Poco a poco el Presidente Zapatero va informando a la opinión pública de la subida de impuestos que nos espera.
En el debate del día 9 de septiembre dio un dato importante: la subida, que aun después de decirlo sigue calificando de moderada, pretende recaudar una cantidad del orden del 1,5% del PIB.
Tras decir que no aumentaría el impuesto de sociedades y que tampoco afectaría a las rentas del trabajo, era evidente que una de las principales fuentes de nuevos ingresos tiene que ser necesariamente el IVA, lo que ayer hizo público el Presidente en Italia, lo que no ha impedido la crítica de todos (menos de sus incondicionales) partidos, sindicatos y comentaristas.
La situación para el Presidente es muy difícil, ya que sigue considerando que él sólo puede conseguir la salida de la crisis mediante el incremento del gasto público en la cuantía que la situación requiera. Pero Bruselas ya le ha recordado que tiene que volver a un déficit inferior al 3% del PIB como muy tarde en 2012 y que en un plazo de unos meses tiene que explicitar en un plan como lo va a conseguir, y seguramente alguno de sus asesores le ha convencido de que la subida de los impuestos no se puede demorar mucho.
Por otra parte, tiene que conseguir que se aprueben los presupuestos, para lo que necesita el voto de múltiples partidos que venderán muy caro su voto, pero con todo, su principal enemigo es él mismo, incapaz de aceptar que cuando se reducen mucho los ingresos públicos, cualquier alternativa económica pasa por la reducción drástica del gasto público.
Esta primera tanda de aumento de impuestos, a la que hasta las próximas elecciones seguirán al menos otras dos más de intensidad similar o superior, con motivo de cada ley de presupuestos, puede al final resumirse en lo siguiente.
- Incremento de dos puntos del tipo general del IVA, con mantenimiento de los tipos actuales reducido y súper reducido, para que la medida sea progresiva.
- Incremento de dos puntos del tipo del IRPF aplicable a las rentas del capital.
- Reducción drástica, o desaparición, de la rebaja de 400 euros a las rentas del trabajo.
- Incremento, similar al realizado este año, de los impuestos especiales sobre el tabaco, alcohol y carburantes.
viernes, 11 de septiembre de 2009
martes, 11 de agosto de 2009
Escasez de financiación para el sector privado
Desde la etapa de la autarquía que siguió a la guerra civil, todas las crisis españolas han tenido como causa última la escasez de financiación para el sector privado, debido a la permanente necesidad de invertir en la formación bruta de capital para conseguir los aumentos de la capacidad productiva y la puesta en operación de procesos productivos más eficientes.
Dicen los que ya estudiaban la economía a finales de los años cincuenta que el elemento concreto que convenció al dictador de la imperiosa necesidad de abandonar la autarquía en 1959 fue la falta de divisas para pagar las importaciones de petróleo, que obligaría a volver a introducir las cartillas de racionamiento. El acuerdo con el FMI, que incluía una incipiente apertura al exterior de la economía española, permitió salvar la situación y las divisas procedentes del turismo y del dinero que comenzaron a enviar a sus familias los emigrantes españoles se convirtieron, a partir de entonces, en la fuente que permitió la primera etapa prolongada de desarrollo económico que duró, aproximadamente, hasta la muerte del dictador a finales de 1975.
Las sucesivas crisis se produjeron siempre por el crecimiento del déficit de la balanza de pagos comercial hasta límites que no podían ser compensados por las aportaciones conjuntas del turismo, de los envíos de dinero de los emigrantes y de la inversión de capital extranjero en España, y se superaron siempre, hasta la incorporación de España al euro, mediante el recurso a la devaluación, que era la forma de reducir los salarios y, en consecuencia, aumentar la competitividad sin que la población lo percibiera.
La incorporación de España al euro ha tenido, respecto a este aspecto concreto, dos consecuencias relevantes: la absorción por parte del conjunto de la zona euro del déficit de la balanza de pagos española y la imposibilidad de recurrir a la devaluación como sistema de aumentar la competitividad de la economía de nuestro país. Probablemente la posibilidad de que haya sido la zona euro la que durante unos cuantos años haya absorbido el creciente déficit de la balanza de pagos española ha sido el factor que ha permitido que la fase de crecimiento del último ciclo económico se haya prolongado tanto en el tiempo, pero ha tenido como consecuencia inevitable el aumento del endeudamiento externo español a un ritmo que ha terminado por ser insostenible.
