Medidas financieras del Gobierno

El Gobierno ha anunciado simultáneamente dos medidas para mejorar la situación del sistema financiero: la ya comentada de aumentar a 100.000 euros por depositante y entidad financiera la cantidad de cobro garantizado en caso de suspensión de pagos y la creación de un fondo de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000 millones si fuera conveniente, para comprar activos financieros a las entidades que voluntariamente quieran venderlos.

El fondo será totalmente público y los activos a comprar serán, según ha declarado el Gobierno, exclusivamente activos de primera calidad (sin riesgo, dicen ellos sabiendo que ese tipo de activos no existen)

El objeto de esta medida es proporcionar una nueva línea de liquidez al sistema financiero que permita empezar a cebar la bomba del sistema crediticio, ahora seca y con enormes dificultades para volver a tomar el ritmo.

La teoría de esta medida es que las entidades financieras emplearán el dinero ingresado por esta vía para dar créditos a particulares y pequeñas y medianas empresas, con garantías suficientes, por supuesto.

No han explicado algunos puntos débiles de este esquema que aparecen tras un somero análisis de la iniciativa:
- ¿Qué interés tendrán las entidades en vender, a precio de mercado dicen, los mejores créditos de su cartera?
- ¿Podrán explicar a sus accionistas que, además, el dinero así ingresado se empleará en dar créditos con garantías que, en buena lógica, serán inferiores a las de los créditos vendidos (sin riesgo, recordemos, en palabras del Gobierno)?
- ¿Qué garantía habrá de que esos créditos no se den, fundamentalmente, para mejorar la situación de entidades financieras o de empresas grandes, con serios problemas de financiación?
- El Estado tendrá que emitir deuda pública adicional por una cuantía exactamente igual a la empleada en comprar los activos a las entidades financieras. Siendo esto así ¿en que medida esa deuda pública adicional será comprada por inversores extranjeros, única forma de que no se reduzca en la misma cuantía el crédito disponible para el sector privado?

Sin duda las respuestas estarán en el acuerdo a que llegó el Presidente Rodríguez Zapatero con el sistema financiero, cuya letra pequeña nunca conoceremos.

Si que se puede imaginar que probablemente el precio de compra de los activos, a precio de mercado, dejará en manos de la entidad financiera correspondiente una parte relevante del margen implícito en el crédito vendido, lo que explicaría el interés de la entidad financiera en la doble operación.

También cabe pensar que la alternativa a esta operación hubiera sido el encargo al ICO de gestionar para ese tipo de créditos la misma cantidad de dinero aunque, obviamente, el sector bancario prefiere que el ICO no aumente su participación en esa actividad.

El aumento de la garantía de los depósitos bancarios: luces y sombras

En los últimos días estamos asistiendo a una carrera en la que todos los gobiernos de la UE intentan evitar la retirada de los depósitos de los bancos “garantizando” a los ahorradores que en caso de suspensión de pagos o quiebra (concurso de acreedores en la nueva nomenclatura legal española) de la entidad financiera en la que el ahorrador ha depositado su dinero, éste no perderá lo depositado hasta un cierto límite o, en algunos países, sin límite.

El sistema financiero está basado en la confianza, por parte de todos los que depositan el dinero, de que cuando quieran retirarlo podrán hacerlo sin más limitaciones de las que contractualmente se hayan podido establecer con el consentimiento del depositario.

Gracias a esta confianza, la entidad financiera puede conceder préstamos por una cuantía relativa que varía entre países, de acuerdo con su normativa, pero que normalmente es superior a la cantidad que han depositado los clientes, con lo que al dinero emitido por los distintos bancos emisores se le añade este dinero, llamado dinero bancario.

Por descontado, los bancos tienen mecanismos para disponer de las cantidades necesarias para atender las demandas de dinero de sus clientes con cargo a sus depósitos, entre los que destacan los billetes y monedas que físicamente tienen en sus cajas, el recurso a otros bancos, que se hace a través del llamado mercado interbancario, y el recurso a los bancos centrales.

