El Pacto de Toledo es un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria que tiene dos objetivos fundamentales, el alcance de un consenso suficiente para cualquier modificación que se lleve a cabo en el sistema de pensiones que exista en cada momento y la renuncia al uso del tema de las pensiones como arma de confrontación entre los partidos.
Sin embargo, la realidad demuestra que los dos partidos políticos más importantes (necesarios para cualquier consenso en esta materia y suficientes en su conjunto, aunque sólo fueran esos dos partidos los que lo alcanzaran) están lejos de cumplir el acuerdo en sentido estricto, porque no desean dejar pasar esa baza electoral siempre que su uso no ponga en riesgo los aspectos que cada uno de ellos considera críticos. De ahí el que el PSOE haya acordado sin consultarlo la no subida de la mayoría de las pensiones con la inflación prevista para 2011 (modificación que tendría que haber sido previamente acordada en la Comisión creada para tratar los asuntos del Pacto de Toledo) y que el PP se conforme con mirar para otro lado, porque en el fondo comparte la necesidad de la medida, pero dejando claro que no ha sido consultado, con lo que espera sacar un rédito electoral ya que la mayoría de la sociedad está en contra de la medida.
Otra muestra de la misma táctica es el reciente documento de recomendaciones publicado en diciembre de 2010, ambos partidos y también la mayoría del resto de los partidos que están en el Parlamento, son conscientes de la necesidad de cambiar el modelo de pensiones para evitar que con la llegada a la edad de jubilación de las cohortes del baby boom (que en España empezó en 1950, aunque alcanzó su máximo quince años después) el sistema sea económica y socialmente inviable. El PSOE está obligado (por las exigencias del sistema financiero internacional) a legislar al respecto como muy tarde en el primer trimestre de este año 2011 y el PP no quiere perder la oportunidad de añadir un desgaste adicional al partido del gobierno, aunque comparta totalmente sus criterios o, incluso, deseara una reforma todavía más radical que la que propone el PSOE.
El consenso final es un documento bastante ambiguo, aunque tiene declaraciones de principios de gran alcance, que tiene la virtud para el PSOE de que le deja las manos libres para los aspectos concretos que desea modificar, siempre que consiga la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el anunciado decreto a finales de enero de 2011, y para el PP de que pueda aparecer ante la población como una formación que, como la mayoría de la sociedad, está en desacuerdo con esos detalles concretos, con lo que esperará obtener un buen puñado de votos adicionales, aunque si llegara a formar gobierno después de las próximas elecciones se guardará mucho de cambiar lo que tanto critica de esta reforma.
Como el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo es muy extenso y tiene muchos aspectos de gran interés, dedicaré los próximos escritos a comentar los aspectos que considero más importantes, y termino este escrito con la referencia a la declaración de principios que incluye justo antes de empezar las recomendaciones y que textualmente dice [… solidaridad intergeneracional e intrageneracional, propia del sistema de reparto, que nos vincula unos a otros por encima de la mera justicia contable que es propia de los sistemas de capitalización.] declaración con la que aparentemente excluyen cualquier posibilidad de que las cuantías concretas de las pensiones contributivas a percibir se calculen exclusivamente con los datos individuales del perceptor y/o del causante (valor actual acumulado de las cotizaciones realizadas, edad en el momento de establecimiento de la pensión y, en su caso, esperanza de vida en ese momento)
sábado, 8 de enero de 2011
sábado, 1 de enero de 2011
Aspectos a cambiar en el sistema español de pensiones (III)
Además de dar una mayor estabilidad económica al sistema de pensiones español, hay otro aspecto que, aunque en principio no tendría por qué afectar a la viabilidad económica global, es de suma importancia para cada preceptor de pensiones y, además, ayudaría a aumentar las cotizaciones, acercándolas a los salarios reales.
Este aspecto, que desde el punto de vista social es de enorme importancia, es la mejora de la equidad del sistema que en la actualidad tiene fallos clamorosos. Los principales motivos de falta de equidad que deberían ser modificados aprovechando la actual reforma son:
- La insuficiente relación entre cotizaciones realizadas y pensión a recibir.
- La injusta reducción de la pensión a recibir para aquellas personas que se ven obligadas a dejar de cotizar en los años inmediatamente anteriores a la jubilación.
- La enorme desproporción existente entre el porcentaje de reducción de la pensión que se aplica en caso de adelantamiento de la jubilación y el porcentaje de aumento de la pensión a recibir si se retrasa la edad de jubilación.