El Banco de España publica trimestralmente una información sobre la deuda externa española que es de gran utilidad para analizar este fenómeno, aunque sería necesaria una mayor desagregación en el plazo a que se tiene la deuda para poder sacar algunas conclusiones adicionales.
En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la deuda externa española con su separación en deuda a corto plazo, la que vence a menos de un año, y deuda a largo plazo, la que vence a más de un año:
Si se toma como indicador del inicio de la actual crisis económica el momento en el que el sistema financiero internacional decidió frenar el aumento de la deuda externa española, se llega a la conclusión de que la crisis actual se inició precisamente en el tercer trimestre de 2007.
El proceso de incremento de la deuda externa a más de un año desde el año 2001 se puede dividir en tres periodos, 2001-2004, 2004-2007 y 2007 hasta ahora. En el primer periodo la deuda externa española total, a más de un año, creció al ritmo aproximado de 100.000 millones de euros al año, cifra que aumentó a 180.000 millones anuales entre 2004 y 2007 y que ha pasado a ser muy ligeramente negativa desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primero de 2009, último dato publicado por el Banco de España.
El análisis del reparto de la deuda a más de una año entre sus tres componentes principales (sector privado, excepto instituciones financieras; instituciones financieras y administraciones públicas) aporta datos adicionales también muy interesantes.
El sector privado es el que explica la mayor parte de este comportamiento, ya que entre 2001 y 2004 aumentó su deuda con el exterior en unos 60.000 millones de euros anuales (60% del total) entre 2004 y 2007 este incremento de la deuda externa fue de unos 125.000 millones anuales (70% del total) y en marzo de 2009 era inferior en unos 15.000 millones al que tenía seis meses antes. La deuda externa a menos de un año se ha mantenido entre veinte y treinta mil millones de euros en todo el periodo considerado, excepto a partir del tercer trimestre de 2008 en que ha pasado a unos 40.000 millones (6% de la deuda externa total del sector privado)
Las instituciones financieras por su parte aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en unos 30.000 millones de euros anuales entre 2001 y 2004 (30% del total) en unos 50.000 millones anuales entre 2004 y 2007 (28% del total) y también se redujo a partir del tercer trimestre de 2008 en unos 15.000 millones, hasta marzo de 2009. Sin embargo, las instituciones financieras tienen una deuda externa que se reparte prácticamente al 50% entre vencimientos a menos de un año y a más de un año, deuda que se ha desplazado hacia una mayor proporción de la deuda a corto desde marzo de 2008, fecha a partir de la que su deuda externa total está estabilizada.
Finalmente, las administraciones públicas han tenido un comportamiento muy distinto, acorde con la evolución de las cuentas públicas. Entre 2001 y 2004 aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en menos de 10.000 millones de euros al año, cifra que bajó a menos de 5.000 millones de aumento anual entre 2004 y 2007 pero que ha aumentado en unos 30.000 millones en el último año.
En resumen, se puede concluir que la economía española se enfrenta a un problema muy serio de financiación que será, con toda probabilidad, un freno enorme para la recuperación de la actividad económica. Suponiendo que el sector financiero exterior siga considerando que la deuda externa española (1,7 billones de euros equivalente a una vez y media el PIB español) no puede aumentar, que el déficit total de las administraciones públicas sea del orden del 10% del PIB durante al menos 2009 y 2010 y que el ahorro del sector privado aumente, también como consecuencia de la crisis, en el 2% del PIB anual, es fácil llegar a la conclusión de que el sector privado verá reducida su capacidad de financiación en una cifra equivalente al 8% del PIB, unos 90.000 millones de euros al año. Y no será porque las instituciones financieras no quieran prestar dinero a empresas y familias, sino porque la pérdida de competitividad de la economía española obligará a una digestión muy lenta de los excesos cometidos en los años anteriores y, dado que ya que no es posible reducir los salarios por la vía de la devaluación, ni al parecer por la vía de la concertación social, el aumento de competitividad se alcanzará, necesariamente, a través del mecanismo más doloroso para la sociedad, que no es otro que el aumento del paro.