En situaciones normales las entidades financieras solventes trabajan sobre todo con los dos primeros mecanismos pero, de la misma manera que, cuando las personas físicas y jurídicas realizan depósitos netos, la aparición del dinero bancario hace aumentar la cantidad de dinero que hay disponible en la economía, cuando retiran cantidades netas, el dinero disponible disminuye porque se reduce el dinero bancario.

En la crisis actual, una de las principales características que la hacen diferente a otras crisis anteriores es el deterioro de la solvencia de gran número de entidades financieras, incluidas algunas de las más importantes por su tamaño y, hasta hace pocos meses consideradas como muy solventes no sólo por el público en general sino también por los organismos públicos y privados encargados de controlar su situación.

La información de la situación real de cada una de las entidades es ciertamente casi opaca para el público en general, con lo que cuando alguna entidad tiene problemas no muy graves, éstos no se hacen públicos, pero cuando se empiezan a conocer, lo más probable es que se magnifiquen y que los clientes huyan despavoridos llevándose su dinero a otras entidades o a su casa.

En la actualidad, la desconfianza es tan grande que la mayoría de las entidades financieras no pueden obtener, a un coste razonable, el dinero que necesitan, el mercado interbancario está bajo mínimos en cuanto al montante global de las transacciones, y son los bancos centrales los que prestan dinero a las entidades financieras, aplicando lo que se conoce como “inyecciones financieras” tan frecuentes en estos tiempos.

Como las inyecciones financieras no son (y no pueden ser) de la cuantía necesaria para compensar el dinero bancario desaparecido y el dinero en billetes atesorado por los particulares, el sistema financiero tiene menos dinero que el que se solicita y por lo tanto los créditos concedidos al sector privado se reducen y aumenta su precio (el tipo de interés)

A medida que la crisis vaya haciendo que crezca el déficit público, el sector público también demandará dinero emitiendo deuda pública que hará que todavía se reduzca más el dinero disponible para el sector privado.

Como pasa en todas las crisis, todos los estamentos de la sociedad intentan que a ellos no les afecte, esperando que sean los demás los que la paguen. Los banqueros intentarán compensar la reducción del negocio de los préstamos y el aumento de la morosidad aumentando los márgenes de los créditos y las comisiones por todos los conceptos que puedan, las empresas pedirán al gobierno que sean ellas las que tengan prioridad en el acceso a los créditos a tipos de interés privilegiados, las familias intentarán aumentar sus ingresos a través del aumento de los precios (si tienen negocios) de los salarios (si trabajan por cuenta ajena) de la rebaja de los impuestos, si son contribuyentes netos, y del aumento de las subvenciones y subsidios si no lo son. Finalmente, las administraciones públicas procurarán aumentar los impuestos y tasas para compensar el descenso de la recaudación que se deriva de la menor actividad económica.

Pero sólo unos pocos privilegiados lo conseguirán, y el resto, en el que estarán la mayoría de las familias, tendrán, tendremos, que hacer frente a la reducción de sus ingresos reduciendo los gastos. Además, los intentos de todos de cargar a los demás con el coste de la crisis, llevarán, casi con seguridad, a una mayor inflación, el más injusto de los impuestos ya que perjudica sobre todo a los económicamente más débiles.

El sistema financiero español basa su mayor solidez en la existencia de la garantía de que todos los depositarios recibirán el dinero depositado en cualquier institución financiera que suspenda sus pagos hasta el límite máximo de 20000 euros por persona y entidad financiera. El pago de estas cantidades se hace a través de un Fondo de Garantía que, de forma continuada, van generando las entidades financieras con sus aportaciones. Por tanto la garantía establecida en el marco legal es sufragada por el sistema financiero, no por el Estado. La cuantía del fondo existente en la actualidad es suficiente para hacer los pagos que correspondan en el caso de problemas en una entidad de las grandes y de varias de las pequeñas, pero no sería suficiente si las suspensiones de pagos de entidades financieras se generalizaran.

En otros países, es el Estado el que proporciona la garantía y, lógicamente, sólo desembolsa el dinero cuando se produce la falta de capacidad de pago de alguna entidad. Pero la realidad es que ningún país podría hacer frente a una suspensión de pagos masiva por parte de sus entidades financieras sin un derrumbamiento total de su economía.

