Cierre de la central nuclear de Santa Mª de Garoña

El Gobierno anunció ayer el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, que será efectivo el 1 de abril de 2013.

Esta decisión culmina el proceso administrativo iniciado tras la solicitud de ampliación de la licencia de operación realizada por Nuclenor, la empresa propietaria de la central en la que participan al 50% Endesa e Iberdrola.

De acuerdo con la legislación vigente, una vez solicitada la ampliación por la empresa propietaria, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debía realizar un informe con unos plazos tasados, preceptivo pero sólo vinculante en el caso de que la conclusión del informe fuera la de una negativa a la ampliación de la licencia de operación. El informe fue presentado realmente un par de días después de agotado el plazo, debido seguramente a que el plazo terminaba el día antes de las elecciones al Parlamento Europeo, aunque formalmente se cumplió el plazo mediante la argucia administrativa de mandar la comunicación de que se presentaba en plazo, pero demorando un par de días el envío del documento fundamental, lo que prueba que la Presidenta del CSN, nombrada por el Parlamento, es permeable a los deseos del Gobierno.

El informe, aunque parece que incorpora algunas dudas, abre la posibilidad de una ampliación de la licencia de operación de la central por una duración máxima de diez años, con lo que deja al Gobierno las manos libres para decidir lo que prefiera, con el límite citado de los diez años de plazo máximo de duración de la licencia.

El Gobierno, con una aparente división de opiniones entre el Presidente del Gobierno y el responsable de Industria (que justificaría la redacción del informe del CSN, al parecer más cercana a las tesis del Ministro que a las del Presidente) ha decidido que la central deje de funcionar el 1 de abril de 2013, decisión que, en mi opinión, cumple todos los requisitos legales.

La compañía propietaria no está contenta con la decisión, porque dejará de ganar un montón de dinero, unos 200 millones de euros al año, que es la diferencia entre los costes marginales en los que incurriría por continuar operando, ciertamente muy reducidos, y el precio que cobraría por la electricidad generada que, si no cambia el sistema vigente, sería el que fije el pool para cada hora en la que la central produjera electricidad. Además, las compañías eléctricas propietarias tienen intereses adicionales porque son propietarias, en parte o totalmente, de otras centrales nucleares, cuyas licencias de operación irán caducando en los próximos años.

La cuantía económica en cuestión es de tal magnitud, que resulta extraño que la campaña de lobby y de publicidad que han montado las empresas eléctricas haya sido tan poco efectiva, en parte por los argumentos tan burdos que están empleando.

El Gobierno, por su parte, no ha querido abrir el debate sereno, racional y sin prisas que merece la cuestión, ya que, aunque es cierto que la central de Garoña es pequeña y que su cierre no supondrá ninguna reducción apreciable en la seguridad de suministro y, además, tendrá un efecto marginal en los precios que los consumidores tengamos que pagar por la electricidad en el periodo afectado por la decisión, no es menos cierto que, si las condiciones de seguridad son adecuadas, su cierre supondrá un despilfarro económico relevante para el país (nuestra balanza de pagos sí que se verá empeorada por la diferencia de precio entre el uranio que se dejará de comprar si no funciona la central y el precio del gas natural que se empleará para generar la electricidad que no genere Garoña) y una reducción de beneficios enorme para la empresa propietaria. El Presidente del Gobierno podría aplicarse el viejo, pero todavía vigente, lema de “Ahorre en las importaciones de energía, porque aunque usted pueda pagarlo, España no puede”

También debería debatirse la ampliación de la operación de las demás centrales que hay en funcionamiento, más modernas y de más capacidad individual y acumulada, porque en su conjunto la no ampliación de su vida operativa (siempre en la hipótesis de que su seguridad es suficiente) si que afectaría a la seguridad de suministro (si no se construyera la capacidad equivalente con otras fuentes de energía antes de su parada) y también al precio de la electricidad y, finalmente, la conveniencia, o no, de instalar centrales nucleares adicionales (debate en el que el punto más delicado es la información clara, transparente y verídica sobre el tratamiento de los residuos, que todavía no está suficientemente solucionado) En este debate debería incluirse el justo reparto de los beneficios de la eventual ampliación de la vida operativa de las centrales existentes entre las empresas propietarias, que si son operadores eficientes tienen derecho a unos beneficios razonables, y los consumidores de electricidad, que todavía estamos pagando los costes de las centrales nucleares que no se llegaron a poner en operación así como los CTC y que, en justa contrapartida, nos deberíamos beneficiar de los ahorros de costes que una decisión de ese tipo proporcionaría.