Dicen los que ya estudiaban la economía a finales de los años cincuenta que el elemento concreto que convenció al dictador de la imperiosa necesidad de abandonar la autarquía en 1959 fue la falta de divisas para pagar las importaciones de petróleo, que obligaría a volver a introducir las cartillas de racionamiento. El acuerdo con el FMI, que incluía una incipiente apertura al exterior de la economía española, permitió salvar la situación y las divisas procedentes del turismo y del dinero que comenzaron a enviar a sus familias los emigrantes españoles se convirtieron, a partir de entonces, en la fuente que permitió la primera etapa prolongada de desarrollo económico que duró, aproximadamente, hasta la muerte del dictador a finales de 1975.
Las sucesivas crisis se produjeron siempre por el crecimiento del déficit de la balanza de pagos comercial hasta límites que no podían ser compensados por las aportaciones conjuntas del turismo, de los envíos de dinero de los emigrantes y de la inversión de capital extranjero en España, y se superaron siempre, hasta la incorporación de España al euro, mediante el recurso a la devaluación, que era la forma de reducir los salarios y, en consecuencia, aumentar la competitividad sin que la población lo percibiera.
La incorporación de España al euro ha tenido, respecto a este aspecto concreto, dos consecuencias relevantes: la absorción por parte del conjunto de la zona euro del déficit de la balanza de pagos española y la imposibilidad de recurrir a la devaluación como sistema de aumentar la competitividad de la economía de nuestro país. Probablemente la posibilidad de que haya sido la zona euro la que durante unos cuantos años haya absorbido el creciente déficit de la balanza de pagos española ha sido el factor que ha permitido que la fase de crecimiento del último ciclo económico se haya prolongado tanto en el tiempo, pero ha tenido como consecuencia inevitable el aumento del endeudamiento externo español a un ritmo que ha terminado por ser insostenible.
El Banco de España publica trimestralmente una información sobre la deuda externa española que es de gran utilidad para analizar este fenómeno, aunque sería necesaria una mayor desagregación en el plazo a que se tiene la deuda para poder sacar algunas conclusiones adicionales.
En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la deuda externa española con su separación en deuda a corto plazo, la que vence a menos de un año, y deuda a largo plazo, la que vence a más de un año:
Si se toma como indicador del inicio de la actual crisis económica el momento en el que el sistema financiero internacional decidió frenar el aumento de la deuda externa española, se llega a la conclusión de que la crisis actual se inició precisamente en el tercer trimestre de 2007.
El proceso de incremento de la deuda externa a más de un año desde el año 2001 se puede dividir en tres periodos, 2001-2004, 2004-2007 y 2007 hasta ahora. En el primer periodo la deuda externa española total, a más de un año, creció al ritmo aproximado de 100.000 millones de euros al año, cifra que aumentó a 180.000 millones anuales entre 2004 y 2007 y que ha pasado a ser muy ligeramente negativa desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primero de 2009, último dato publicado por el Banco de España.
El análisis del reparto de la deuda a más de una año entre sus tres componentes principales (sector privado, excepto instituciones financieras; instituciones financieras y administraciones públicas) aporta datos adicionales también muy interesantes.
El sector privado es el que explica la mayor parte de este comportamiento, ya que entre 2001 y 2004 aumentó su deuda con el exterior en unos 60.000 millones de euros anuales (60% del total) entre 2004 y 2007 este incremento de la deuda externa fue de unos 125.000 millones anuales (70% del total) y en marzo de 2009 era inferior en unos 15.000 millones al que tenía seis meses antes. La deuda externa a menos de un año se ha mantenido entre veinte y treinta mil millones de euros en todo el periodo considerado, excepto a partir del tercer trimestre de 2008 en que ha pasado a unos 40.000 millones (6% de la deuda externa total del sector privado)
Las instituciones financieras por su parte aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en unos 30.000 millones de euros anuales entre 2001 y 2004 (30% del total) en unos 50.000 millones anuales entre 2004 y 2007 (28% del total) y también se redujo a partir del tercer trimestre de 2008 en unos 15.000 millones, hasta marzo de 2009. Sin embargo, las instituciones financieras tienen una deuda externa que se reparte prácticamente al 50% entre vencimientos a menos de un año y a más de un año, deuda que se ha desplazado hacia una mayor proporción de la deuda a corto desde marzo de 2008, fecha a partir de la que su deuda externa total está estabilizada.
