Según van pasando los días, cada vez parece más claro que la crisis internacional tiene un acento fundamentalmente financiero. El aumento desmesurado de los precios de las materias primas ha pasado a un segundo término, porque los mercados internacionales son implacables y cuando la oferta supera a la demanda existente a los precios impuestos por los especuladores de los mercados de papel, los mercados físicos se encargan de moderar los precios. El problema inmobiliario no se extiende a la mayoría de los países y en los que la tienen, el nuestro a la cabeza, la intensidad es muy variada.
Sin embargo el problema financiero afecta a todos, seguramente porque los mercados de capitales son los más globalizados y, de la misma manera que las variaciones de la liquidez se transmiten de unos a otros países a la velocidad de la luz, la relajación de las buenas prácticas y el cambio de los modelos de gestión se ha transmitido con gran rapidez.
El gobierno de Estados Unidos ha cogido al toro por los cuernos e intenta, si su Parlamento lo aprueba, zanjar el problema de forma radical, asumiendo la compra de todos los activos de dudoso cobro. El coste de la medida podría variar, en una primera estimación, entre 700.000 y 1.500.000 millones de dólares y, como es obvio, la cantidad que finalmente resulte será pagada por el conjunto de los contribuyentes.
No parece muy equitativo que la mayoría de la población tenga que pagar la factura de los excesos de una minoría que se irá de rositas, cuando no enriquecida de forma escandalosa, pero no es menos cierto que la solución propuesta por el Gobierno USA puede ser la menos mala, desde el punto de vista económico, para el conjunto de la población y no cabe duda que el buen gobierno debe procurar obtener la mejor situación para el conjunto de la población. Sería necesario en consecuencia que el sacrificio de la mayoría debería ir acompañado por un cambio legislativo que impida que en el futuro se puedan repetir actuaciones éticamente inadmisibles sin que los responsables tengan que dar cuenta ante los tribunales y, como mínimo, paguen con su patrimonio el mal realizado.
En cuanto a España, la situación es ciertamente diferente. A nuestro favor tenemos un sistema financiero más solvente, aunque no por ello exento de problemas, y en nuestra contra tenemos la necesidad de seguir obteniendo créditos crecientes del exterior para financiar no sólo los créditos que vencen, sino también el déficit de la balanza de pagos, absolutamente desmesurado, y el desequilibrio de las cuentas públicas.
Con esta situación, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se encuentra con una serie de problemas de difícil solución. Por orden de dificultad estos problemas financieros son:
- La refinanciación de las deudas del sector inmobiliario, con especial gravedad en lo que se refiere a los créditos para la compra de terrenos a precio inasumible por la demanda de pisos que, por tanto, tardarán bastantes años en ser edificados.
- La financiación de la deuda pública en la nueva situación de déficit.
- La financiación de las inversiones productivas del sector privado.
Todo ello en un marco en el que las comunidades autónomas aspiran a aumentar sus ingresos de forma muy relevante y los ayuntamientos siguen considerando que la primera prioridad de las arcas públicas debe ser la cobertura de sus gastos crecientes, incluidos los despilfarros suntuarios a que se han acostumbrado en la época de vacas gordas.
No estaría mal que entre PSOE y PP, más todos los partidos que se quieran sumar a la iniciativa, decidieran coger al toro por los cuernos como están intentado en Estados Unidos, y plantearan una solución global al problema financiero que, desde luego, tendría que partir de un programa de austeridad de las administraciones públicas tan exigente como el que van a tener que hacer, o están haciendo ya, las familias afectadas por el aumento de los tipos de interés y/o por el paro.
Sin embargo el problema financiero afecta a todos, seguramente porque los mercados de capitales son los más globalizados y, de la misma manera que las variaciones de la liquidez se transmiten de unos a otros países a la velocidad de la luz, la relajación de las buenas prácticas y el cambio de los modelos de gestión se ha transmitido con gran rapidez.
El gobierno de Estados Unidos ha cogido al toro por los cuernos e intenta, si su Parlamento lo aprueba, zanjar el problema de forma radical, asumiendo la compra de todos los activos de dudoso cobro. El coste de la medida podría variar, en una primera estimación, entre 700.000 y 1.500.000 millones de dólares y, como es obvio, la cantidad que finalmente resulte será pagada por el conjunto de los contribuyentes.
No parece muy equitativo que la mayoría de la población tenga que pagar la factura de los excesos de una minoría que se irá de rositas, cuando no enriquecida de forma escandalosa, pero no es menos cierto que la solución propuesta por el Gobierno USA puede ser la menos mala, desde el punto de vista económico, para el conjunto de la población y no cabe duda que el buen gobierno debe procurar obtener la mejor situación para el conjunto de la población. Sería necesario en consecuencia que el sacrificio de la mayoría debería ir acompañado por un cambio legislativo que impida que en el futuro se puedan repetir actuaciones éticamente inadmisibles sin que los responsables tengan que dar cuenta ante los tribunales y, como mínimo, paguen con su patrimonio el mal realizado.
En cuanto a España, la situación es ciertamente diferente. A nuestro favor tenemos un sistema financiero más solvente, aunque no por ello exento de problemas, y en nuestra contra tenemos la necesidad de seguir obteniendo créditos crecientes del exterior para financiar no sólo los créditos que vencen, sino también el déficit de la balanza de pagos, absolutamente desmesurado, y el desequilibrio de las cuentas públicas.
Con esta situación, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se encuentra con una serie de problemas de difícil solución. Por orden de dificultad estos problemas financieros son:
- La refinanciación de las deudas del sector inmobiliario, con especial gravedad en lo que se refiere a los créditos para la compra de terrenos a precio inasumible por la demanda de pisos que, por tanto, tardarán bastantes años en ser edificados.
- La financiación de la deuda pública en la nueva situación de déficit.
- La financiación de las inversiones productivas del sector privado.
Todo ello en un marco en el que las comunidades autónomas aspiran a aumentar sus ingresos de forma muy relevante y los ayuntamientos siguen considerando que la primera prioridad de las arcas públicas debe ser la cobertura de sus gastos crecientes, incluidos los despilfarros suntuarios a que se han acostumbrado en la época de vacas gordas.
No estaría mal que entre PSOE y PP, más todos los partidos que se quieran sumar a la iniciativa, decidieran coger al toro por los cuernos como están intentado en Estados Unidos, y plantearan una solución global al problema financiero que, desde luego, tendría que partir de un programa de austeridad de las administraciones públicas tan exigente como el que van a tener que hacer, o están haciendo ya, las familias afectadas por el aumento de los tipos de interés y/o por el paro.
En cualquier caso, con toda probabilidad vamos a pasar por una etapa, no corta, de escasez de crédito y, por tanto, de aumento de los tipos de interés, especialmente en comparación con los demás países de la zona euro y a un aumento de la presión fiscal, especialmente en los impuestos y tasas municipales.
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