Además, existe otro problema pendiente de solucionar, las pensiones de viudedad, que en su estado actual suponen el paso a la situación de pobreza extrema o casi extrema para un gran número de personas, en su mayor parte mujeres, cuando fallece su pareja, lo que en numerosos casos sucede cuando tienen una edad muy avanzada. Sorprenden algunas propuestas que se empiezan a escuchar en el sentido de la eliminación de la pensión de viudedad (que llevaría a esa situación de enorme desprotección a muchas más personas) con el objeto de obtener un ahorro en el gasto en pensiones (ahorro que sería de una cuantía ciertamente moderada) o, desde otro punto de vista, para promover un supuesto aumento de la independencia de la mujer por la vía de la igualación de las tasas de actividad masculina y femenina que, a medio y largo plazo, se derivaría de la ausencia de la pensión de viudedad.
Todos estos aspectos se tratan en el documento hecho público el pasado 29 de diciembre con el título de Recomendaciones del Pacto de Toledo, pero el documento es excesivamente ambiguo como para saber, o al menos intuir, las medidas concretas que se incluirán en la nueva legislación que el gobierno tiene previsto que apruebe el Congreso de los Diputados a finales de este mes de enero.
Este aspecto, que desde el punto de vista social es de enorme importancia, es la mejora de la equidad del sistema que en la actualidad tiene fallos clamorosos. Los principales motivos de falta de equidad que deberían ser modificados aprovechando la actual reforma son:
- La insuficiente relación entre cotizaciones realizadas y pensión a recibir.
- La injusta reducción de la pensión a recibir para aquellas personas que se ven obligadas a dejar de cotizar en los años inmediatamente anteriores a la jubilación.
- La enorme desproporción existente entre el porcentaje de reducción de la pensión que se aplica en caso de adelantamiento de la jubilación y el porcentaje de aumento de la pensión a recibir si se retrasa la edad de jubilación.
Además, existe otro problema pendiente de solucionar, las pensiones de viudedad, que en su estado actual suponen el paso a la situación de pobreza extrema o casi extrema para un gran número de personas, en su mayor parte mujeres, cuando fallece su pareja, lo que en numerosos casos sucede cuando tienen una edad muy avanzada. Sorprenden algunas propuestas que se empiezan a escuchar en el sentido de la eliminación de la pensión de viudedad (que llevaría a esa situación de enorme desprotección a muchas más personas) con el objeto de obtener un ahorro en el gasto en pensiones (ahorro que sería de una cuantía ciertamente moderada) o, desde otro punto de vista, para promover un supuesto aumento de la independencia de la mujer por la vía de la igualación de las tasas de actividad masculina y femenina que, a medio y largo plazo, se derivaría de la ausencia de la pensión de viudedad.
Todos estos aspectos se tratan en el documento hecho público el pasado 29 de diciembre con el título de Recomendaciones del Pacto de Toledo, pero el documento es excesivamente ambiguo como para saber, o al menos intuir, las medidas concretas que se incluirán en la nueva legislación que el gobierno tiene previsto que apruebe el Congreso de los Diputados a finales de este mes de enero.
martes, 28 de diciembre de 2010
Aspectos a cambiar en el sistema español de pensiones (II)
Por el lado de los gastos, las formas de disminuirlos son el descenso del número medio de años de percepción de las pensiones y el descenso de la pensión media a recibir por cada pensionista.
El descenso del número de años que, como media, se percibe la pensión, sólo puede llevarse a cabo mediante el aumento de la edad media de jubilación efectiva que, para conseguir un efecto de reducción en el gasto en pensiones, además tiene que aumentar más rápido que la vida media. Hay algunos otros medios de conseguir este efecto, pero no me parecen socialmente aceptables, como alguna reciente propuesta que para hacer caer drásticamente la presión de las pensiones sobre el erario público, aporta la idea de la sencilla medida de posponer su cobro hasta la edad de ochenta años, dejando a la responsabilidad de cada persona la obtención de los ingresos necesarios para sobrevivir desde la fecha de jubilación efectiva hasta el cumplimiento de los ochenta años.
El descenso de la pensión media a percibir se puede lograr por varios métodos, algunos de los cuales probablemente serán utilizados en la próxima reforma de las pensiones:
- La supresión parcial de la garantía de revisión anual de las pensiones con, al menos, el IPC.