Finalmente, las administraciones públicas han tenido un comportamiento muy distinto, acorde con la evolución de las cuentas públicas. Entre 2001 y 2004 aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en menos de 10.000 millones de euros al año, cifra que bajó a menos de 5.000 millones de aumento anual entre 2004 y 2007 pero que ha aumentado en unos 30.000 millones en el último año.
En resumen, se puede concluir que la economía española se enfrenta a un problema muy serio de financiación que será, con toda probabilidad, un freno enorme para la recuperación de la actividad económica. Suponiendo que el sector financiero exterior siga considerando que la deuda externa española (1,7 billones de euros equivalente a una vez y media el PIB español) no puede aumentar, que el déficit total de las administraciones públicas sea del orden del 10% del PIB durante al menos 2009 y 2010 y que el ahorro del sector privado aumente, también como consecuencia de la crisis, en el 2% del PIB anual, es fácil llegar a la conclusión de que el sector privado verá reducida su capacidad de financiación en una cifra equivalente al 8% del PIB, unos 90.000 millones de euros al año. Y no será porque las instituciones financieras no quieran prestar dinero a empresas y familias, sino porque la pérdida de competitividad de la economía española obligará a una digestión muy lenta de los excesos cometidos en los años anteriores y, dado que ya que no es posible reducir los salarios por la vía de la devaluación, ni al parecer por la vía de la concertación social, el aumento de competitividad se alcanzará, necesariamente, a través del mecanismo más doloroso para la sociedad, que no es otro que el aumento del paro.
viernes, 3 de julio de 2009
Cierre de la central nuclear de Santa Mª de Garoña
El Gobierno anunció ayer el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, que será efectivo el 1 de abril de 2013.
Esta decisión culmina el proceso administrativo iniciado tras la solicitud de ampliación de la licencia de operación realizada por Nuclenor, la empresa propietaria de la central en la que participan al 50% Endesa e Iberdrola.
De acuerdo con la legislación vigente, una vez solicitada la ampliación por la empresa propietaria, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debía realizar un informe con unos plazos tasados, preceptivo pero sólo vinculante en el caso de que la conclusión del informe fuera la de una negativa a la ampliación de la licencia de operación. El informe fue presentado realmente un par de días después de agotado el plazo, debido seguramente a que el plazo terminaba el día antes de las elecciones al Parlamento Europeo, aunque formalmente se cumplió el plazo mediante la argucia administrativa de mandar la comunicación de que se presentaba en plazo, pero demorando un par de días el envío del documento fundamental, lo que prueba que la Presidenta del CSN, nombrada por el Parlamento, es permeable a los deseos del Gobierno.
El informe, aunque parece que incorpora algunas dudas, abre la posibilidad de una ampliación de la licencia de operación de la central por una duración máxima de diez años, con lo que deja al Gobierno las manos libres para decidir lo que prefiera, con el límite citado de los diez años de plazo máximo de duración de la licencia.
El Gobierno, con una aparente división de opiniones entre el Presidente del Gobierno y el responsable de Industria (que justificaría la redacción del informe del CSN, al parecer más cercana a las tesis del Ministro que a las del Presidente) ha decidido que la central deje de funcionar el 1 de abril de 2013, decisión que, en mi opinión, cumple todos los requisitos legales.
La compañía propietaria no está contenta con la decisión, porque dejará de ganar un montón de dinero, unos 200 millones de euros al año, que es la diferencia entre los costes marginales en los que incurriría por continuar operando, ciertamente muy reducidos, y el precio que cobraría por la electricidad generada que, si no cambia el sistema vigente, sería el que fije el pool para cada hora en la que la central produjera electricidad. Además, las compañías eléctricas propietarias tienen intereses adicionales porque son propietarias, en parte o totalmente, de otras centrales nucleares, cuyas licencias de operación irán caducando en los próximos años.
