguir con la mejora de la protección, la Comisión considera que la pensión de orfandad debería extenderse hasta que la persona huérfana cumpla 25 años o, como máxima extensión, hasta que concluya el año en que alcance esa edad, cuando estuviere cursando estudios.
La Comisión considera que es oportuno homogeneizar y ordenar los límites de edad para el acceso y el mantenimiento de los diferentes derechos ligados a la cobertura familiar dentro del sistema de protección social.
Con todas estas recomendaciones, da la impresión de que la Comisión desea por una parte evitar la caída en la pobreza como consecuencia de la muerte del cónyuge, especialmente cuando esto ocurre con una edad avanzada, pero por otra desea abrir una peligrosa puerta que consistiría en la reducción, o eliminación, de la pensión en el caso de que la persona que la vaya a recibir tenga otras rentas. ¿Cuánto tiempo tardarán en proponer la reducción de la pensión a aquellos jubilados que dispongan de otras rentas, por ejemplo derivadas de planes de pensiones privados?
La Comisión propone la reformulación integral de las prestaciones de viudedad y orfandad, conforme a lo ya pedido por el Pacto de Toledo en 2003 y que no ha sido llevado a término en su totalidad.
La reforma deberá procurar, sobre todo, la mejora de las actuales pensiones de viudedad (en particular las de los mayores de 65 años en riesgo de pobreza) y de orfandad.
La Comisión defiende el mantenimiento del carácter contributivo de estas prestaciones, y entiende que la adopción de medidas que introduzcan criterios basados en condiciones específicas para el acceso a ellas (edad, renta, hijos, compatibilidades,…) no puede modificar dicha naturaleza básica.
Todo ello tiene por objeto acomodarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos, y de adecuar la protección de colectivos menos vulnerables.
En este sentido, la Comisión opina que, a efectos de una cobertura adecuada de las situaciones de necesidad, la intensidad protectora debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad, con 65 o más años, en las que la pensión constituye su principal fuente de ingresos, al objeto de garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente. A tal efecto, la Comisión considera que el mecanismo más adecuado sería elevar el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad; no obstante, la cuantía resultante nunca podría dar lugar a una pensión de viudedad superior a la pensión de la que ésta derive.
La Comisión recomienda que se hagan los estudios oportunos sobre los efectos que tendría que, para la determinación de la cuantía de la pensión de viudedad, se tengan en cuenta los periodos de cotización acreditados por el causante, con una fórmula similar a la que se utiliza para el cálculo de la pensión de jubilación. El resultado de dichos estudios se elevará a la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.
Con el objetivo de proseguir con la mejora de la protección, la Comisión considera que la pensión de orfandad debería extenderse hasta que la persona huérfana cumpla 25 años o, como máxima extensión, hasta que concluya el año en que alcance esa edad, cuando estuviere cursando estudios.
La Comisión considera que es oportuno homogeneizar y ordenar los límites de edad para el acceso y el mantenimiento de los diferentes derechos ligados a la cobertura familiar dentro del sistema de protección social.
Con todas estas recomendaciones, da la impresión de que la Comisión desea por una parte evitar la caída en la pobreza como consecuencia de la muerte del cónyuge, especialmente cuando esto ocurre con una edad avanzada, pero por otra desea abrir una peligrosa puerta que consistiría en la reducción, o eliminación, de la pensión en el caso de que la persona que la vaya a recibir tenga otras rentas. ¿Cuánto tiempo tardarán en proponer la reducción de la pensión a aquellos jubilados que dispongan de otras rentas, por ejemplo derivadas de planes de pensiones privados?
martes, 1 de febrero de 2011
Recomendaciones del Pacto de Toledo (Duodécima recomendación)
La duodécima recomendación trata de la edad de jubilación.
La Comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable. Como se pretende aumentar la edad real en la que los trabajadores dejen el mercado de trabajo y están aumentando las expectativas de vida después de los 65 años, la Comisión cree que se puede adoptar un amplio conjunto de medidas aumentar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
La Comisión considera oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador al establecer la cuantía de su pensión, favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a ella.
La Comisión constata que la jubilación anticipada se ha convertido en una fórmula de regulación del empleo, por lo que esta situación debe modificarse.
La jubilación anticipada debería reservarse a los trabajadores que tengan largas carreras de cotización y opten voluntariamente por acogerse a ella. No obstante, mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas (atendiendo a su especial penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad) así como en razón de su grado de discapacidad, cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de vida.
La Comisión considera que las once fórmulas actuales de acceso a la pensión de jubilación son excesivas, por lo que propone el estudio y reconsideración de las mismas y, en su caso, la supresión o modificación de aquellas que sean incompatibles con el contenido de esta recomendación en su conjunto.