- El aumento del número de años considerados en el cálculo de la pensión (actualmente quince)
- El aumento del número de años cotizados requeridos para cada escalón de acercamiento a la pensión máxima (actualmente son treinta y cinco los años necesarios para alcanzar el 100% de cómputo de las bases cotizadas)
- El aumento de la edad mínima para obtener la pensión máxima (actualmente sesenta y cinco años)
- El aumento del descuento a realizar sobre la pensión a obtener por cada año de adelanto de la jubilación real respecto a la edad mínima para obtener la pensión máxima.
- La reducción de la pensión de viudedad (de forma generalizada o teniendo en cuenta los ingresos adicionales con que cuente la persona preceptora)
- La reducción del coeficiente a aplicar a la base de cálculo obtenida por la cotización acumulada por el futuro pensionista.
- La modulación de la pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida del perceptor en el momento de obtener la pensión.
Desarrollaré esta parte en los próximos escritos, pero ya adelanto que soy partidario de aquellos criterios que acerquen la pensión a recibir a las aportaciones realmente efectuadas durante los años cotizados.
El descenso del número de años que, como media, se percibe la pensión, sólo puede llevarse a cabo mediante el aumento de la edad media de jubilación efectiva que, para conseguir un efecto de reducción en el gasto en pensiones, además tiene que aumentar más rápido que la vida media. Hay algunos otros medios de conseguir este efecto, pero no me parecen socialmente aceptables, como alguna reciente propuesta que para hacer caer drásticamente la presión de las pensiones sobre el erario público, aporta la idea de la sencilla medida de posponer su cobro hasta la edad de ochenta años, dejando a la responsabilidad de cada persona la obtención de los ingresos necesarios para sobrevivir desde la fecha de jubilación efectiva hasta el cumplimiento de los ochenta años.
El descenso de la pensión media a percibir se puede lograr por varios métodos, algunos de los cuales probablemente serán utilizados en la próxima reforma de las pensiones:
- La supresión parcial de la garantía de revisión anual de las pensiones con, al menos, el IPC.
- El aumento del número de años considerados en el cálculo de la pensión (actualmente quince)
- El aumento del número de años cotizados requeridos para cada escalón de acercamiento a la pensión máxima (actualmente son treinta y cinco los años necesarios para alcanzar el 100% de cómputo de las bases cotizadas)
- El aumento de la edad mínima para obtener la pensión máxima (actualmente sesenta y cinco años)
- El aumento del descuento a realizar sobre la pensión a obtener por cada año de adelanto de la jubilación real respecto a la edad mínima para obtener la pensión máxima.
- La reducción de la pensión de viudedad (de forma generalizada o teniendo en cuenta los ingresos adicionales con que cuente la persona preceptora)
- La reducción del coeficiente a aplicar a la base de cálculo obtenida por la cotización acumulada por el futuro pensionista.
- La modulación de la pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida del perceptor en el momento de obtener la pensión.
Desarrollaré esta parte en los próximos escritos, pero ya adelanto que soy partidario de aquellos criterios que acerquen la pensión a recibir a las aportaciones realmente efectuadas durante los años cotizados.
lunes, 27 de diciembre de 2010
Aspectos a cambiar en el sistema español de pensiones (I)
Si, como parece claro, se pretende dar una mayor estabilidad al sistema, parece razonable actuar simultáneamente por los dos lados de las cuentas: los ingresos, para aumentarlos en la medida de lo posible, y los gastos, para impedir que crezcan más allá de lo que la economía nacional pueda soportar sin deteriorar el bienestar general.
Por el lado de los ingresos, las formas posibles de actuar son el aumento de las cotizaciones, el aumento del periodo medio de cotización y el recurso a los presupuestos del Estado para complementar los ingresos procedentes de las cotizaciones.
Yo no soy partidario del aumento de las cotizaciones, ya que suponen un verdadero impuesto sobre el trabajo, que dificultaría el aumento del empleo, lo que siempre es contraproducente y aún más en un país como el nuestro caracterizado por una baja tasa de actividad y unos niveles de paro, en situación de bonanza económica, bastante superiores a los de los países de nuestro entorno.
Tampoco soy partidario del recurso a los presupuestos del estado, excepto para el caso de las prestaciones no contributivas, aplicables a las personas que llegadas a la edad legal de jubilación no tuvieran derecho a la pensión, o de los complementos para llegar a la pensión mínima, en aquellos casos en que teniendo derecho a pensión, la pensión resultante sea inferior a la mínima que esté establecida.
Por tanto soy partidario de que los aumentos de ingresos provengan exclusivamente del aumento del periodo medio de cotización, mediante el aumento de la edad legal de jubilación y también mediante el incentivo claro de la prolongación voluntaria de la etapa de trabajo.