La cuantía económica en cuestión es de tal magnitud, que resulta extraño que la campaña de lobby y de publicidad que han montado las empresas eléctricas haya sido tan poco efectiva, en parte por los argumentos tan burdos que están empleando.
El Gobierno, por su parte, no ha querido abrir el debate sereno, racional y sin prisas que merece la cuestión, ya que, aunque es cierto que la central de Garoña es pequeña y que su cierre no supondrá ninguna reducción apreciable en la seguridad de suministro y, además, tendrá un efecto marginal en los precios que los consumidores tengamos que pagar por la electricidad en el periodo afectado por la decisión, no es menos cierto que, si las condiciones de seguridad son adecuadas, su cierre supondrá un despilfarro económico relevante para el país (nuestra balanza de pagos sí que se verá empeorada por la diferencia de precio entre el uranio que se dejará de comprar si no funciona la central y el precio del gas natural que se empleará para generar la electricidad que no genere Garoña) y una reducción de beneficios enorme para la empresa propietaria. El Presidente del Gobierno podría aplicarse el viejo, pero todavía vigente, lema de “Ahorre en las importaciones de energía, porque aunque usted pueda pagarlo, España no puede”
También debería debatirse la ampliación de la operación de las demás centrales que hay en funcionamiento, más modernas y de más capacidad individual y acumulada, porque en su conjunto la no ampliación de su vida operativa (siempre en la hipótesis de que su seguridad es suficiente) si que afectaría a la seguridad de suministro (si no se construyera la capacidad equivalente con otras fuentes de energía antes de su parada) y también al precio de la electricidad y, finalmente, la conveniencia, o no, de instalar centrales nucleares adicionales (debate en el que el punto más delicado es la información clara, transparente y verídica sobre el tratamiento de los residuos, que todavía no está suficientemente solucionado) En este debate debería incluirse el justo reparto de los beneficios de la eventual ampliación de la vida operativa de las centrales existentes entre las empresas propietarias, que si son operadores eficientes tienen derecho a unos beneficios razonables, y los consumidores de electricidad, que todavía estamos pagando los costes de las centrales nucleares que no se llegaron a poner en operación así como los CTC y que, en justa contrapartida, nos deberíamos beneficiar de los ahorros de costes que una decisión de ese tipo proporcionaría.
Esta decisión culmina el proceso administrativo iniciado tras la solicitud de ampliación de la licencia de operación realizada por Nuclenor, la empresa propietaria de la central en la que participan al 50% Endesa e Iberdrola.
De acuerdo con la legislación vigente, una vez solicitada la ampliación por la empresa propietaria, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debía realizar un informe con unos plazos tasados, preceptivo pero sólo vinculante en el caso de que la conclusión del informe fuera la de una negativa a la ampliación de la licencia de operación. El informe fue presentado realmente un par de días después de agotado el plazo, debido seguramente a que el plazo terminaba el día antes de las elecciones al Parlamento Europeo, aunque formalmente se cumplió el plazo mediante la argucia administrativa de mandar la comunicación de que se presentaba en plazo, pero demorando un par de días el envío del documento fundamental, lo que prueba que la Presidenta del CSN, nombrada por el Parlamento, es permeable a los deseos del Gobierno.
El informe, aunque parece que incorpora algunas dudas, abre la posibilidad de una ampliación de la licencia de operación de la central por una duración máxima de diez años, con lo que deja al Gobierno las manos libres para decidir lo que prefiera, con el límite citado de los diez años de plazo máximo de duración de la licencia.
El Gobierno, con una aparente división de opiniones entre el Presidente del Gobierno y el responsable de Industria (que justificaría la redacción del informe del CSN, al parecer más cercana a las tesis del Ministro que a las del Presidente) ha decidido que la central deje de funcionar el 1 de abril de 2013, decisión que, en mi opinión, cumple todos los requisitos legales.