Cada día hay más países en el grupo de los que comiten por ver quien garantiza mejor el cobro del dinero depositado en caso de suspensión de pagos de la entidad financiera y, casi siempre, cada nuevo entrante previamente había criticado a los que lo habían hecho antes. Pero es tan obvio que todos lo harían en situaciones similares (ya que es mucho menor el mal de salvar con dinero público a un banco que está en dificultades que el de dejar que caiga) que la UE ya ha decidido apuntar a la carrera a todos sus miembros, que tendrán libertad para fijar la garantía a partir de un mínimo de 50000 euros por depositante.

Otra cosa distinta es la equidad de una medida que hace que el conjunto de la sociedad pague los errores de los que, incluso, se han podido enriquecer de una forma escandalosa con prácticas que, incluso no siendo delictivas con la normativa vigente, son a todas luces contrarias al buen hacer tradicional del sector.

No debe extrañarnos, por tanto, la aparentemente contradictoria política del Gobierno español que, por una parte declara, día sí y día también, la enorme solvencia del sistema financiero español y por otra reúne a unos cuantos altos directivos del sector bancario para pedirles que asuman un aumento relevante de la cantidad máxima garantizada.

Tampoco debe extrañar que se diga que ha habido acuerdo sin decir cual era la nueva garantía, a la espera de lo que se acordara en el seno de la UE. La UE ha aprobado que la cifra garantizada sea como mínimo de 50000 euros y el gobierno español ha anunciado que aplicará la de 100000 euros por depositante y entidad. Probablemente esta cifra sea la que acordó el presidente con los banqueros y no sería de extrañar que este aumento no suponga el aumento de las aportaciones de las instituciones de crédito al Fondo de Garantía y que, en el caso de que las indemnizaciones superaran el importe del Fondo, fuera el Estado el que se hiciera cargo del resto.

Para mí no hay ninguna duda de que, esta vez sí, el Gobierno ha tomado una medida adecuada para combatir la crisis. La garantía de 100000 euros por depositante y entidad parece suficiente para la mayoría de los depositantes y los que tengan cantidades superiores podrán reducir su riesgo diversificando las entidades en las que ponen los depósitos. La respuesta la tendrán casi inmediatamente las entidades financieras, que comprobarán si se frena la retirada de depósitos por temor a eventuales suspensiones de pagos y los ciudadanos tendremos que esperar algo más para tener dos datos indirectos que nos darán información al respecto: la desaparición de las declaraciones de Gobierno y otras entidades en el sentido de recordarnos la robustez de nuestro sistema financiero y la información sobre el montante de billetes de 500 euros en circulación real, que en las últimas semanas había vuelto a reducirse.

Revisión del Pacto de Toledo

Sin duda alguna la viabilidad del sistema de pensiones es uno de los grandes problemas que tiene planteados la sociedad española a medio plazo, dado que el sistema de reparto vigente sólo es viable si el volumen de las cotizaciones crece, en términos reales, de forma continuada.

En épocas de crecimiento bajo de la economía, o peor aún de recesión, las cuentas de la Seguridad Social comienzan a tener problemas, y si la mala situación económica se prolonga, comienza a presentar la cara el riesgo de quiebra del sistema de pensiones.

Desgraciadamente ahora estamos en esa situación, y la buena noticia es que, antes que en ocasiones anteriores, los partidos políticos, que están dispuestos a consensuar este asunto para retrasar en lo posible la quiebra del sistema, se han puesto a analizar las posibles soluciones.

Como es obvio, las posibles soluciones son sólo dos, o una mezcla de ambas: el aumento de las cotizaciones y la reducción de las prestaciones. El aumento de las cotizaciones es complicado en época de vacas flacas, porque empeoraría la situación de las empresas y, aún más, el empleo; la reducción de las prestaciones es impensable para los actuales pensionistas, que tienen garantizado por ley el aumento conforme al IPC y, en consecuencia, sólo queda, a la espera de la nueva etapa de crecimiento que aumente la recaudación por la vía del aumento de los cotizantes, la reducción de las prestaciones a los nuevos pensionistas.