La Comisión sostiene que es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. A tal efecto, sería necesaria la adaptación y mejora de cuantos incentivos sociales, fiscales y laborales sean posibles para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo; en concreto, se establecerán las medidas adecuadas para que aquellas cotizaciones que darían lugar a una pensión superior al tope máximo, den lugar a un incremento mensual de la pensión final, el cual ha de suponer una mejora de la pensión máxima establecida en la Ley. El incremento mensual de la pensión será proporcional al porcentaje adicional de cotizaciones efectuadas, una vez alcanzada la pensión máxima.
La Comisión considera que debe mejorar la coordinación entre la legislación laboral y la de seguridad social respecto al objetivo de ocupación de los mayores; en particular, sobre las pensiones de incapacidad y su conexión con el empleo, sobre la regulación del contrato de relevo, sobre la cotización del empleo a tiempo parcial o sobre las entradas y salidas del empleo de los pensionistas, entre otros extremos.
Hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permitan e incrementen la coexistencia de salario y pensión.
Resulta adecuada, en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral, hoy muy restringida y que no incentiva la continuidad laboral.
La Comisión está convencida de que se debe combatir la discriminación por edad en nuestro mercado laboral, restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral, como orientación de futuro en las políticas de igualdad, de acuerdo con las iniciativas de la Unión Europea.
Es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades. No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales.
Asimismo, las políticas activas de empleo también deben estar orientadas a la recolocación de las personas de más edad y a su mantenimiento en situación activa.
La Comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación.
Aunque no ha pasado mucho tiempo desde la aprobación del informe en la Comisión, ya están bastante claros algunos aspectos, entre ellos que la edad legal de jubilación irá aumentando progresivamente hasta alcanzar los sesenta y siete años.
La Comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable. Como se pretende aumentar la edad real en la que los trabajadores dejen el mercado de trabajo y están aumentando las expectativas de vida después de los 65 años, la Comisión cree que se puede adoptar un amplio conjunto de medidas aumentar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
La Comisión considera oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador al establecer la cuantía de su pensión, favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a ella.
La Comisión constata que la jubilación anticipada se ha convertido en una fórmula de regulación del empleo, por lo que esta situación debe modificarse.
La jubilación anticipada debería reservarse a los trabajadores que tengan largas carreras de cotización y opten voluntariamente por acogerse a ella. No obstante, mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas (atendiendo a su especial penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad) así como en razón de su grado de discapacidad, cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de vida.
La Comisión considera que las once fórmulas actuales de acceso a la pensión de jubilación son excesivas, por lo que propone el estudio y reconsideración de las mismas y, en su caso, la supresión o modificación de aquellas que sean incompatibles con el contenido de esta recomendación en su conjunto.
La Comisión sostiene que es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. A tal efecto, sería necesaria la adaptación y mejora de cuantos incentivos sociales, fiscales y laborales sean posibles para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo; en concreto, se establecerán las medidas adecuadas para que aquellas cotizaciones que darían lugar a una pensión superior al tope máximo, den lugar a un incremento mensual de la pensión final, el cual ha de suponer una mejora de la pensión máxima establecida en la Ley. El incremento mensual de la pensión será proporcional al porcentaje adicional de cotizaciones efectuadas, una vez alcanzada la pensión máxima.
La Comisión considera que debe mejorar la coordinación entre la legislación laboral y la de seguridad social respecto al objetivo de ocupación de los mayores; en particular, sobre las pensiones de incapacidad y su conexión con el empleo, sobre la regulación del contrato de relevo, sobre la cotización del empleo a tiempo parcial o sobre las entradas y salidas del empleo de los pensionistas, entre otros extremos.
Hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permitan e incrementen la coexistencia de salario y pensión.
Resulta adecuada, en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral, hoy muy restringida y que no incentiva la continuidad laboral.
La Comisión está convencida de que se debe combatir la discriminación por edad en nuestro mercado laboral, restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral, como orientación de futuro en las políticas de igualdad, de acuerdo con las iniciativas de la Unión Europea.
Es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades. No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales.
Asimismo, las políticas activas de empleo también deben estar orientadas a la recolocación de las personas de más edad y a su mantenimiento en situación activa.
La Comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación.
Aunque no ha pasado mucho tiempo desde la aprobación del informe en la Comisión, ya están bastante claros algunos aspectos, entre ellos que la edad legal de jubilación irá aumentando progresivamente hasta alcanzar los sesenta y siete años.
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