La compañía propietaria no está contenta con la decisión, porque dejará de ganar un montón de dinero, unos 200 millones de euros al año, que es la diferencia entre los costes marginales en los que incurriría por continuar operando, ciertamente muy reducidos, y el precio que cobraría por la electricidad generada que, si no cambia el sistema vigente, sería el que fije el pool para cada hora en la que la central produjera electricidad. Además, las compañías eléctricas propietarias tienen intereses adicionales porque son propietarias, en parte o totalmente, de otras centrales nucleares, cuyas licencias de operación irán caducando en los próximos años.
La cuantía económica en cuestión es de tal magnitud, que resulta extraño que la campaña de lobby y de publicidad que han montado las empresas eléctricas haya sido tan poco efectiva, en parte por los argumentos tan burdos que están empleando.
El Gobierno, por su parte, no ha querido abrir el debate sereno, racional y sin prisas que merece la cuestión, ya que, aunque es cierto que la central de Garoña es pequeña y que su cierre no supondrá ninguna reducción apreciable en la seguridad de suministro y, además, tendrá un efecto marginal en los precios que los consumidores tengamos que pagar por la electricidad en el periodo afectado por la decisión, no es menos cierto que, si las condiciones de seguridad son adecuadas, su cierre supondrá un despilfarro económico relevante para el país (nuestra balanza de pagos sí que se verá empeorada por la diferencia de precio entre el uranio que se dejará de comprar si no funciona la central y el precio del gas natural que se empleará para generar la electricidad que no genere Garoña) y una reducción de beneficios enorme para la empresa propietaria. El Presidente del Gobierno podría aplicarse el viejo, pero todavía vigente, lema de “Ahorre en las importaciones de energía, porque aunque usted pueda pagarlo, España no puede”
También debería debatirse la ampliación de la operación de las demás centrales que hay en funcionamiento, más modernas y de más capacidad individual y acumulada, porque en su conjunto la no ampliación de su vida operativa (siempre en la hipótesis de que su seguridad es suficiente) si que afectaría a la seguridad de suministro (si no se construyera la capacidad equivalente con otras fuentes de energía antes de su parada) y también al precio de la electricidad y, finalmente, la conveniencia, o no, de instalar centrales nucleares adicionales (debate en el que el punto más delicado es la información clara, transparente y verídica sobre el tratamiento de los residuos, que todavía no está suficientemente solucionado) En este debate debería incluirse el justo reparto de los beneficios de la eventual ampliación de la vida operativa de las centrales existentes entre las empresas propietarias, que si son operadores eficientes tienen derecho a unos beneficios razonables, y los consumidores de electricidad, que todavía estamos pagando los costes de las centrales nucleares que no se llegaron a poner en operación así como los CTC y que, en justa contrapartida, nos deberíamos beneficiar de los ahorros de costes que una decisión de ese tipo proporcionaría.
jueves, 2 de julio de 2009
Nueva Ley de Educación de Cataluña
Ayer se aprobó la nueva Ley de Educación de Cataluña en el parlamento autonómico, con los votos favorables, entre otros, de los dos partidos más votados en esa comunidad autónoma, CiU y PSC, lo que en principio permite augurar una larga vida a la nueva Ley.
La Ley no parece tener tanto apoyo en el colectivo educativo, seguramente porque es una ley excesivamente intervencionista, y promete una mejora sustancial de la calidad de la enseñanza fijando en el 6% del PAB (Producto autonómico bruto) el gasto público en enseñanza, lo que supone más que duplicar el gasto actual.
La parte más negativa de la Ley está en la negación a centenares de miles de niños de un derecho fundamental: el derecho a recibir una parte relevante de la enseñanza en su lengua materna si así lo desean ellos o sus padres. Los niños agredidos son aquellos que tienen el español como lengua materna y cuyos padres desearían que recibieran una parte relevante de la enseñanza en esa lengua.
La Ley permitirá que se vaya introduciendo de forma progresiva la prohibición a los alumnos de expresarse en su lengua materna, siempre que ésta sea el español, en el interior de los centros escolares, incluidos los pasillos y los patios de recreo, con el objetivo de imponer el catalán como única lengua de comunicación social. Me temo que sólo conseguirán que muchos de esos escolares consideren al catalán como una lengua impuesta, lo que si ocurre llevará a unos resultados contrarios a lo que se pretende en un segmento importante de la población.