Por eso no es de extrañar que se haya vuelto a plantear la necesidad de pasar a un método de cálculo que tenga en cuenta las cotizaciones de toda la vida laboral para fijar las nuevas pensiones. Este sistema, que sin duda es más justo que el actual, tiene además la ventaja de que promoverá en el futuro un aumento de las bases de cotización de los más jóvenes para acercarlas a los salarios reales.

Los críticos con este sistema argumentan precisamente lo contrario, ya que, según ellos, el uso de la totalidad de la vida laboral en el cálculo, unido al aumento de las pensiones mínimas con porcentajes muy superiores al IPC, llevará a una reducción de las bases de cotización.

Este argumento sería cierto si las pensiones mínimas llegaran a superar al salario mínimo, base por debajo de la cual no se puede cotizar. Como esta hipótesis es impensable en un esquema de inviabilidad del sistema de pensiones a largo plazo, la propuesta es, por el contrario, más que razonable.

Por razones políticas obvias, la modificación se hará de forma progresiva, aumentando cada año en uno, o como mucho dos, los años a tener en cuenta para el cálculo desde los quince actuales, lo que supondría un periodo de entre 10 y 20 años para llegar al cálculo con toda la vida laboral.

Si ésto se lleva a cabo, saldrán perjudicados aquellos futuros pensionistas que hayan cotizado en bases inferiores entre los quince y los nuevos años de cálculo anteriores a su jubilación, y se quedarán igual los que no estén en esa situación.

Por descontado cabe la posibilidad de que el aumento no se lleve a la totalidad de la vida sino a los últimos 20 ó 25 años de la vida laboral, con lo que quedaría margen para nuevos aumentos en crisis venideras. No parece que se vayan a plantear el inicio del cambio hacia el único sistema viable de forma indefinida que es el sistema de capitalización.

¿Será la crisis eminentemente financiera?

Según van pasando los días, cada vez parece más claro que la crisis internacional tiene un acento fundamentalmente financiero. El aumento desmesurado de los precios de las materias primas ha pasado a un segundo término, porque los mercados internacionales son implacables y cuando la oferta supera a la demanda existente a los precios impuestos por los especuladores de los mercados de papel, los mercados físicos se encargan de moderar los precios. El problema inmobiliario no se extiende a la mayoría de los países y en los que la tienen, el nuestro a la cabeza, la intensidad es muy variada.

Sin embargo el problema financiero afecta a todos, seguramente porque los mercados de capitales son los más globalizados y, de la misma manera que las variaciones de la liquidez se transmiten de unos a otros países a la velocidad de la luz, la relajación de las buenas prácticas y el cambio de los modelos de gestión se ha transmitido con gran rapidez.

El gobierno de Estados Unidos ha cogido al toro por los cuernos e intenta, si su Parlamento lo aprueba, zanjar el problema de forma radical, asumiendo la compra de todos los activos de dudoso cobro. El coste de la medida podría variar, en una primera estimación, entre 700.000 y 1.500.000 millones de dólares y, como es obvio, la cantidad que finalmente resulte será pagada por el conjunto de los contribuyentes.

No parece muy equitativo que la mayoría de la población tenga que pagar la factura de los excesos de una minoría que se irá de rositas, cuando no enriquecida de forma escandalosa, pero no es menos cierto que la solución propuesta por el Gobierno USA puede ser la menos mala, desde el punto de vista económico, para el conjunto de la población y no cabe duda que el buen gobierno debe procurar obtener la mejor situación para el conjunto de la población. Sería necesario en consecuencia que el sacrificio de la mayoría debería ir acompañado por un cambio legislativo que impida que en el futuro se puedan repetir actuaciones éticamente inadmisibles sin que los responsables tengan que dar cuenta ante los tribunales y, como mínimo, paguen con su patrimonio el mal realizado.

En cuanto a España, la situación es ciertamente diferente. A nuestro favor tenemos un sistema financiero más solvente, aunque no por ello exento de problemas, y en nuestra contra tenemos la necesidad de seguir obteniendo créditos crecientes del exterior para financiar no sólo los créditos que vencen, sino también el déficit de la balanza de pagos, absolutamente desmesurado, y el desequilibrio de las cuentas públicas.

