Ayer se aprobó la nueva Ley de Educación de Cataluña en el parlamento autonómico, con los votos favorables, entre otros, de los dos partidos más votados en esa comunidad autónoma, CiU y PSC, lo que en principio permite augurar una larga vida a la nueva Ley.
La Ley no parece tener tanto apoyo en el colectivo educativo, seguramente porque es una ley excesivamente intervencionista, y promete una mejora sustancial de la calidad de la enseñanza fijando en el 6% del PAB (Producto autonómico bruto) el gasto público en enseñanza, lo que supone más que duplicar el gasto actual.
La parte más negativa de la Ley está en la negación a centenares de miles de niños de un derecho fundamental: el derecho a recibir una parte relevante de la enseñanza en su lengua materna si así lo desean ellos o sus padres. Los niños agredidos son aquellos que tienen el español como lengua materna y cuyos padres desearían que recibieran una parte relevante de la enseñanza en esa lengua.
La Ley permitirá que se vaya introduciendo de forma progresiva la prohibición a los alumnos de expresarse en su lengua materna, siempre que ésta sea el español, en el interior de los centros escolares, incluidos los pasillos y los patios de recreo, con el objetivo de imponer el catalán como única lengua de comunicación social. Me temo que sólo conseguirán que muchos de esos escolares consideren al catalán como una lengua impuesta, lo que si ocurre llevará a unos resultados contrarios a lo que se pretende en un segmento importante de la población.
En cuanto al enorme incremento del gasto público en educación, la Ley fija el nivel de gasto, pero no introduce los cambios en el proceso educativo que serían necesarios para conseguir un aumento relevante de la calidad de la enseñanza y la experiencia demuestra que cuando en la enseñanza, como en otros muchos servicios públicos, se ha alcanzado un cierto nivel de calidad y se pretende dar un salto cualitativo para mejorarla de forma relevante, es mucho más importante el cambio en los procesos de la enseñanza que el incremento en el gasto. Desde luego la limitación de la libertad que supone esta mala ley y la negación de un derecho fundamental a una parte muy relevante de los alumnos, no son un buen punto de partida para mejorar la calidad de la enseñanza en Cataluña.
El Gobierno por una parte y el PP por otra, se están planteando llevar al Tribunal Constitucional esta Ley, en el primer caso porque incluye la absoluta independencia de la normativa aplicable en Cataluña respecto de las leyes generales aplicables en España, y en el segundo, probablemente, también por las limitaciones a los derechos individuales ya comentadas.
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