En cuanto al enorme incremento del gasto público en educación, la Ley fija el nivel de gasto, pero no introduce los cambios en el proceso educativo que serían necesarios para conseguir un aumento relevante de la calidad de la enseñanza y la experiencia demuestra que cuando en la enseñanza, como en otros muchos servicios públicos, se ha alcanzado un cierto nivel de calidad y se pretende dar un salto cualitativo para mejorarla de forma relevante, es mucho más importante el cambio en los procesos de la enseñanza que el incremento en el gasto. Desde luego la limitación de la libertad que supone esta mala ley y la negación de un derecho fundamental a una parte muy relevante de los alumnos, no son un buen punto de partida para mejorar la calidad de la enseñanza en Cataluña.
El Gobierno por una parte y el PP por otra, se están planteando llevar al Tribunal Constitucional esta Ley, en el primer caso porque incluye la absoluta independencia de la normativa aplicable en Cataluña respecto de las leyes generales aplicables en España, y en el segundo, probablemente, también por las limitaciones a los derechos individuales ya comentadas.
La Ley no parece tener tanto apoyo en el colectivo educativo, seguramente porque es una ley excesivamente intervencionista, y promete una mejora sustancial de la calidad de la enseñanza fijando en el 6% del PAB (Producto autonómico bruto) el gasto público en enseñanza, lo que supone más que duplicar el gasto actual.
La parte más negativa de la Ley está en la negación a centenares de miles de niños de un derecho fundamental: el derecho a recibir una parte relevante de la enseñanza en su lengua materna si así lo desean ellos o sus padres. Los niños agredidos son aquellos que tienen el español como lengua materna y cuyos padres desearían que recibieran una parte relevante de la enseñanza en esa lengua.
La Ley permitirá que se vaya introduciendo de forma progresiva la prohibición a los alumnos de expresarse en su lengua materna, siempre que ésta sea el español, en el interior de los centros escolares, incluidos los pasillos y los patios de recreo, con el objetivo de imponer el catalán como única lengua de comunicación social. Me temo que sólo conseguirán que muchos de esos escolares consideren al catalán como una lengua impuesta, lo que si ocurre llevará a unos resultados contrarios a lo que se pretende en un segmento importante de la población.
En cuanto al enorme incremento del gasto público en educación, la Ley fija el nivel de gasto, pero no introduce los cambios en el proceso educativo que serían necesarios para conseguir un aumento relevante de la calidad de la enseñanza y la experiencia demuestra que cuando en la enseñanza, como en otros muchos servicios públicos, se ha alcanzado un cierto nivel de calidad y se pretende dar un salto cualitativo para mejorarla de forma relevante, es mucho más importante el cambio en los procesos de la enseñanza que el incremento en el gasto. Desde luego la limitación de la libertad que supone esta mala ley y la negación de un derecho fundamental a una parte muy relevante de los alumnos, no son un buen punto de partida para mejorar la calidad de la enseñanza en Cataluña.
El Gobierno por una parte y el PP por otra, se están planteando llevar al Tribunal Constitucional esta Ley, en el primer caso porque incluye la absoluta independencia de la normativa aplicable en Cataluña respecto de las leyes generales aplicables en España, y en el segundo, probablemente, también por las limitaciones a los derechos individuales ya comentadas.
Nova Llei d’Educació de Catalunya
Ahir es va aprovar la nova Llei d’Educació de Catalunya en el parlament autonòmic, amb els vots favorables, entre d’altres, dels dos partits més votats en aquesta comunitat autònoma, CiU i PSC, la qual cosa permet, en principi, augurar una llarga vida a la nova Llei.
La Llei no sembla tenir tant suport en el sí del col·lectiu educatiu, segurament perquè és una llei excessivament intervencionista, encara que promet una millora substancial de la qualitat de l’ensenyament fixant en el 6% del PAB (Producte autonòmic brut) la despesa pública en ensenyament, la qual cosa suposa més que duplicar la despesa actual.