Por el lado de los ingresos, las formas posibles de actuar son el aumento de las cotizaciones, el aumento del periodo medio de cotización y el recurso a los presupuestos del Estado para complementar los ingresos procedentes de las cotizaciones.
Yo no soy partidario del aumento de las cotizaciones, ya que suponen un verdadero impuesto sobre el trabajo, que dificultaría el aumento del empleo, lo que siempre es contraproducente y aún más en un país como el nuestro caracterizado por una baja tasa de actividad y unos niveles de paro, en situación de bonanza económica, bastante superiores a los de los países de nuestro entorno.
Tampoco soy partidario del recurso a los presupuestos del estado, excepto para el caso de las prestaciones no contributivas, aplicables a las personas que llegadas a la edad legal de jubilación no tuvieran derecho a la pensión, o de los complementos para llegar a la pensión mínima, en aquellos casos en que teniendo derecho a pensión, la pensión resultante sea inferior a la mínima que esté establecida.
Por tanto soy partidario de que los aumentos de ingresos provengan exclusivamente del aumento del periodo medio de cotización, mediante el aumento de la edad legal de jubilación y también mediante el incentivo claro de la prolongación voluntaria de la etapa de trabajo.
sábado, 25 de diciembre de 2010
Comentarios sobre el sistema de pensiones
Introducción
A principios de 2010 el gobierno de nuestro país planteó a la sociedad española la necesidad de modificar, con cierta profundidad, el sistema de pensiones vigente, planteando claramente la necesidad de retrasar la edad real de jubilación de forma que, con un aumento paulatino de dos meses por año, a partir de 2013 inclusive, las personas nacidas a partir de 1959 tuvieran una edad legal de jubilación (esto es la edad mínima a la que se puede obtener la pensión máxima) de 67 años.
La propuesta tuvo muchos opositores y pocos partidarios, a pesar de que un análisis razonablemente serio de la evolución previsible de nuestro sistema de pensiones muestra que a medio plazo es económicamente inviable por la sencilla razón de que, como media, el pensionista español recibe ya en la actualidad más de lo que ha aportado, y esta diferencia a favor del pensionista va aumentando a medida que lo hace la vida media de las personas en España.
El debate casi desapareció durante muchos meses, de forma que la mayor parte de la gente creía que había pasado el riesgo de una modificación en ese sentido hasta que en estos últimos meses se ha vuelto a plantear con una cierta urgencia (el gobierno piensa aprobarlo con o sin consenso en el seno del Pacto de Toledo a finales de enero) y, probablemente, con un contenido mucho más amplio que el aumento en dos años de la edad de jubilación.
Como el tema da para mucho, me propongo ir poniendo un texto no muy largo (unas 300 palabras) cada semana, de forma que al final el tema quede analizado en profundidad.
El próximo escrito lo dedicaré a los aspectos que, en mi opinión, hay que cambiar en el sistema de pensiones español.
A principios de 2010 el gobierno de nuestro país planteó a la sociedad española la necesidad de modificar, con cierta profundidad, el sistema de pensiones vigente, planteando claramente la necesidad de retrasar la edad real de jubilación de forma que, con un aumento paulatino de dos meses por año, a partir de 2013 inclusive, las personas nacidas a partir de 1959 tuvieran una edad legal de jubilación (esto es la edad mínima a la que se puede obtener la pensión máxima) de 67 años.
La propuesta tuvo muchos opositores y pocos partidarios, a pesar de que un análisis razonablemente serio de la evolución previsible de nuestro sistema de pensiones muestra que a medio plazo es económicamente inviable por la sencilla razón de que, como media, el pensionista español recibe ya en la actualidad más de lo que ha aportado, y esta diferencia a favor del pensionista va aumentando a medida que lo hace la vida media de las personas en España.
El debate casi desapareció durante muchos meses, de forma que la mayor parte de la gente creía que había pasado el riesgo de una modificación en ese sentido hasta que en estos últimos meses se ha vuelto a plantear con una cierta urgencia (el gobierno piensa aprobarlo con o sin consenso en el seno del Pacto de Toledo a finales de enero) y, probablemente, con un contenido mucho más amplio que el aumento en dos años de la edad de jubilación.
Como el tema da para mucho, me propongo ir poniendo un texto no muy largo (unas 300 palabras) cada semana, de forma que al final el tema quede analizado en profundidad.
El próximo escrito lo dedicaré a los aspectos que, en mi opinión, hay que cambiar en el sistema de pensiones español.
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