Con esta situación, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se encuentra con una serie de problemas de difícil solución. Por orden de dificultad estos problemas financieros son:
- La refinanciación de las deudas del sector inmobiliario, con especial gravedad en lo que se refiere a los créditos para la compra de terrenos a precio inasumible por la demanda de pisos que, por tanto, tardarán bastantes años en ser edificados.
- La financiación de la deuda pública en la nueva situación de déficit.
- La financiación de las inversiones productivas del sector privado.

Todo ello en un marco en el que las comunidades autónomas aspiran a aumentar sus ingresos de forma muy relevante y los ayuntamientos siguen considerando que la primera prioridad de las arcas públicas debe ser la cobertura de sus gastos crecientes, incluidos los despilfarros suntuarios a que se han acostumbrado en la época de vacas gordas.

No estaría mal que entre PSOE y PP, más todos los partidos que se quieran sumar a la iniciativa, decidieran coger al toro por los cuernos como están intentado en Estados Unidos, y plantearan una solución global al problema financiero que, desde luego, tendría que partir de un programa de austeridad de las administraciones públicas tan exigente como el que van a tener que hacer, o están haciendo ya, las familias afectadas por el aumento de los tipos de interés y/o por el paro.

En cualquier caso, con toda probabilidad vamos a pasar por una etapa, no corta, de escasez de crédito y, por tanto, de aumento de los tipos de interés, especialmente en comparación con los demás países de la zona euro y a un aumento de la presión fiscal, especialmente en los impuestos y tasas municipales.

Crisis y saneamiento económico

Leo con sorpresa una declaración del ministro Solbes en la que viene a decir que si la recesión sirve para limpiar la economía y remontar la situación, no tiene mayor importancia.

Creo que Solbes es un buen ministro de economía y lo creo por lo que ha hecho durante su trayectoria en los gobiernos de España en que ha participado y también en su etapa como comisario de la UE. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con estas opiniones, que no sé si son de su cosecha o son las recomendaciones de los asesores de imagen del Gobierno.

La teoría económica estudia los ciclos y, por el momento, no se ha encontrado la forma de eliminar las fases de caída de la producción por habitante. Durante décadas, los gobiernos de todo el mundo se han esforzado en diseñar medidas que eliminen, o al menos suavicen, los efectos negativos de las fases bajas del ciclo, y algo habrán aprendido cuando acabamos de terminar la fase expansiva de mayor duración de la economía mundial, que ha durado aproximadamente el doble de lo que era habitual hasta ahora.

Por descontado, este gobierno también intenta hacer lo mismo, aunque probablemente su objetivo real sea intentar que la etapa de crecimiento se inicie antes de que lleguen las próximas elecciones, a fin de tener más posibilidades de continuar en el poder.

Pero un gobierno eficaz, sea del color político que sea, lo que debería perseguir es poner al servicio de la sociedad un marco legal que favorezca el crecimiento sano de la economía, y en nuestro país hay demasiados elementos que favorecen a grupos pequeños de personas, que no suelen coincidir con los más necesitados socialmente, a cambio de perjudicar notablemente la situación económica de la mayoría, no tanto por lo que quitan injustamente a los demás, sino porque impiden un mayor crecimiento de la renta global.

La declaración del ministro Solbes es equivalente en economía a la impensable declaración de un responsable de la sanidad que ante una epidemia grave dijera que si la epidemia sirve para limpiar a la sociedad de los individuos más débiles y disponer después de una sociedad con individuos más fuertes, la epidemia no tendría mayor importancia.

Tanto en un caso como el otro, la única política admisible es la que tenga la doble vertiente de minimizar los daños de la mala situación y de sentar las bases para que en el futuro no se puedan producir situaciones similares o, al menos, que si se producen sus consecuencias sean más suaves.

Sigo dando mi notable al ministro Solbes por sus medidas económicas pero un suspenso sin paliativos por sus declaraciones, que espero que no se reflejen después en sus actuaciones de gobierno.