La part més negativa de la Llei està en la negació a centenars de milers de nens de un dret fonamental: el dret a rebre una part rellevant de l’ensenyament en la seva llengua materna, si així ho desitgen ells o els seus pares. Els nens agredits son els que tenen el castellà como a llengua materna i per als quals els seus pares desitjarien que rebessin una part rellevant de l’ensenyament en aquesta llengua.
La Llei permetrà que es vagi introduint de forma progressiva la prohibició als alumnes de expressar-se en la seva llengua materna, sempre que aquesta sigui el castellà, a l’interior dels centres escolars, inclosos els passadissos i els patis, amb l’objectiu d’imposar el català com a única llengua de comunicació social. Em temo que només aconseguiran que molts d’aquests escolars considerin el català como una llengua imposada, i si això passa, portarà a uns resultats contraris a allò que es pretén, en un segment important de la població catalana.
En quant al enorme increment de la despesa públic en educació, la Llei fixa el nivell de despesa, però no introdueix els canvis en el procés educatiu que foren necessaris per a aconseguir un augment rellevant de la qualitat de l’ensenyament, car l’experiència demostra que quan a l’ensenyament, com en tants d’altres serveis públics, se ha arribat a un cert nivell de qualitat i es pretén donar un salt qualitatiu per a millorar-lo de forma rellevant, es molt més important el canvi dels processos de l’ensenyament que l’increment de la despesa. Es clar que la limitació de la llibertat que imposa aquesta llei polenta i la negació d’un dret fonamental a una part molt rellevant dels alumnes no son un bon punt de partida per a millorar la qualitat de l’ensenyament.
El Govern, per una banda, i el PP per altra s’estan plantejant si portar al Tribunal Constitucional aquesta Llei, en el primer cas perquè la Llei inclou la absoluta independència de la normativa aplicable a Catalunya respecte de las lleis generals aplicables a Espanya, i en el segon, probablement, també per las limitacions dels drets individuals ja comentades.
La Llei no sembla tenir tant suport en el sí del col·lectiu educatiu, segurament perquè és una llei excessivament intervencionista, encara que promet una millora substancial de la qualitat de l’ensenyament fixant en el 6% del PAB (Producte autonòmic brut) la despesa pública en ensenyament, la qual cosa suposa més que duplicar la despesa actual.
La part més negativa de la Llei està en la negació a centenars de milers de nens de un dret fonamental: el dret a rebre una part rellevant de l’ensenyament en la seva llengua materna, si així ho desitgen ells o els seus pares. Els nens agredits son els que tenen el castellà como a llengua materna i per als quals els seus pares desitjarien que rebessin una part rellevant de l’ensenyament en aquesta llengua.
La Llei permetrà que es vagi introduint de forma progressiva la prohibició als alumnes de expressar-se en la seva llengua materna, sempre que aquesta sigui el castellà, a l’interior dels centres escolars, inclosos els passadissos i els patis, amb l’objectiu d’imposar el català com a única llengua de comunicació social. Em temo que només aconseguiran que molts d’aquests escolars considerin el català como una llengua imposada, i si això passa, portarà a uns resultats contraris a allò que es pretén, en un segment important de la població catalana.
En quant al enorme increment de la despesa públic en educació, la Llei fixa el nivell de despesa, però no introdueix els canvis en el procés educatiu que foren necessaris per a aconseguir un augment rellevant de la qualitat de l’ensenyament, car l’experiència demostra que quan a l’ensenyament, com en tants d’altres serveis públics, se ha arribat a un cert nivell de qualitat i es pretén donar un salt qualitatiu per a millorar-lo de forma rellevant, es molt més important el canvi dels processos de l’ensenyament que l’increment de la despesa. Es clar que la limitació de la llibertat que imposa aquesta llei polenta i la negació d’un dret fonamental a una part molt rellevant dels alumnes no son un bon punt de partida per a millorar la qualitat de l’ensenyament.
El Govern, per una banda, i el PP per altra s’estan plantejant si portar al Tribunal Constitucional aquesta Llei, en el primer cas perquè la Llei inclou la absoluta independència de la normativa aplicable a Catalunya respecte de las lleis generals aplicables a Espanya, i en el segon, probablement, també per las limitacions dels drets individuals ja comentades.
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